¿Qué esperar de una comisión de la verdad?

La posibilidad de instaurar una Comisión de la Verdad ha sido planteada por Gobierno y Farc en las conversaciones de La Habana, para operar después de que hayan concluido las negociaciones de paz. ¿Puede este mecanismo contribuir a la reconciliación? ¿Lo ha hecho en los países que han sufrido un conflicto armado? Reconciliación Colombia hace un repaso de lo que ha sucedido en el mundo con este instrumento.

Argentina documentó  8.961 desapariciones y 500 menores a los que les cambiaron sus padres

Este año el informe ‘Nunca más’ de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de las Personas (CONADEP) cumple su aniversario número 30. En su momento, esta comisión representó uno de los mayores logros del primer gobierno elegido democráticamente en ese país, tras el período de siete años de dictadura y luego de su trabajo se convirtió en un referente para los procesos de justicia transicional y reconciliación en el mundo.La CONADEP funcionó desde el 15 de diciembre de 1983 hasta el 20 de septiembre de 1984 y fue dirigida por el escritor Ernesto Sábato, quien afirmó haber “descendido a los infiernos” durante la experiencia. 

A pesar de la presión militar sobre el gobierno de Raúl Alfonsín y de que la comisión no tenía capacidad para juzgar, esta logró recoger declaraciones, indagar en los archivos judiciales e instalaciones militares y luego de nueve meses de pesquisas entregó un informe final que detalló miles de desapariciones y cientos de centros de detención. En total documentó 8.961 desaparecidos, 380 centros de detención y 500 menores arrancados de los brazos de sus padres. Los resultados permitieron enjuiciar a militares y civiles responsables de las atrocidades cometidas durante la dictadura.

Esta Comisión situó la búsqueda de la memoria y la justicia reparativa en el centro de la transición argentina hacia la democracia.

Sudáfrica propicio audiencias abiertas y públicas 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación liderada por el arzobispo Desmond Tute dio un uso condicional a la amnistía dependiendo de los detalles que brindaran los victimarios en relación con hechos violentos sucedidos entre marzo de 1960 y mayo de 1994. De esta forma, la comisión buscó establecer la suerte de las víctimas, restaurando la dignidad humana y civil de las mismas tras el régimen opresivo del Apartheid. Dado el enorme volumen de posibles testimonios, este tribunal se enfocó en 3.500 víctimas, una muestra representativa que cubrió todo el país y recibió más de 20.000 declaraciones en sesiones de carácter abierto y públicas que fueron sistematizadas y categorizadas para la elaboración del informe.

La Comisión fue investida de poderes casi judiciales con capacidad de citación a tribunales y poder de decisión sobre el futuro de los sindicados. Muchos victimarios confesaron sus crímenes ante las cámaras de la televisión nacional, con lo que los sudafricanos enfrentaron colectivamente su pasado.

El Salvador logró la tarea a medias

Los acuerdos de paz entre el frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  y el gobierno salvadoreño pactaron la creación de una Comisión de la Verdad que se encargara de investigar los abusos cometidos durante doce años de guerra civil.

Conformada el 27 de abril de 1991, entró a investigar los graves hechos de violencia ocurridos desde 1980, que incluyeron decenas de miles de asesinatos políticos, desapariciones y masacres a gran escala. Se estima que 1,4% de la población de El Salvador fue asesinada durante esos años.

Liderada por el expresidente Belisario Betancur, y financiada y administrada por la ONU, la comisión contó con un equipo interdisciplinario de 67 miembros permanentes, ninguno de ellos de origen salvadoreño, por razones de objetividad. Durante ocho meses, este equipo asumió la investigación de 32 casos, escogidos por su impacto social, el tipo y el número de víctimas o su repercusión internacional. El número de casos de violaciones a los derechos humanos se estima en 80.000. 

La comisión logró esclarecer decenas de casos, señalando a 40 altos miembros de las fuerzas armadas (con complicidad del poder judicial) como perpetradores de atrocidades. También formuló una serie de recomendaciones sobre el papel que habrían de cumplir los militares en el posconflicto, reformas democráticas y cambios en el sistema judicial.

