Acciones Reconciliadoras

El sur, asfixiado por la guerra

Para cientos de miles de colombianos en el suroccidente del país el impacto del conflicto armado es una realidad apabullante.

Por Álvaro Sierra Restrepo
Publicado en la segunda edición de la revista Reconciliación Colombia
Foto: Luis Ángel Murcia


Una de las grandes paradojas de Colombia es que mientras parte del país vive como si el conflicto armado no existiera, en algunas regiones la guerra domina la vida. Uno de los casos emblemáticos de esta contradicción es el suroccidente del país. Mientras Bogotá o Barranquilla consideran al conflicto una lejana anomalía que apenas asoma en las noticias de la noche, zonas enteras de los departamentos de Nariño, Cauca y Valle se cuentan –desde hace años– figuran entre los lugares más peligrosos del mundo.
 
De Tumaco a Buenaventura, en la costa Pacífica; del cañón de Garrapatas, en el norte del Valle, a Toribío y Jambaló, en el territorio indígena del norte del Cauca; hasta Ricaurte y Barbacoas, en el piedemonte nariñense, o Piamonte, al otro lado del Macizo Colombiano, donde la bota caucana cae al Putumayo, una vasta zona de Colombia, en la que habitan casi 8 millones de personas, vive asolada por grupos armados de todas las afiliaciones que pasan de frágiles alianzas a enfrentamientos sanguinarios al vaivén de las necesidades del tráfico de cocaína y la evolución de la confrontación armada entre la guerrilla y el Estado.
 
Grupos como el de los Urabeños, o el de herederos de los Rastrojos agrupados bajo el apelativo algo insólito de ‘La Empresa’, una nutrida lista de frentes de las Farc, que van del sexto, en el norte del Cauca, al 29, en el sur de Nariño, y algunos frentes menores del ELN, se disputan o comparten el control de territorios y poblaciones a los que todos aterrorizan mediante las más degradadas prácticas de violencia.
 
Por estos días, Buenaventura ha estado –otra vez– en el centro de atención por una serie de asesinatos horrendos que provocaron el pasado 19 de febrero una de las manifestaciones de protesta más grandes que ha visto el puerto en su historia. La guerra entre grupos herederos de los paramilitares por el control de las zonas de la ciudad más aprovechables para el tráfico de cocaína tiene a Buenaventura sumida en una oleada de violencia que no amaina desde octubre de 2012. En lo que va de año la ciudad ha sufrido 54 homicidios. La situación es tal que más de 4.000 negocios planean cerrar sus puertas el 11 de marzo bajo el lema ‘Buenaventura no aguanta más’.
 
Para el puerto eso no es nuevo. Buenaventura ostenta el triste campeonato de ser la ciudad con más desplazados por la violencia en Colombia. Unas 125.000 personas, más de un tercio de su población, ha huido desde que, hacia fines de los años noventa, el Pacífico se volvió uno de los epicentros del conflicto armado. Por su parte, Cali ha visto dispararse la tasa de homicidios en los últimos años. Junto a lugares como Tuluá, la violencia ligada a las disputas entre grupos sucesores de los paramilitares y al microtráfico hace de las suyas. Otros municipios del Valle ostentan algunas de las tasas de homicidios más altas del país.

 
 
Más al sur, las cosas son tristemente similares. Desde que el Plan Colombia desplazó el cultivo de coca del Putumayo, Nariño se volvió epicentro. Pese a que en los años del presidente Uribe en el departamento se fumigaron más de 200.000 hectáreas y se erradicaron otras 70.000, según datos del último censo satelital de Naciones Unidas, Tumaco, con 5.000 hectáreas, sigue siendo el municipio con más coca sembrada en Colombia (y su tasa de 130 homicidios por 100.000 habitantes es más de tres veces el promedio nacional). Y el segundo y el tercer lugar en el país lo ocupan El Tambo, Cauca, y Barbacoas, Nariño. Entre los tres tienen el 18 por ciento del área cultivada. Pese a que hubo una reducción significativa, la Región Pacífica, con casi 19.000 hectáreas es la que más coca tiene en Colombia. El Cauca se ha convertido en un centro de producción de nuevas especias de marihuana, que se cultivan en invernaderos y son altamente productivas.
 
