Los últimos días de cárcel

Rodrigo Pérez Alzate, excomandante del Bloque Central Bolívar de las AUC, está a punto de recuperar la libertad. Acá habla acerca de su trabajo dentro de la prisión “reclutando personas para la paz” y de las contingencias al aire de la Ley de Justicia y Paz.

Publicada en la edición nacional de Reconciliación Colombia
Foto: Archivo Semana

 
UNO. “Para mí no es un secreto que el proceso de paz con las AUC ha sido atacado severamente, ha tenido enemigos”. El que habla es Rodrigo Pérez Alzate, quien una década atrás cuando era comandante paramilitar se hacía llamar Julián Bolívar. De 51 años, viste camiseta tipo polo color mora en leche, jeans y zapatos de cuero café.  “No es un secreto que las posiciones políticas del señor Álvaro Uribe Vélez, con quien iniciamos las negociaciones —aclara a modo de insistencia—, hicieron que los sectores que se le oponían atacaran el proceso de paz”.
 
Recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí desde mediados de 2006 —meses después de haber firmado su desmovilización y la de sus hombres—, fue conocido como el segundo hombre al mando del Bloque Central Bolívar, detrás de Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, y como el hombre de guerra o comandante militar de la columna vertebral de la confederación AUC.
 
Durante las diligencias de versiones libres a las que se sometió como parte de los acuerdos para hacerse merecedor de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, reconoció haber sido el determinador de 38 masacres en las que murieron unas 120 personas, en los departamentos de Bolívar, Santander, Cesar y Antioquia.
 
“Se ha dicho que hemos ocultado verdades, que hemos mentido, que no hemos reparado a las víctimas —añade antes de lanzar su defensa del proceso—. Pero son posiciones muy subjetivas. Yo, Rodrigo Pérez Alzate, hoy después de 7 años de haber empezado las primeras diligencias de versión libre considero que el proceso de paz ha sido positivo: la cantidad de crímenes que se ha esclarecido es impresionante. Las cifras lo dicen. Procesos que ya habían precluido o dormían el sueño de los justos en los anaqueles de la Fiscalía fueron reactivados. Familiares de víctimas, en un número muy importante, han recibido información de sus desaparecidos, qué pasó con sus seres queridos. También hemos hablado acerca de la realidad política del país y sus vínculos con el paramilitarismo”.
 
La historia de vida que la prensa y el mismo proceso de paz le conocen dice que a mediados de los noventa, siendo comerciante en Yarumal —municipio del centro oriente antioqueño— se agrupó con unos colegas en la Convivir Deyavanc, cuya sigla quiso decir ‘Defensores de Yarumal, Valdivia, Angostura y Campamento’. Más tarde, febrero de 1997, se hizo líder de un grupo paramilitar de 19 hombres conocido como ‘el grupo de Pérez’.
 
A partir de entonces, Pérez Alzate comenzó una vida dentro de los grupos paramilitares que lo llevó a unirse a los hombres bajo el mando de Macaco, en el Bajo Cauca. Por orden de Carlos Castaño, Pérez Alzate ya como Julián Bolívar fue enviado a la región del sur de Bolívar para que les arrebatara el control del territorio a las guerrillas de las Farc y del ELN. Luego de varias masacres, combates e incursiones, Pérez Alzate con sus hombres se asentó en el corregimiento de San Blas, municipio de Simití, y desde allí lanzó la ofensiva contra guerrilleros, cuadros y campesinos de los municipios de Santa Rosa, San Pablo y Cantagallo.
 
Fue en San Blas donde Pérez Alzate estructuró la primera escuela de entrenamiento militar del Bloque Central Bolívar, con capacidad para la instrucción de 300 hombres.
 
De allí pasó a Barrancabermeja y al corregimiento de San Rafael, en el municipio de Lebrija, en Santander, desde donde planeó y determinó una serie de ataques contra varios sindicatos y sus líderes y contra milicias urbanas del ELN.
 
Luego de siete u ocho años inmerso en el conflicto armado, hizo parte de las negociaciones de 2002 en las que los máximos comandantes de las AUC aceptaron entregar las armas y someterse a un proceso de paz dentro de un marco de justicia transicional que se hizo tangible en la Ley 975 de 2005 conocida como Ley de Justicia y Paz.
 
