'En el resguardo no se necesita plata para comer'

Una veintena de familias de la etnia emberá katío han regresado a sus tierras enclavadas en las montañas del occidente de Chocó. El destierro quedó en el pasado.

Por Juan Miguel Álvarez
Publicado en la edición número 1 de la revista Reconciliación Colombia
Fotos: Federico Ríos


Milba Arce no está segura de su edad. Sus amigas le calculan unos 50 años. De lo que sí está segura es que no quiere vivir otra vez en una urbe; mucho menos si vuelve a ser víctima del desplazamiento forzado.
 
A mediados de 2011, junto con una veintena de familias, ella con su marido y sus hijos debieron huir del resguardo La Puria a Medellín. Los primeros días durmieron entre cartones y harapos debajo de los puentes. Luego, en una habitación de hostal de Niquitao, zona de tráfico de drogas y prostitución a la luz del día. Para ganar dinero, las mujeres que sabían se dedicaron a tejer manillas, aretes y collares de chaquiras; las que no, mendigaban de esquina en esquina. Sus esposos, entre tanto, eran vendedores ambulantes de refrescos congelados. En poco tiempo, fue habitual ver mamás indígenas con sus hijos de la mano o con sus bebés atados a la espalda pidiendo monedas en semáforos de sectores exclusivos.
 
Con el paso de las horas en la calle, los hijos se fueron enfermando y la gente de la ciudad se fue cansando de darles monedas. Entre el hambre y la enfermedad, apareció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para llevarse a los niños. Así que, avisadas, siempre que veían un vehículo o una persona con los distintivos del instituto las mamás arrancaban a correr con sus hijos entre brazos. En una de esas, Milba saltó a la avenida sin fijarse en el tráfico y una moto la arrolló. Abrió los ojos en una cama de hospital.
        
La Puria hace parte del Carmen del Atrato, municipio chocoano a cinco horas de Medellín. Para llegar a la casa de estos emberá katío hay que tomar la vía hacia Quibdó y en el sector de El Once –a dos horas del Carmen– continuar a pie o a lomo de mula durante tres horas por un sendero de desfiladeros y puentes colgantes que bordean la margen derecha del cañón del río Grande.
 
En los años ochenta, esas montañas fueron territorio del ELN. Más tarde asomaron las Farc y una disidencia del ELN llamada Ejército Revolucionario Guevarista (ERG). Apenas iniciada la década de 2000, a la violencia guerrillera se sumó la de los paramilitares y los operativos del Ejército.
 
Luis Eduardo Arce, fiscal de La Puria, recuerda que en ese año empezaron los primeros desplazamientos forzados. “Hubo amenazas y torturas. Algunos compañeros huyeron hacia tierras cercanas a Quibdó. Ya en 2002, los paramilitares mataron a uno de nosotros, Leonel Arce”.
 
A finales de esa década, las Farc minaron zonas que patrullaba el Ejército, entre ellas casi todas las tierras sembradas del resguardo. Los indígenas no pudieron volver a los cultivos y perdieron las cosechas y las semillas. Al cabo de los días, un soldado cayó muerto en una mina antipersona. “Ahí decidimos irnos para Medellín –dice Luis Eduardo Arce–. Estábamos aguantando hambre y teníamos terror a los operativos militares luego de la muerte del soldado”.
 
En 2010, al menos un tercio de las 100 familias emberá katío de La Puria eran víctimas de desplazamiento forzado. A mediados de 2011, ese tercio pasó a ser más de la mitad tras la salida de la veintena de familias entre las que se contaba la de Milba Arce. “Nos desplazamos –explica Alfonso Querágama, representante de la organización Asokatío– porque una noche llegó la guerrilla pidiendo que les pasáramos información de los movimientos del Ejército. Les dijimos que no. Entonces, amenazaron de muerte a siete líderes comunitarios para que nos fuéramos y poder ellos controlar a la comunidad”.
 
“Entre 2009 y 2011, la ciudad recibió un promedio anual de 21.000 desplazados”, dice Luz Patricia Correa, directora de la Unidad Municipal de Atención y Reparación a víctimas del conflicto armado, de la Alcaldía de Medellín. “La magnitud del problema nos obligó a crear una política pública que además de atender a los desplazados los reparara y les ayudara a restablecer sus derechos”.
 
A ojos de Correa no bastaba ayudarles con mercados y techo, pues la estrategia debía tener en cuenta el retorno a su lugar de procedencia. “Y no se trataba de llevarlos al resguardo y olvidarse de ellos”, agrega Julia Marín Bedoya, antropóloga y funcionaria de la Unidad, ya que se debía garantizar que las condiciones de vida en su lugar de procedencia fueran mejores que las que tenían en el momento del desplazamiento.
 
Cuando la mayoría de las familias de La Puria amontonadas en los hostales de Niquitao pidieron retornar, la Alcaldía de Medellín puso manos a la obra: realizaron talleres con la comunidad desplazada y con sus amigos y familiares que no habían salido del resguardo; y sostuvieron encuentros y llegaron a acuerdos con las autoridades del Chocó. Al tiempo y con la invitación a la guardia indígena del resguardo, gestionaron el concepto de seguridad –por ley, obligatorio para un retorno– con los altos mandos de la Brigada XV del Ejército.
 
A partir de marzo de 2013, los indígenas emprendieron su camino de regreso. “Este caso ha sido el más representativo de los apoyados por la Unidad –explica Marín Bedoya–. Esta comunidad no le creía al Estado y nos tocó empezar por ganarnos su confianza. El territorio de procedencia era en otro departamento, con la dificultad adicional de llegar hasta él y exigía invertir recursos fuera de Medellín”.
 
A Milba le quedó un dolor en el antebrazo derecho luego del accidente, pero vive tranquila al saber que sus días en Medellín ya son parte del pasado. “Los paisas no nos trataban mal –dice–, pero en la ciudad se sufría mucho, uno extrañaba la casa. En cambio acá en el resguardo no se necesita plata para comer”.