Las reparaciones materiales y simbólicas, que incluyen compensaciones económicas, ceremonias públicas de desagravio a las víctimas y la creación de un feriado nacional en su nombre, no se llevaron a cabo. Cinco días después de publicado el informe, una ley general de amnistía fue promulgada por el presidente Alfredo Cristiani, impidiendo cualquier acción legal contra los perpetradores de abusos a los derechos humanos. 

Ruanda combinó justicia punitiva con restaurativa

Este abril se cumplen 20 años del genocidio en Ruanda de la minoría tutsi a manos de la etnia mayoritaria hutu.  Casi un millón de Tutsi (80% de su población) y hutus moderados fueron asesinados en el curso de 100 días.

En noviembre de 1994, la ONU estableció el Tribunal Criminal Internacional para Ruanda encargado de juzgar a 93 altos responsables del genocidio, 65 de los cuales fueron declarados culpables. En 1998, el tribunal impuso condena a prisión perpetua por el crimen de genocidio a Jean Kambanda, jefe de gobierno durante los cien  días del genocidio. La Comisión también adelantó juicio contra destacados miembros de la prensa oficial hutu por movilizar las pasiones de la población contra la población tutsi. Ferdinand Nahimana y Jean Bosco Barayaqwiza, de Radio Télévision Libre des Mille Collines, y Hassan Nqeze del diario Kangur, fueron condenados a más de 30 años de prisión.

Dado el tamaño de la tarea y ante la realidad de miles de acusados en espera de juicio, la Comisión  se apoyó en el trabajo complementario de las cortes Gacaca, espacios de justicia tradicional tribal y comunitaria en el que se dieron casos de reconciliación entre hutus y tutsi.

Este tribunal localizado en Arusha (Tanzania)  se encuentra aún activo, cuenta con 16 miembros permanentes y nueve provisionales. Tiene jurisdicción para tratar crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, todos definidos como violatorios del Protocolo II de la convención de Ginebra. Se espera que para finales de 2014 concluya su trabajo.

Comunidad internacional se decidió por justicia punitiva para la antigua ex-Yugoslavia

Al final de la guerra que devastó la región de los Balcanes, la comunidad que formaba la ex-Yugoslavia estaba quebrada en cinco estados nacionales: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Serbia-Montenegro y Macedonia. Con este contexto, la comisión no tuvo como finalidad la reconstrucción de los lazos sociales, sino el juzgamiento de delitos de lesa humanidad.

En mayo de 1993, la resolución 827 del Consejo de Seguridad de la ONU estableció el Tribunal Internacional de La Haya, que ha llevado a juicio a los principales perpetradores de la violencia entre 1992 y 1995, el 96.80% de nacionalidad Serbia, estableciendo la máxima pena de cadena perpetua. El Tribunal aún se encuentra activo y espera terminar su período de apelaciones en 2015 teniendo como mandato hallar responsabilidades penales y criminales de los perpetradores.

Dado que la mayoría de los acusados han sido arrestados o se han presentado ante esta instancia, el Tribunal ha logrado juzgar desde bajos mandos militares, hasta los máximos responsables de la violencia, incluyendo al propio expresidente Slobodan Milosevic, el primer Jefe de Estado procesado por crímenes de guerra. Otros acusados de alto nivel son el dirigente Radovan Karadžić y Ratko Mladić, comandante del ejército Serbio en Bosnia. 

Paralelamente al trabajo de este tribunal, las antiguas naciones que componían Yugoslavia han adelantado esfuerzos de reconciliación mediante comisiones internas. Entre 2002 y 2003, con la caída del poder de Slobodan Milosevic, el nuevo presidente serbio Vojislav Kostunica creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación para Serbia y Montenegro con el objetivo de investigar crímenes cometidos entre 1980 y 2000. La comisión no elaboró ningún reporte porque fue desmontada en 2003 por falta de acuerdo en aspectos esenciales, falta de voluntad política y escaso apoyo de la sociedad civil. Asímismo, en Bosnia-Herzegovina y Croacia han iniciado el camino para la creación de sus propias comisiones de la verdad y tribunales de justicia reparativa, pero en esos países también ha habido dificultades políticas para decidirse por enfrentar el pasado a través de este mecanismo.