“Para resumir —acota—: la Ley de Justicia y Paz con todos los defectos que tiene ha sido positiva. No hay antecedentes de un proceso de paz en el que los negociadores se hayan ido para la cárcel. En todo el mundo los procesos de paz han sido para evitarle la cárcel y buscarles espacio en la sociedad a aquellos que estuvieron inmersos en un conflicto armado”.
 
Rodrigo Pérez Alzate ha sido uno de los ex altos mandos del paramilitarismo que siempre se había negado a recibir a la prensa para hablar sobre el proceso de paz y sobre los temas de la violencia infligida por las AUC. “Muchas de las personalidades que son generadoras de opinión en medios de comunicación hablan de nuestra desmovilización motivados por sus pasiones y no son objetivos”, dice. Sin embargo, a semanas escasas de lograr su libertad tras haber cumplido la máxima pena de ocho años a la que lo condenó el sistema de justicia transicional, se decidió a recibir a la revista Reconciliación Colombia y contestar algunas preguntas sobre lo que viene para la cantidad de desmovilizados que como él están a punto de obtener la libertad.
 
DOS. El patio número uno o pabellón de Justicia y Paz de la cárcel de Itagüí tiene una cancha múltiple en cemento que también funciona como único espacio al aire libre para los reclusos. Al fondo, contra una pared y dividida por una malla metálica existe un gimnasio con no pocas máquinas y en un espacio no del todo estrecho.
 
Es una mañana de jueves de mediados de mayo y Rodrigo Pérez Alzate preside un encuentro con estudiantes universitarios que fueron invitados por sus profesores a escuchar las historias de vida de varios de los desmovilizados. El acto hace parte de las actividades de socialización y sensibilización que procura la Fundación Aulas de Paz para darse a conocer y darle a entender a la sociedad civil que quienes fueron combatientes en los ejércitos paramilitares fueron sujetos de causas externas que los condicionaron o que los empujaron a ello. La máxima que concluyó Hanna Arendt luego de haber visto en juicio a los responsables nazis del exterminio judío: “Ellos, los asesinos, son iguales a nosotros pero bajo otras circunstancias”.
 
Pérez Alzate, desde un atril, explica el objetivo de la Fundación Aulas de Paz a unas cuarenta personas entre universitarios y reclusos: “Formar a los desmovilizados dentro de las cárceles para que cuando cumplan la pena no regresen a la violencia”. Y agrega que luego de estos años de confesiones de delitos y verse cara a cara con los familiares de quienes fueron sus víctimas le ha servido para “entender el daño que hizo y entender que es necesario cambiar”.
 
Luego de estas palabras se paran uno a uno los desmovilizados que son parte de la fundación y que están ahí para contar su historia. Hubo varios que fueron del Bloque Élmer Cárdenas, otros del Central Bolívar y unos más del Bananero. Finalmente, un exguerrillero del ELN hace el mismo gesto: se para y se presenta. Pérez Alzate, justo, queda a su lado y por esos segundos la imagen es la contraposición más inquietante: la máquina de guerra del Bloque Central Bolívar en el sur de Bolívar y Magdalena Medio había tenido como objetivo principal el aniquilamiento del ELN, y justo en ese momento quien había sido el comandante militar de ese bloque estaba junto a quien años atrás hubiera sido una de sus víctimas inevitables, pero que bajo otras circunstancias ya no lo era más.
 
Por una de las puertas que dan a la cancha se entra a la oficina de Aulas de Paz. En el corredor cuelgan varios de los objetos fabricados artesanalmente por los desmovilizados: mochilas de estilo indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, hamacas y piezas en madera para decoración. En el siguiente recinto hay una mesa redonda apropiada para celebrar reuniones y una biblioteca para nada modesta, abundante en títulos de historia, política, filosofía y literatura. Pérez Alzate dice que es la biblioteca de la fundación. “Antes teníamos una granja agrícola —alega—, pero desde que nos la quitaron lo único que queda por hacer es estudiar”.
 
Hasta el momento la Fundación Aulas de Paz ha llegado a unos 150 desmovilizados a través del diplomado ‘Multiplicadores de paz para actores sociales’. Y aunque puede parecer una suma pequeña en relación con los varios centenares de desmovilizados sometidos a la justicia transicional, no lo es tanto si se tiene en cuenta que ha sido una de las pocas estrategias de reinserción a la vida civil por la que han pasado estos exparamilitares.
 
