Guardianes de la paz en la tierra de las esmeraldas

Hace 20 años una disputa entre 12 pueblos por una mina de esmeraldas amenazó la paz del occidente de Boyacá. Un pacto fue decisivo para recuperar la concordia entre la población.

Por María Mercedes Abad
Comunicadora Redprodepaz
Fotos: Erick Morales

 
Monseñor Juan Felipe Sánchez espera en la Sala de la Reconciliación de la Curia de Chiquinquirá, la misma donde varias veces se han encontrado los esmeralderos de Boyacá, que han llegado ahí buscando saldar las disputas que tienen entre sí “por chismes, envidias, lucha por la explotación de minas o por ambición de dinero y de poder territorial”, explica el obispo. Allí se han sentado los Murcia y los Molina, dos familias de esmeralderos que hoy están en pleno conflicto luego del atentado a alias Pedro Orejas, en noviembre en el que murió su hijo Pedro Simón y otras cuatro personas.
 
De manera silenciosa, pero constante, monseñor presta sus oficios de mediación entre las dos familias. “Nos hemos reunido con cada una para hacerles un llamado al diálogo y la reconciliación. Escuchamos las versiones de cada uno y los llamamos al perdón”. En esto lo acompaña el anterior obispo de la Diócesis, monseñor Héctor Gutiérrez, pues ambos lideran la Comisión de Paz y Convivencia, creada en noviembre de 2013, junto con otras cuatro formadas para dar soluciones a los problemas de Boyacá: la comisión de inversión social, la mesa empresarial, la mesa de seguridad y la mesa de justicia.
 
Monseñor Sánchez explica que están esperando a que ‘bajen los ánimos’ para intentar sentar en la sala de la reconciliación a los Murcia y los Molina, y así, en menos de dos meses, reunir a los líderes de las siete familias esmeralderas que actualmente manejan el negocio del oro verde en Boyacá. “Aquí deben entrar sin armas, dispuestos a dialogar, a decirse la verdad, aunque no estén de acuerdo, pero al menos logramos que se encuentren y se vean a la cara”, enfatiza.
 
No es esta la primera experiencia de reconciliación que presencia Boyacá. A finales de los noventa, la degradación de las disputas entre los municipios del occidente por la explotación de las minas de Coscuez cobraba muchas vidas. El conflicto había generado peleas y enfrentamientos entre 12 pueblos que buscaban el control de la mina: Otanche, Borbur, Muzo, Quípama, La Victoria, Coper, Pauna, Briceño, Tonungua, Maripí, Buenavista y Caldas. Ante esa situación, monseñor Álvaro Jarro decidió tomar cartas en el asunto.
 
Las víctimas se contaban por decenas: “Era tan terrible que usted podía ser el barrendero de un pueblo, y no podía pisar los pueblos enemigos porque se la cobraban”, cuenta Gabriel Parra, alcalde de Otanche en aquella época. “Hubo un día en que en Otanche tuvimos 26 muertos y 18 heridos”, recalca.
 
Luego de seis años de guerra entre vecinos, se inició un proceso de reconciliación entre los esmeralderos, que aceptaron reunirse en Quípama. Después de una negociación, el 12 de julio de 1990 firmaron un pacto por la paz en el que se comprometieron “al cese inmediato de toda agresión física o moral entre todos los habitantes de la región”. Para velar por el cumplimiento de lo pactado, se creó el Comité de Paz del Occidente de Boyacá. Poco a poco, las relaciones entre los pueblos empezaron a restablecerse, y volvieron a ser la provincia de occidente de Boyacá. Pero ya las heridas de muchos estaban abiertas.
 
Gabriel Parra Benítez, tres veces alcalde de Otanche y firmante del Pacto por la Paz, fue víctima de la guerra verde. Entre 1988 y 1990 fueron asesinados sus dos hermanos menores y cuatro primos. Además, los sufragios y amenazas eran constantes. “Más de una vez le pusieron precio a mi cabeza en aquel entonces”. Al final de su último periodo como alcalde, Parra y su familia viajaron a Estados Unidos, donde él limpió baños, atendió mesas y en las noches estudiaba. Allá se acabó su matrimonio. Todo esto lo hizo pensar en la validez del proceso. “Cuando me fui tenía muchas cargas que me llevaron a pensar en la venganza, pero no lo hice porque había firmado ese pacto y debía respetar el honor de la palabra empeñada”.
 
Diez años después regresó a Colombia siendo especialista en democracia y participación, y decidió trabajar por la paz y el desarrollo de Boyacá. Por eso, en marzo de 2012 participó en la Asamblea del Comité de Paz creado en 1990, al que se le cambió el nombre por Asopaz por Boyacá, entidad en la que es vicepresidente y director ejecutivo, y monseñor Sánchez presidente. “Mi principal motivación es que ninguna persona vuelva a vivir el dolor que yo viví”, afirma Parra.
 
Además de esta iniciativa, en diciembre de 2012 crearon la Corporación Boyacá se Atreve por la Paz, cuya principal misión es lograr que la cooperación financie un laboratorio de Paz para la región. “Estamos armando redes para sumar esfuerzos, porque sabemos que si solo el 1 por ciento de las familias explotan la riqueza de Boyacá mientras el 99 por ciento se muere de hambre, la violencia no va a parar. Queremos ser ejemplo de construcción de paz en el posconflicto”, asegura el obispo.
 
Por su parte, Gabriel Parra está convencido de que el Pacto de 1990 ha salvado muchas vidas, y que ese acuerdo, que él cree es un ejemplo de reconciliación para el país, sigue vigente a pesar de las disputas entre esmeralderos. “Hoy lo que existen son peleas entre cuatro familias, pero en Boyacá vivimos 300.000 almas que queremos paz”.