Acciones Reconciliadoras

El perdón es una decisión personal, pero debe tener de fondo un trabajo institucional

Luego de la exposición de los gobernadores de Bolívar y del Meta y del secretario del Interior del Atlántico, una mesa redonda -compuesta por más de 60 representantes de organizaciones sociales, empresas y otras autoridades locales portavoces de los departamentos del Caribe y de la Orinoquia- debatió cuál debe ser el papel de los gobernantes en la reconciliación.

La discusión se dio en el marco den tercer encuentro regional de Reconciliación Colombia, una iniciativa de la sociedad civil, integrada por 40 aliados entre empresarios, organizaciones sociales, cooperantes internacionales y medios de comunicación nacionales y regionales. 

“Ambas regiones (Caribe y Orinoquia) tienen condiciones estratégicas importantes para el futuro del país, pero a la vez, tienen muchos retos y realidades complejas por las que toca trabajar”, dijo Alejandro Santos, director de la Revista Semana y encargado de moderar el debate.

Aunque existen similitudes  entre estas dos regiones -e incluso entre sus subregiones- hay diferencias históricas, culturales y sociales. A partir de esa realidad giraron varias de las reflexiones de las personas que intervinieron en la discusión. “Si yo quiero construir paz tengo que pensar en cómo piensa el negro, como piensa el joven, como piensa el indígena”, dijo Kelly Kiroz, directora de la red de personeros y personeras de Cesar.

Con ella estuvo de acuerdo Rosalba Jiménez, representante de la etnia indígena Sikuani, asentada en varios resguardos a lo largo del Meta, Casanare, Vichada, Arauca y Guainía, y quien participa del proyecto Visión Regional Llanos Orientales. Rosalba quiere que las comunidades indígenas se unan para resistir y trabajar por una sola visión de país. “La reconciliación es reconocer las diferencias. Colombia está compuesta por diferentes culturas y grupos y eso hace parte de la reconciliación”.

Luis Amado, director de la Pastoral Social del Suroriente, que cubre el 40 por ciento de la plataforma continental del país, dijo que es importante reconocer las peticiones de cada comunidad. En esta región hay más de 10 etnias diferentes.

Por esa razón muchos pidieron, como sucedió en los dos encuentros anteriores, que el proceso de reconciliación se haga de manera territorial, dependiendo del contexto de cada región, y que de ahí fluya hacia Bogotá y no al revés.

En Montería, por ejemplo, el mayor problema en este momento son las bandas criminales en las zonas rurales, que se han convertido en corredores de tráfico de drogas y que reclutan niños para esta actividad violenta e ilegal. “En la Alcaldía hemos diseñado programas y entregado apoyos en esas zonas para que los niños y las mujeres tengan oportunidades”, contó Belia Bedoya, asesora de Derechos Humanos de la institución. Pero evidentemente se necesita más para persuadir a estas poblaciones.

Islena Rey, representante del Comité Cívico de Derechos Humanos en el Meta, dijo, sin embargo, que aunque hay trabajo en las comunidades y regiones, el Congreso no tiene políticas claras para el tema de la reconciliación. “Este es un tema político, que debe tener un respaldo nacional. El Congreso no tiene la voluntad, las víctimas no tenemos acceso a la justicia, y no se está cumpliendo el principio de la no repetición”. Esta vocera cree que se debe hacer un trabajo en el ámbito nacional e incluir en este a los medios de comunicación, pues su actual lenguaje que incita a los odios y al sesgo –señaló-  no invita a la reconciliación.

Sí se puede

En lugares como la vereda de Mesetas, periferia de Villavicencio (Meta), las autoridades comunitarias ya han adelantado por sí mismas acciones de reconciliación con personas desmovilizadas.

“Cuando nos ofrecieron que los reinsertados nos ayudaran en las labores comunitarias, tuvimos una confrontación interna muy fuerte”, contó Sandra Gutiérrez, presidenta de la Junta de Acción Comunitaria de la vereda. “Pero lo aceptamos, y la llegada de ellos fue una bendición porque, sin buscarlo, se generó un proceso. Incluso había personas que me habían mantenido en cautiverio, pero logramos hacer actos de reconciliación. El perdón es una decisión, no un sentimiento espontáneo que se da por sí solo”.

Alba Lucía Varela, directora de Fundehumac, en el Magdalena, una organización que trabaja por los derechos de las víctimas en el Magdalena, tuvo una apreciación similar. “La reconciliación empieza por cada uno. O nos perdonamos o seguimos por el camino del odio y la violencia”, dijo.

Esta decisión, consideraron los gobernadores Alán Jara, del Meta, y Juan Carlos Gossaín, de Bolívar, debe ser acompañada por la presencia de las instituciones nacionales y regionales en los territorios.