Reconciliación tiene que traducirse en acciones, dicen autoridades locales.


Los gobernadores de Cundinamarca,  Álvaro Cruz; del Cauca, Temístocles Ortega; el secretario de gobierno de Nariño, Jaime Armando Rodríguez; y el alcalde de la capital vallecaucana, Rodrigo Guerrero, como anfitrión del segundo gran encuentro del proyecto Reconciliación Colombia, plantearon este miércoles los retos de las regiones que aún con presencia del conflicto armado están planteándose retos en el campo de la reconciliación.

Al participar en el primer panel del encuentro entre las regiones Pacífico – Centro, los mandatarios locales coincidieron en varios temas: la paz tiene un componente simbólico, pero esta también tiene que ser de acción. La paz no depende solo de La Habana, pues si bien esta es deseable, se construye también en los territorios. El Estado colombiano es centralista y si se quiere un país distinto esto debe cambiar. Las regiones sufren el conflicto, pero sus habitantes trabajan por superar las condiciones que esta situación conlleva. La reconciliación implica trabajar con políticas efectivas que enfrenten la exclusión y la marginalidad de grandes sectores de la población.  El problema de la tierra y su propiedad sigue ahí. La empresa privada tiene un papel fundamental por su liderazgo y recursos.

El encuentro es parte de la iniciativa Reconciliación Colombia, como plataforma de la sociedad civil (empresa privada,  gobernantes locales y regionales y organizaciones sociales), que busca propiciar el diálogo en torno a la necesaria reconciliación del país.

El primero en hablar en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, perímetro urbano de Cali, que Usted puede seguir vía streaming en www.reconciliacioncolombia.com/home/streaming, Rodrigo Guerrero, alcalde de Cali, dijo que estamos en una región donde el conflicto ha sido fuerte y todavía existe, pero que el debate no puede esperar, pues las regiones son las que implementan las políticas.

Al referirse a este proceso de reconciliación,  insistió que este no es un acto mágico de pintar palomas en las paredes, o situarse una cinta verde en la solapa del vestido. “El simbolismo es importante si se acompaña de acciones concretas”, dijo y explicó que al realizar un acto de contrición el país debe reconocer las raíces del conflicto, donde están latentes los problemas de la tenencia de la tierra, de la productividad del campo y de mercados asegurados para los cultivos lícitos de los campesinos.

“La confesión de boca es importante, pero expresemos esto públicamente más allá de un comunicado, Expresémoslo con políticas de tierras, de inclusión social. Esa es la mejor forma de expresar que estamos comprometidos con la reconciliación”, dijo.
 
 
Cundinamarca y el reto de Soacha

Por su parte, Álvaro Cruz, gobernador de Cundinamarca, dijo que hoy su departamento ha superado los niveles de inseguridad a los que estaba sometido y que luego de encontrarse con 66 de 116 municipios de su departamento en los que no se podía atender desde las cabeceras,  y de hacer presencia 16 frentes guerrilleros y de dos estructuras paramilitares, Cundinamarca logró desactivar la estructura guerrillera y paramilitar en la región. “Es el segundo departamento más seguro del país, después de Amazonas”, dijo Cruz al auditorio, al insistir en que “la paz tiene que ser de acción no puede ser solamente simbólica”.

También dijo que al fortalecer la gobernabilidad se debe pensar en, por ejemplo, las 3.900 juntas de acción comunal que hay en su departamento y en fortalecer la institucionalidad desde las alcaldías, con voto de confianza, seguimiento y control a través de veedurías para luchar contra la corrupción.

Dijo que en su departamento tiene retos grandes como Soacha, pues, “mientras en Cundinamarca el promedio es de 15 homicidios por 100 mil habitantes, Soacha registra 40 homicidios por 100 mil habitantes. “Soacha es el país, tenemos un gran conflicto en los sectores urbanos y eso esta afectando a la ciudadanía”, comentó, al referirse a que Soacha recibe el mayor número de personas en condición de desplazamientos en el país.
 
Nariño ya comenzó

Mientras tanto, el secretario de gobierno de Nariño, Jaime Armando Rodríguez, comentó que a pesar de ser un departamento considerado en la periferia, “Nariño está bastante avanzado en la agenda de paz y de conflicto que tiene un componente de reconciliación”, comentó y dijo que la gobernación aspira a concluir este proceso de registro en junio próximo, cuando será instalada una mesa departamental de paz, como ruta hacia delante para Nariño “con acuerdos o no de La Habana”, al recalcar que “la reconciliación es más que un tema entre víctimas y victimarios. Es necesario reconciliar al país”.

Y al hablar de este tema, fue vehemente al insistir en que esta ha sido una nación centralista que dejó en la periferia a buena parte de sus regiones.
Comentó que, por fortuna, para su departamento,  ha habido una continuidad de cuatro gobernantes que han orientado al departamento por la línea del desarrollo humano sostenible, inclusión, combate a la corrupción y fortalecimiento de la presencia estatal local, lo que los ha blindado de caer en manos del narcotráfico y paramilitarismo.
 
