"Las mujeres somos importantes en la construcción de paz"

Esta es la historia de la líder Yolanda Perea, quien cree que en la resistencia de la mujer y en su poder de resilencia está la clave para dejar atrás el conflicto. 

“La mujer ha sido la más afectada en esta guerra. Es el botín, es a la que violan, la que pare los hijos que se llevan”. Yolanda Perea se queda en silencio y suspira.

Es una afrocolombiana de 30 años. Alta, robusta y llena de energía. Con una mirada profunda y una sonrisa radiante que, mientras habla, transforma con facilidad en un gesto grave. 

“Yo ya aprendí a relatar esta historia sin llorar”, dice con el acento inconfundible de la gente del pacífico. “Y lo sigo haciendo para recordar las razones por las que sigo trabajando por las víctimas”.

Entonces empieza a recordar. Tenía 11 años y vivía con su familia en la finca de su abuelo, ubicada en la vereda La Pava del municipio de Riosucio (Chocó). Era una familia numerosa, compuesta por su madre, sus abuelos, sus hermanos, tíos y primos.

“Un día los adultos salieron de fiesta y yo me quede en la casa con mi abuelito y mis cuatro hermanos. En el transcurso del día un guerrillero se acercó a pedir datos de nuestro ganado. Le mostré la información, la leyó, la revisó y aparentemente se fue. Pero en la noche regresó y abusó de mí”.

Se escondió en el lugar en donde guardaban la comida de los animales llorando y llena de sangre hasta que su mamá la encontró entrada la noche. “Yo le conté todo y ahí mismo ella me cargó, me llevó a donde mi abuelita, que me puso una inyección para la infección, y se fue a reclamarle al comandante de las Farc en la zona”.

El reclamo les salió caro. Días después, mientras toda la familia cenaba, ocho hombres armados asesinaron a su mamá. Eso los obligó a salir desplazados. Dejando la finca, el ganado y la tierra.

“Duramos unos dos años rodando de aquí para allá. Llegamos a Pabarandó (Antioquia) con otros desplazados. Allá incluso fue el presidente Samper, que prometió mucho y no cumplió nada. Luego estuvimos en Truandó (Chocó), a media hora de la finca, pero yo empecé a sentir que me estaban siguiendo varios hombres. Eso me convenció de que tenía que irme”.

Con ayuda de la Cruz Roja llegó a Apartadó en 1999. Allá se casó y tuvo una hija, pero las cosas no salieron como esperaba. “Luego de mi primer embarazo, cuando intentaba estar con mi esposo, veía al tipo que me había violado. Era un conflicto terrible”.

Su matrimonio finalmente terminó, pero ella no se dejó amilanar. Acabó la primaria, comenzó el bachillerato y por intermedio de una amiga asistió por primera vez a una reunión de víctimas del conflicto armado, atraída por los ofrecimientos de vivienda.

“Comencé a ir a las reuniones, me conseguí un trabajo de medio tiempo como empleada en una casa de familia y era voluntaria en una fundación. Con las donaciones que sobraban ayudaba a las víctimas de Riosucio”, cuenta.

Pero eso la puso nuevamente en el radar.

En 2011, mientras estaba en una reunión con líderes de víctimas en Medellín, recibió la primera amenaza telefónica. “Me dijeron que estaba ayudando gente que no había pedido mi ayuda y que recordara que me podía pasar lo mismo que le pasó a mi mamá”.

Siguieron muchas amenazas más. La Cruz Roja, nuevamente,  le ayudó a establecerse en Medellín con su hija, pero la falta de trabajo la llevó a una crisis.  

“En la Ruta Pacífica de Mujeres me dijeron que yo necesitaba un psicólogo. Así que me llevaron donde una que me escuchó por media hora. Después, ya supe que lo que yo quería era crear mi propia fundación”.

Así nació la Corporación Afrocolombiana el Puerto de mi Tierra con la que hoy ayuda a las personas de Riosucio y sobre todo a las mujeres de la región.

Cuando creyó que lo había vivido todo, un episodio con un desmovilizado en 2012 le demostró que ya había pasado la página.  El hombre escuchó su historia, le confesó llorando que él había pertenecido a la guerrilla y le dijo que había violado a muchas niñas.

“Yo le di la mano y le dije que estuviera tranquilo, que teníamos que pensar en un nuevo mañana en el cual teníamos que trabajar para que estas cosas no volvieran a pasar”. Nunca más lo volvió a ver.

Ahora hace parte de la Mesa Nacional de Víctimas, un mecanismo creado por la Ley 1448 para organizar los movimientos de víctimas del conflicto armado. Por ese motivo, las amenazas se han recrudecido.

Pero ella no pierde la buena energía y mientras sonríe con ironía, muestra un chaleco antibalas y un número para casos de emergencia. “Me dieron esto, pero siguen estudiando si me pueden dar escolta”, dice.