"Yo al menos puedo contar el cuento"

Tres de sus cuatro hijos fueron asesinados. Acosado por guerrilleros y paramilitares, tuvo que desplazarse. Hoy vive con la ilusión de volver a su finca y sembrarla para que produzca alimentos.

Publicada en la cuarta edición de la revista Reconciliación Colombia
Foto: Federico Ríos.

 
El hijo mayor de don Rafael Lizcano fue asesinado en junio de 2012. Tenía 40 años y se dedicaba a atender una fonda de billares en los bajos de la casa familiar. “Rafaelito era el alma del negocio –dice su padre, herido por el recuerdo–. Era un militar retirado que había combatido a la guerrilla en San Vicente del Chucurí. Y me lo vino a matar un desgraciado con seis tiros de 7.65 por la espalda…”.
 
Diez años atrás, septiembre de 2002, el hijo menor de don Rafael llamado Miguel Ángel había corrido la misma suerte: también exmilitar de tropas acantonadas en la región del Catatumbo, cayó asesinado mientras laboraba como conductor y escolta de una líder comunitaria en una masacre cometida por paramilitares en la vereda El Mestizo, del municipio de Zulia –a unas tres horas de Cúcuta–.
 
Y como si el paso de una década marcara la muerte en su familia, en junio de 1993 asesinaron al segundo de sus cuatro hijos, llamado Luis Alberto, un día antes de cumplir 20 años y el único que no hizo carrera militar. Hoy le queda vivo un hijo, Armando, de 37 años, retirado de las Fuerzas Especiales del Ejército y dedicado al comercio fronterizo. “De todos los golpes que me ha dado la vida –dice don Rafael, con la voz quebrada–, la muerte de mis tres hijos ha sido lo más duro. Me hubieran matado a mí. Yo ya había vivido”.
 
Nacido en 1938, en el municipio de Sardinata –80 kilómetros al noroccidente de Cúcuta–, don Rafael Lizcano ha sido un hombre del campo. Conocedor de todas las técnicas agropecuarias de las tierras del Catatumbo, llegó a la región siendo un niño de 7 años que iba de la mano de su padre. Los Lizcano fueron de las primeras familias que colonizaron el corregimiento de Campo Dos, del municipio de Tibú, en Norte de Santander.
 
Durante gran parte del siglo XX esta región permaneció protegida por la distancia y relativamente ajena de la violencia política que desangraba la mayoría de las zonas andinas de Colombia. Mantenía un intercambio comercial provechoso con Venezuela cuando el bolívar era una de las monedas más fuertes de América Latina. Y sus habitantes, todos campesinos, se dedicaban a cultivar la tierra y la ganadería.
 
En el Catatumbo irrumpieron primero las guerrillas del EPL y del ELN, a comienzos de la década del ochenta, y más tarde se les sumaron las Farc. Su llegada coincidió con los hallazgos de petróleo y carbón que prometían un cambio en el uso de la tierra con la consecuente entrada de grandes grupos económicos así como de Ecopetrol.
 
 “Los guerrilleros llegaron a lavarles el cerebro a los campesinos –dice don Rafael–. Que los dueños de las fincas eran unos explotadores, que los tenían casi como esclavos”. La situación se agravó en la década del noventa cuando se expandieron los cultivos de hoja de coca y cayó el precio del bolívar. En un lapso de unos cinco años, el Catatumbo dejó de ser una alacena de cítricos, leguminosas y carne para convertirse en una de las regiones con la más alta productividad de coca en el país –luego del Caquetá y Putumayo–. En esa época, las guerrillas señalaron a don Rafael como objetivo de guerra. “Tenía tres hijos en la vida militar y en esta región un campesino no puede tener hijos ni en la Policía ni en el Ejército porque se convierte automáticamente en botín de la guerrilla”.
 
Don Rafael había heredado de su padre una finca de 100 hectáreas en Campo Dos y para esos primeros años de los noventa ya había logrado tenerla en completa producción: con más de 100 cabezas de ganado en seis potreros, un cultivo de cacao que en cada cosecha le dejaba entre 2 y 3 millones de pesos de utilidad, varias decenas de palmas de coco y otro tanto sembrado en cítricos. Así que, tras saberse como objetivo de guerra, a don Rafael no le quedó más opción que salir de la finca aunque sin abandonarla del todo: iba y venía, le daba vueltas, pero dormía con su esposa en su casa de Cúcuta.
 
Pudo regresar por periodos más largos luego de que el Ejército instaló una base temporal en un lote colindante con su finca. “Y ahí el problema fueron los abusos de algunos militares –dice–: me cortaban el agua desviando las mangueras para que les llegara a ellos, entonces me dejaban sin agua para el ganado y para el sustento humano. Los soldados convirtieron en piscinas los estanques para el ganado. El embarcadero del ganado, donde yo lo arrumaba para marcarlo, me lo desarmaron para ellos usar la madera como leña. Tumbaron dos cedros, se llevaban mis herramientas abusivamente: las guadañadoras, la motobomba, las escaleras, todo”. Finalmente, luego de quejarse con un capitán, le devolvieron las herramientas y no volvieron a abusar del equipamiento de su finca.
 