Si la producción y el tráfico de drogas ilícitas marcan la región desde el norte del Valle hasta el río Mira, en la frontera con Ecuador, es el conflicto armado, en parte alimentado por ese negocio, el que ha dejado cicatrices indelebles por todo el suroccidente. Valle, Cauca y Nariño suman casi 900.000 de los 6 millones de víctimas que se han registrado para ser indemnizadas en Colombia. Es decir, casi una de cada seis víctimas del conflicto armado se ha causado en el suroccidente. Y muchas de ellas lo han sido en los últimos dos o tres años.
 
Esto ocurre porque en el sur del Valle, partes del Cauca y buena parte de Nariño es donde está teniendo lugar la confrontación más dura entre las Farc y el Ejército. En los dos departamentos hay tres de las nueve fuerzas de tarea que han creado los militares y al menos media docena de las más activas estructuras de esa guerrilla, agrupadas bajo el Comando Conjunto de Occidente, la fuerza militar más activa de las Farc.
 
Solo en Nariño, entre 2000 y 2012, hubo casi 1.300 acciones de la guerrilla (más de 100 por año, en promedio) y 840 combates por iniciativa de la fuerza pública, según un reciente estudio de la Fundación Paz y Reconciliación, que lidera el analista León Valencia. El departamento tiene uno de los números más altos de víctimas de minas antipersona. Y en la lista de los municipios más afectados por acciones de la guerrilla figuran en un lugar prominente, desde hace varios años, lugares como Argelia, Cajibío, Piendamó y Toribío, en el Cauca; Tumaco, Ipiales y Ricaurte, en Nariño, y Pradera, en el Valle. Víctima de varias masacres, cercado por campos minados y bajo la férula totalitaria de las Farc, el pueblo indígena awá se ha vuelto un símbolo dramático de los devastadores efectos del conflicto.
 
La realidad de la guerra asfixia al suroccidente. Sin embargo, el apabullante peso del conflicto armado en la vida cotidiana, ha llevado a muchas comunidades a ingeniar toda suerte de formas de resistir a su impacto.
 
En el norte del Cauca, la poderosa organización indígena, que se opone a la presencia de todos los actores armados en la región, ha generado suspicacias entre los militares pero sin ella la guerra habría arrasado con ese pueblo. Sus planes de vida, la forma como se organizan para protegerse en caso de combates o emergencias, con lugares de concentración previamente designados, y, en especial, la guardia indígena, que ganó un Premio Nacional de Paz, han desempeñado un papel fundamental en la preservación del territorio de los nasa.
 
Hay experiencias como la del desminado en Samaniego, Nariño, mediante la cual la comunidad convenció al ELN de despejar sus caminos de esos mortíferos artefactos. La corporación Vallenpaz ha promovido cientos de proyectos para ayudar a campesinos en zonas de conflicto en el Valle y el Cauca a encontrar alternativas de economías viables. En Ortega, en la cordillera Occidental en el Cauca, hay un proceso de reintegración colectiva de excombatientes, el de las peculiares autodefensas campesinas de esa zona, que se armaron para defenderse de las Farc se desmovilizaron hace casi una década y ahora tratan de construir una sociedad pacífica al margen del conflicto.
 
En Nariño, promovido por el gobierno departamental, la Iglesia y el Pnud, está en marcha el proceso de organizar y discutir masivamente una agenda de paz para preparar al departamento para el posconflicto. El 19 de marzo esta se lanzará oficialmente y se aspira a conformar una Mesa Departamental de Paz que lidere el proceso hacia el mes de junio.
 
Estas y muchas otras iniciativas que han tenido lugar en una región asolada por la confrontación armada y la violencia ligada al tráfico de drogas muestran el potencial que existe en la sociedad para resistir a los efectos de la guerra. Resistencia no es lo mismo que reconciliación y, en medio de semejante confrontación, hablar de reconciliación suena a fantasía. Pero esas experiencias muestran que existen la energía y la organización para hacerlo, no bien se pacte el fin del conflicto armado.