Acciones Reconciliadoras

Corte de cuentas a justicia y paz desde la perspectiva de reconciliación

Dentro de poco los colombianos tendrán que aprender a convivir con personas que cometieron crímenes atroces y que tras su juzgamiento a la luz de la ley especial de Justicia y Paz (975 de 2005) salen a las calles por pena cumplida (ocho años como máximo). ¿La sociedad está preparada para recibirlos en un ambiente de reconciliación? Esa fue una de las preguntas que buscó responder el foro convocado por la revista Semana y la Fiscalía General de la Nación, este martes.
 
Este año es clave porque es alta la probabilidad de que más de 200 exparamilitares acusados de cometer los peores crímenes salgan libres a las calles por haber cumplido el tiempo de pena alternativa establecido en la Ley 975 de 2005. Y si bien la llamada Ley de Justicia y Paz representó un avance en materia de justicia transicional, aún queda mucho por hacer. Esa fue una de las conclusiones del foro de este miércoles organizado por la revista Semana y la Fiscalía General de la Nación.
 
Se concluyó que aunque luego de promulgada la ley, el país pensó que la justicia podía juzgar todos los crímenes, que habría condena para todos los culpables y que habría reparación integral para todas las víctimas, la magnitud y la complejidad del fenómeno paramilitar limitó rápidamente estas expectativas y el Estado, junto con su aparato de Justicia, tuvo que reconocer que este tema desbordaba sus capacidades por lo que había que optar por una estrategia diferente.
 
Por eso en el 2012 se reformó la ley y se introdujo el criterio de priorización para darle prelación a algunos casos. Hoy la idea es investigar y juzgar a los 16 máximos responsables de los crímenes más atroces y así agilizar la justicia.

Las conclusiones de cara a la reconciliación

Esta salida parte del reconocimiento de que las expectativas fueron demasiado altas, pues se les dijo a las víctimas que iban a obtener verdad, justicia y reparación y evidentemente esto no ha sucedido ni va a suceder, entre otras, porque los mandos bajos o rasos no van a ser judicializados. Así quedó planteado en la Ley. Además, para agilizar los procesos penales, se eliminó la etapa de reparación a las víctimas. Ahora deben ir por la vía administrativa para obtener una reparación, lo cual hace el camino más largo y engorroso para quienes han sido afectados directamente por los hechos violentos. “Es bastante cuestionable agilizar el proceso sacrificando la reparación”, comentó en el foro Andreas Forer, director del proyecto ProFis de la agencia alemana GIZ.
 
Por eso, entre las lecciones que deja la Ley de Justicia y Paz está el hecho de que no se puede prometer todo lo divino y lo humano. La sociedad tiene que saber que en un conflicto de esta magnitud no todos los culpables van a ser condenados, ni todas las víctimas reparadas de forma integral. Esa es una de las conclusiones de la reflexión de este miércoles: es una verdad dura de tragar, pero necesaria de asimilar si se quiere pensar en un escenario posconflicto viable. “No se pueden desbordar las expectativas de las víctimas” – dijo José Leonidas Bustos, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Igualmente, la directora de la Unidad de Víctimas resaltó que “las víctimas no aguantan más promesas incumplidas (…) hay ciertas promesas que no se cumplieron, de las que ya aprendimos como Estado. No podemos volver a fallarles”.  Hay que pensar en medios alternativos diferentes a la justicia ordinaria mediante los cuales las víctimas puedan acceder a la verdad y la reparación. Iniciativas como el Centro Nacional de Memoria Histórica son muy útiles para estos fines y pueden ayudar a cimentar el camino hacia la reconciliación.
 
En segundo lugar,  si bien la Ley de Justicia y Paz introdujo penas alternativas para incentivar la desmovilización de los paramilitares, no se ha hecho casi ningún esfuerzo por resocializar a quienes se desmovilizaron. Muchos de ellos ya llevaban 8 años en prisión y no han podido acceder a los programas de resocialización porque aún no están condenados. Como se dijo, algunos podrían salir este año. María Camila Moreno, del Centro Internacional de Justicia Transicional, comentó en este sentido que “cuando salgan vamos a estar improvisando, hasta ahora se están empezando a preparar para reintegrarse. No ha habido programas de resocialización y ahí hay un gran problema”. Por su parte, el vicefiscal Jorge Perdomo también admitió que una de las grandes fallas dentro del proceso de Justicia y Paz ha sido la resocialización, al decir que no le cabe duda  de que “falta una política de resocialización clara”.
 
Y es que este asunto también es de gran importancia para el proceso de las víctimas  frente a la reconciliación ya que si no hay un proceso de resocialización claro y eficiente, el sentimiento de desconfianza frente a quienes se reintegran a la sociedad puede ser inmenso. Según Mayerlis Angarita, líder “Narrar para vivir” -una fundación de 840 mujeres víctimas del conflicto sufrido en los Montes de María-, “la víctimas no estamos cerradas frente al tema de la reconciliación, pero tiene que haber una ruta clara. (…) no ha habido un proceso se reincorporación psicosocial ” y eso es un falla. “La reconciliación va a ser la prueba de fuego de la ley”, dijo Francisco Ricaurte, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, quien agregó que el Estado tiene que “cuidar mucho a estas personas que se reintegren”, pues es indudable que será un aprendizaje para la implementación de los acuerdos de La Habana, si estos se llegan a dar.
 
El foro evidenció que el proceso de implementación ha sido complejo y que, más que resultados y condenas, lo que deja son lecciones. Un punto a favor es que se le ha dado visibilidad a las víctimas. Ocho años después es claro que “las víctimas deben ser el centro de todo proceso de paz”. Carlos Monge, representante de la Oficina de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, concluyó que el proceso deja “un legado pedagógico importante. No se debe empezar desde cero. Debe haber una seria fase de planificación que procure la participación amplia de las víctimas y de las sociedad. Eso evitaría tener unas expectativas demasiado grandes”.  También, sin duda, se debe trabajar en el aspecto de la resocialización para que las personas que decidieron dejar las armas puedan reintegrase de forma exitosa a la sociedad.