A partir de 1999, el Catatumbo ardió en la guerra. Aquel año aparecieron los paramilitares, el Ejército desmontó la base vecina y Campo Dos y el resto de Tibú quedaron a merced del fuego cruzado. “Fueron épocas terribles –acota–. Las fincas ya estaban casi destruidas por las guerrillas y lo que hicieron los paras fue amenazar, masacrar y desplazar a los dueños. Muchos de ellos ya habían sido víctimas de secuestros y extorsiones”.
 
Una tarde, un joven campesino de la vereda buscó a don Rafael en la finca. Le dijo que llevaba unos días trabajando con los paramilitares. Que estaba a punto de enrolarse completamente e irse monte adentro. Antes, le quería advertir que los paras iban a venir a matarlo. Corría el rumor de que don Rafael tenía dos hermanos guerrilleros. “Yo solo tengo un hermano y no es guerrillero –dice–. Pero le hice caso al muchacho porque sus padres eran amigos míos, yo les había ayudado en momentos difíciles; por eso, ese muchacho, agradecido, quiso evitar que me mataran”.
 
Don Rafael se desplazó definitivamente de Campo Dos hacia Cúcuta diez días después de la masacre en El Mestizo en la que murió su hijo Miguel Ángel. “Desplazado y fracasado –añade–. Perdí los cultivos y me quedé con todas las deudas: a cada santo le quedé debiendo una vela”.
 
Dos años después, 2004, le resultó un comprador para la finca al que solo le vendió la mitad para pagar una deuda. Cincuenta hectáreas por 12 millones de pesos –que hoy pueden valer más de 150 millones–. Estaba acosado y creyó ver una salida. Fue un típico negocio facilitado por la intimidación de los paramilitares: ante la perspectiva de perder toda la tierra por causa de la guerra, muchos dueños vendieron a menos precio con tal de obtener un poco de tranquilidad.
 
“Y no fue suficiente para los que me compraron”, observa don Rafael. Un grupo de hombres armados sin identificarse se metieron a su casa en Cúcuta, lo rodearon mientras le hacían ver las pistolas que llevaban en el cinto. “Que les firmara el traspaso del resto de la finca, que si no iba a cumplir con el negocio, me dijeron”. Don Rafael los enfrentó diciéndoles que estaban cometiendo un error, que el negocio había quedado cerrado, que era a él a quien todavía le debían una parte del dinero. “En un segundo les dije que iba por los papeles de la venta, pero tuve la lucidez de llamar a la Policía. ‘Me van a matar o me van a secuestrar’, dije. La Policía llegó y arrestaron a algunos, otros se fugaron. Gracias a la Policía estoy vivo”.
 
Desde entonces, don Rafael  ha recibido tres asistencias humanitarias como desplazado que se resumen en mercados de 500.000 mil pesos. Y en 2010, fue favorecido como sujeto de reparación en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que involucró a una pequeña parte de las más de 5.000 víctimas de los paramilitares en la región. La sentencia, por demás, ha sido motivo de debate jurídico y su completa ejecución está en un limbo: de un lado, las víctimas agrupadas en la Asociación de Familias Unidas por el Conflicto Armado de Norte de Santander (Asfucans) exigen que el gobierno les cumpla los cantidades de dinero estipuladas en la segunda instancia por la Corte, que obedecen a la ley de Justicia y Paz de 2005. Del otro lado, el gobierno, por medio de la Unidad Nacional de Víctimas, pretende cubrir la reparación, pero sobre los topes de dinero establecidos en la Ley de Víctimas de 2011; topes más pequeños que los primeros.
 
Don Rafael es uno de los cinco líderes de estas víctimas y nunca falta a una reunión o a una cita con las entidades del Estado sin importar algunos quebrantos de salud. Vive con la ilusión de volver a su finca y sembrarla para que produzca alimentos, no aceite combustible. “Todo por acá está lleno de palma africana –dice–. ¿Y qué vamos a comer en el futuro cuando ya nadie quiera sembrar alimentos?”.
 
Cuando se desbarata en llanto al recordar la muerte de sus hijos y la cantidad de deudas que para él hoy son impagables, vuelve a su pasado, mira las fotos de su mamá y de su abuelo; mira la de su papá. Y reafirma que su vida no ha sido en vano, que ha sido un hombre “de bien, trabajador del campo y con espíritu de servicio”.
 
Confía en el Estado y en la fuerza pública, advierte de la necesidad de denunciar, de dejarse ayudar por las instituciones. “Así como hay unos funcionarios que no ayudan mucho, hay otros que sí quieren ayudarnos a nosotros las víctimas”. Sin alegría, pero sin tristeza, siente que le queda la vida: “Yo al menos puedo contar el cuento. La mayoría de mis amigos de la vereda fueron vilmente masacrados”.