De desmovilizado a abogado de las víctimas

Miguel Solano estudió derecho después de dejar las filas de las Autodefensas y ahora asesora a víctimas del conflicto para resarcir, en parte, el daño que causó.

Foto: Agencia Colombiana para la Reintegración.
 
La vida tiene sus paradojas. Y pareciera querer mostrarlo de abulto en la vida de Miguel Solano, un nortesantandereano de 46 años que de niño soñó con ser policía, pero terminó atrapado en las temibles redes de los paramilitares para luego salirse de sus filas, estudiar derecho y hoy ejercer como abogado de las víctimas.
 
De Chinácota, Norte de Santander, a los 24 años se enroló en Villavicencio en la Escuela de Carabineros, para volver a su tierra natal como miembro de la división de contraguerrilla de Cúcuta, de donde se retiró tras ver morir a un compañero en medio de uno de los asaltos guerrilleros a Teorama. Corría el año de 1992.

Anduvo itinerante por varias regiones del país empleándose como profesor de primaria, como taxista, como vendedor. No reparaba en el oficio que le saliera a diario para responder por su familia y por avanzar en sus estudios de derecho, lo que abandonó.
 
Llegó a las filas paramilitares a través de un amigo suyo en tiempos de la Escuela de Carabineros y con quien se reencontró cuando ambos habían abandonado la actividad policial. En abril de 2002 ‘Titi’, como apodaba a su amigo, lo reclutó para las filas ilegales al convencerlo de las ventajas de este oficio criminal. El ‘sueldo’ o mesada era bueno, y como cualquier trabajo rutinario tenía entre 15 y 20 días de vacaciones para visitar a la familia. Además, ganaba por comisión, solo que en las filas de la ilegalidad, esta entraba por cuenta de los decomisos de coca que lograra registrar, lo que le representaba para el bolsillo entre dos y tres millones de pesos.
 
Así llegó a prestar su experiencia, ahora del lado de los ilegales, en el llamado bloque sur del Putumayo, para lo cual se presentó en Puerto Asís. “Yo ya conocía la guerra, pero la conocía del otro lado, del lado que defiende la vida, no del que atenta contra ella”, explica Miguel.
 
Se embarcó en esta aventura como escolta de su amigo Titi, quien le prometió interceder para que le dieran funciones políticas y así evitarse el monte. A los veinte días de estar en Puerto Asís, los jefes paras lo mandaron al campamento de formación en La Hormiga, municipio azotado por la violencia paramilitar, donde se le encargó resolver, a su manera, los conflictos surgidos con la comunidad.
 
Allá mi labor era trabajar la parte psicológica de la guerra en los muchachos. Enseñarles que el comunismo no servía. Mostrarles lo malo del enemigo, e imponer castigos.”
 
Un nuevo comienzo

En 2006, luego de casi cuatro años de estar en las autodefensas, surgió la opción de desmovilizarse. Las conversaciones de Ralito entre la administración de Álvaro Uribe y los jefes de las autodefensas llevaron a los bloques paramilitares a dejar las armas e iniciar el proceso de reinserción.
 
En febrero de ese año el bloque de Miguel se replegó y unos 700 paramilitares del Putumayo iniciaron la ruta hacia la reintegración. Miguel escogió Cúcuta como el lugar donde reconstruiría su vida. Su esposa, que hasta el momento era la única que sabía la verdad, tuvo la esperanza de reconstruir su familia, aunque el temor de la estigmatización.
 
El primer trabajo que Miguel consiguió como desmovilizado fue el de obrero,  transición que, según él, le costó. “Yo estaba acostumbrado a no hacer ninguna fuerza ni trabajos pesados en el día y ahora tenía que pasar ocho horas al rayo del sol.” Lo duro de este oficio y la baja remuneración lo motivaron a retomar el sueño refundido de retomar sus estudios de derecho.
 
En enero de 2007 Miguel se inscribió en la Universidad Libre de Cúcuta, presentó el examen y en cuanto lo aceptaron pidió un crédito al Icetex. En febrero comenzó de nuevo la carrera y pasó los siguientes cinco años entre la construcción, los talleres del proceso de reintegración, el estudio y la paternidad.
 
En noviembre de 2012 recibió su diploma y comenzó a litigar. Los primeros casos que asumió fueron demandas de derecho laboral que conseguía a través de allegados. Pero eso solo duró unos meses. El giro que la vida le tenía destinado era mucho más inesperado.
 
En marzo de 2013 la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) lo invitó a participar en Promotores, un programa en el que los desmovilizados que estén o hayan cursado una carrera son empleados como formadores de aquellos que apenas comienzan a reintegrarse. Allí Miguel se enfrentó por primera vez a su mayor miedo: conocer a una víctima del conflicto.
 
El primer acercamiento lo tuvo con Marta, una mujer a la que alias El Iguano, el jefe paramilitar más temido en Norte de Santander hoy sometido a Justicia y Paz, le mató al esposo. Ella al igual que Miguel había sido invitada a un programa radial de la Policía en el que víctimas y exvictimarios enviaban mensajes de reconciliación a los alzados en armas para que se desmovilizaran. “Su reacción fue más que buena”, recuerda Miguel.
 
Marta había perdonado hacía algunos meses a alias El Iguano y, por ende, veía con tranquilidad la posibilidad de relacionarse con desmovilizados. En su encuentro ambos dejaron atrás los estigmas y rencores de la guerra, reconocieron lo humano del otro, y encontraron que tenían algo en común: el deseo de sanar el dolor de aquellos que habían sufrido a manos de los actores armados. Miguel desde su experiencia como victimario y Marta como doliente.
 
Desde entonces Marta ha sido la principal promotora de Miguel. Lo ha recomendado con varias víctimas para que lleve sus casos, la mayoría enfocados hacia el reconocimiento de estas dentro del registro único de víctimas. En ese grupo de ‘referidas’ estaba Mariluz, otra víctima de alias El Iguano a la que Miguel asesora desde el año pasado y que ella misma define como “una persona que merece una segunda oportunidad.”
 
En el último año no solo ha asistido a las víctimas en sus procesos jurídicos sino también a los participantes de la Ruta hacia la Reintegración. Durante su paso por la ACR se dio cuenta de que muchos de los reintegrados fueron reclutados siendo menores de edad y que, por ende, en algunos casos tienen derecho a la reparación. Hasta el momento lleva los casos de 14 reinsertados que fueron reclutados forzosamente, unos 5 de víctimas que son familiares de los reinsertados, y el resto de víctimas directas de los actores armados. En total tiene 28 procesos a cargo. Los procesos aún no han concluido pero a finales del año pasado logró que los muchachos que presentaron demandas por reclutamiento ilícito fueran reconocidos como tal.
 
Con el capital semilla que la ACR le dio y otras ayudas que espera recibir planea inaugurar su oficina a mediados de mayo y continuar resarciendo el daño que causó. “A pesar de haber hecho algunos actos de bondad no puedo engañarme. Estoy consciente de que hice mucho daño y tengo que resarcir el dolor que causé”, dice.