Ante la salida inminente a la calle de una cantidad de estos hombres, tanto de máximos comandantes de bloques —determinadores de 1.000, 2.000 o 3.000 homicidios—, así como de combatientes de primera línea que acostumbraron su sensibilidad a las formas más aberrantes de asesinato —descuartizamientos, decapitaciones, entre otras— la pregunta por los mecanismos o los programas de reinserción a que tuvieron derecho los desmovilizados se volvió prioritaria. Al respecto, Rodrigo Pérez Alzate dice: “En nuestro proceso no hubo una política seria de reinserción. El desarme no puede resumirse en el conteo de fusiles entregados. ¿Y el fusil que llevamos en la cabeza y en la conciencia? Para entregar ese fusil se necesita un proceso de reinserción serio realizado por un equipo de profesionales”.
 
Sabiendo esto, no es infundado el temor que sienten algunos habitantes de las ciudades al intuir que algunos de estos desmovilizados puedan integrar y fortalecer las bandas de delincuencia organizada; de la misma forma, algunos campesinos que habitan regiones que estuvieron bajo yugo paramilitar temen nuevos episodios de violencia una vez se dejen ver por esos lados quienes recuperen la libertad.
 
¿Habrá exparamilitares que regresarán a las armas? ¿Serán muchos, la mayoría, una minoría? “Considero que no son muchos —dice Pérez Alzate—. De ese universo de desmovilizados que van a salir seguramente habrá algunos que no entendieron este proceso de paz y muchos menos recluidos en la cárcel. Pero dentro de la gente que yo conozco un número muy importante está seguro de que jamás tomará como opción para solucionar un problema la violencia de las armas”.
 
TRES. La Fundación Aulas de Paz es el proyecto a futuro de Rodrigo Pérez Alzate. La honestidad de esta gestión tiene el respaldo de varios agentes de la cooperación internacional que han venido acompañando el proceso de paz con las AUC desde sus primeros días. Sin embargo, muy pocos, por no decir ninguno, de los desmovilizados que recuperarán la libertad prontamente sabe qué será de su vida, dónde vivirá, dónde trabajará y si podrá retornar a sus lugares de origen.
 
“Uno de los primeros desmovilizados que ya quedó en libertad — explicó un abogado que ha seguido el caso— salió con una mano adelante y otra atrás. Sin tener dónde irse a vivir, terminó por pedirle ayuda a quienes conocía de sus días en las AUC y que están en la calle como bandas organizadas. Ahora vive en un hotel de cuenta de ellos”.
 
“Lo que pasó con nuestra desmovilización —explica Pérez Alzate— fue que nadie estimó el tamaño del fenómeno paramilitar: la Fiscalía no estaba preparada para esa cantidad de confesiones y de procesos que necesariamente se tenían que abrir. De hecho se debió sancionar otra ley y un nuevo decreto reglamentario más acordes con lo que era la realidad del paramilitarismo. De la misma forma, el Inpec tampoco estaba preparado para recibir a todos los desmovilizados y ofrecerles programas de ocupación del tiempo y talleres de resocialización y capacitaciones para el trabajo; pero se ha ido adecuando con el tiempo y ha implementado algunas estrategias”.
 
Esas carencias, precisamente, son las que señala como los alicientes que tuvo para darle vida a la fundación. “No quisimos quedarnos esperando a que eso nos llegara del Estado. Mi pregunta fue ¿si yo recluté hombres para la guerra, por qué no puedo reclutar hombres para la paz? Si no hacemos nada por esos muchachos es probable que mañana formen una banda y vuelvan a caer en la misma violencia. Y esa espiral de violencia es la que hay que acabar. Y no hay otra forma de avanzar hacia una cultura de no violencia que la educación”.
 
Ahora, ya al final de esta mañana de jueves y antes de terminar la entrevista con Reconciliación Colombia, vuelve a reafirmar que no se ha quedado en las improvisaciones y las carencias de la Ley de Justicia y Paz, que para él el proceso ha sido positivo. “Desde 1952 conozco 13 o 14 procesos de paz en Colombia —dice—. Muy buenos para los comandantes y los políticos de turno, porque ha habido perdón y olvido, y algunos apoyos económicos. ¿Pero han sido buenos para el país, para esas comunidades que sufrieron el verdadero rigor de la violencia? —pregunta y antes de querer escuchar una respuesta, finaliza—: Si han sido tan buenos, entonces ¿por qué se ha perpetuado el conflicto en Colombia?”.