Cauca, empoderamiento de su ciudadanía

Por su parte, Temístocles Ortega, gobernador del Cauca, dijo que desde su administración se ha rescatado el valor de la movilización social, macartizada por muchos otros sectores de la sociedad Colombia. “Partimos del hecho de que en el Cauca, como el país hay indígenas, hay afrodescendientes, hay campesinos y hay muchos pobres y que existen y tienen derechos y han aprendido a que tienen derechos y los ejercen”, comentó al insistir en que el Cauca está comprometido en que los habitantes de su departamento ejerzan sus históricas reivindicaciones.

“A nosotros nos gusta y patrocinamos eso y creemos que de esta manera estamos contribuyendo a darle la voz a quienes hace muchísimo tiempo no la tienen”.

Y ahí Ortega le dio una responsabilidad al Estado y a los gremios.  “El Estado tiene que entender que hay regiones y tiene que entender que uno de los problemas de este país es que es exageradamente centralista”, dijo y agregó: “La reconciliación cuesta y eso debe salir de los que más tienen. ¡Necesitamos de mucha grandeza de la clase dirigente para que se entienda que el tema recae sobre sus hombros, que desde allí se puede implementar una política de impuestos que genere las grandes transformaciones que el país necesita”.

Estas fueron las intervenciones de mandatarios de buena parte de territorios donde ha nacido el conflicto. Un llamado a reformas profundas que reconozcan la región y “se entienda que hay muchísima exclusión, y no solucionarlo puede llevar a hablar de Reconciliación en retórica”, como dijo el mandatario caucano.

Mesa redonda panel de autoridades

Al terminar las intervenciones del panel, más de 50 organizaciones de todos los sectores comenzaron a debatir acerca del papel del Estado en la construcción de paz. Ana Teresa Bernal habló del trabajo en Bogotá. La ciudad tiene más de 500.000 víctimas y en el año 2013, recibió 3.697 nuevas, e invertirá 314.206 millones de pesos para ellas en el 2014. Contó que sólo tienen 35 abogados que acompañan a las víctimas de manera legal y destacó el centro de memoria histórica local.

Además, llamó la atención porque las cifras de victimización y desapariciones forzadas (93.165 personas), demuestran que el conflicto sigue su curso. “Sin embargo hay cuellos de botella. No hay una sola hectárea de oferta de tierras por parte del Incoder, el tema de la vivienda y el acceso al empleo y a los proyectos productivos ha sido un fracaso total en la implementación de la ley”, dijo.

De acuerdo estuvo la Hermana Alba Stella Barreto, directora de la Fundación Paz y Bien, quien trabaja con pandilleros del distrito de Aguablanca, en Cali (VER ENLACE). Ella explicó que la ciudad de Cali no ha podido darle respuesta a la población campesina que ha llegado desplazada a la ciudad.

Puso el ejemplo de varias familias reubicadas en el distrito más violento de Cali que reciben una casa gratis. “Las ciudades no son el espacio para que estas familias tengan buena calidad de vida. Ellos necesitan gallinas o marranos, porque así pueden tener recursos, pero en las ciudades no pueden encontrarlo”, e invitó a que las autoridades piensen en una nueva política  para recibir y tratar a campesinos desplazados.

Por otro lado, se habló de cambiar el papel del Estado para crear una institucionalidad que apoye la reconciliación. Fabio Cardozo, asesor de la Gobernación del Valle del Cauca, dijo que uno de los papeles del Estado es el de entender que no es posible seguir haciendo la paz con el actual modelo de desarrollo colombiano.

Algo parecido dijo Maria Teresa Arizabaleta, coordinadora de la Ruta Pacífica de Mujeres en el Valle del Cauca, quien volvió a poner sobre el papel los problemas del centralismo en Colombia. “No hay voluntad política para regionalizar al país”.

Paula Monroy, Directora de la de la Fundación para la reconciliación, conto que adicionalmente se necesitaba crear a nivel institucional una pedagogía para enseñar a construir la paz. En ese sentido, Guillermo Céspedes, Secretario de Educación de la Alcaldía de Popayán, presentó uno de los procesos que están adelantando en los colegios de la capital del Cauca, enseñándole a los niños sobre memoria histórica.

Otra de las conclusiones fue la importancia de empoderar a la comunidad y de tener en cuenta a las autoridades comunitarias. Guillermo Cespedes, fundador de la Asociación de Paz del Occidente de Boyacá, puso el ejemplo de los concejos municipales de paz en esa parte del departamento, en donde los habitantes y las víctimas se sientan a hablar sobre las políticas de paz con sus gobernantes.

La asociación de cabildos indígenas ACIN creó desde hace 10 años el programa regreso a casa, para aceptar a los desmovilizados de grupos armados que sean de esa comunidad. También han impulsado la mesa interétnica para que campesinos, indígenas y afrocolombianos, puedan hablar sobre su futuro.

Feliciano Valencia, representante de esa comunidad pidió que los medios de comunicación visibilicen las problemáticas en las regiones. “Nosotros queremos conocer la verdad y saber quienes han sido los autores materiales e intelectuales de asesinatos, masacres y saqueos de personas que pasan por encima de nuestra comunidad. La verdad es un elemento esencial para iniciar procesos de reconciliación”, dijo.