Unas regiones del país más listas que otras para el posconflicto

Aunque la paz figura en muchos planes de desarrollo, apenas un puñado de regiones se prepara en serio para el posconflicto.
 
Álvaro Sierra Restrepo
Editor jefe de Revista SEMANA
Foto: David Estrada

 
¿Está lista Colombia para el fin del conflicto armado? La respuesta es paradójica: pese a que departamentos y municipios tienen no poca experiencia en desmovilizaciones, reintegración de excombatientes, atención a víctimas, la verdad es que, como a todos los demás colombianos, a alcaldes y gobernadores, muchos de ellos inmersos en la diaria intensidad de la confrontación, les cuesta imaginarse a Colombia en paz y actuar en consecuencia. Sin embargo, hay excepciones.
 
¿Cómo se ve en las regiones la posiblidad de un acuerdo entre las Farc y el gobierno que ponga fin al conflicto? No pocos alcaldes y gobernadores han manifestado al gobierno que, más allá de las circunstancias concretas que reúna tal acuerdo, lo más importante es que este no caiga “como en paracaídas” sobre instituciones y mandatarios locales que tienen ya demasiados problemas sin contar con la posibilidad de atender una nueva desmovilización. El gobierno creó una Red de Alcaldes y Gobernadores por la Paz con el objetivo de mantener informados a los mandatarios sobre los avances de la negociación en La Habana e impulsar la preparación de las regiones para el fin del conflicto.
 
A la hora de evaluar qué tan preparadas están las regiones hay que tomar en cuenta varios elementos. Las regiones tienen experiencia en posconflicto. A partir de 2003, municipios de capacidades tan diversas como Bogotá, Medellín, Apartadó o Montería recibieron a cientos de paramilitares desmovilizados en proceso de reintegración. A muchos otros han llegado guerrilleros que dejaron las filas. Aunque la creación de la Agencia Colombia de Reintegración, en 2006, aligeró las cargas, muchas administraciones locales han sentido que el gobierno nacional les soltó un ‘chicharrón’ para el que no estaban preparadas, no tenían ni presupuesto, ni gente calificada, ni experiencia. No obstante, casi todas respondieron. La Ley de Víctimas y la puesta en pie de la institucionalidad local ha sido otro aprendizaje.
 
Nadie puede decir que las regiones son unas recién llegadas al posconflicto. Pero una cosa es atender excombatientes y víctimas y otra encarar una situación de transición en la que la construcción de paz implica una verdadera revolución en la sociedad. Para esto, Colombia no está lista. Aunque hay algunas excepciones, que muestran caminos.
 
El caso de Nariño es el más notable. Quizá por sufrir a diario el impacto del conflicto, el departamento está embarcado en la construcción de una ‘Agenda de paz’, un plan para discutir con toda la sociedad cómo encara y resuelve los problemas más importantes que tiene en la perspectiva del fin del conflicto armado. Como lo han dicho el gobernador Raúl Delgado y los obispos de Tumaco, Pasto e Ipiales, que lo lideran, es un plan con calendario y contenidos concretos, como el programa ‘Sí se puede’, que involucra un proyecto de sustitución de cultivos ilícitos que ha sido saludado por Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz como un adelanto de lo que se pactó en La Habana en esa materia. La agenda enfatiza el desarrollo rural, la educación, el fortalecimiento de lo público y el diálogo con todos los sectores de la sociedad, entre otros temas. Hacia fines de este año se planea tener instalada una Mesa Departamental de Paz.
 
Antioquia es otro ejemplo. El departamento añadió a su plan de desarrollo el programa ‘Preparémonos para la paz’. Iván Marulanda, a cargo del mismo, explicó su concepción: “El tema de la guerrilla es el más chiquito. El tema central de construir paz es cómo transformar esta sociedad y las realidades de los territorios”. El programa planea inversión en desminado, reintegración de excombatientes, restauración del tejido social, en cambiar la manera de hacer política, generación de empleo y memoria, entre otros.
 
En Cauca el énfasis es en el diálogo entre sectores que, como los indígenas, los afros y los campesinos, han tenido enfrentamientos que han llevado a choques sangrientos. Se han identificado los conflictos más serios, se han promovido diálogos entre indígenas y empresarios del norte del Cauca y se constituyen consejos de paz municipales. En los 29 municipios del Meta hay ‘urnas de la memoria’ y, en Villavicencio y El Castillo, se construyen centros de memoria, que estarán listos en 2015. Cundinamarca adelanta ‘laboratorios de paz municipales’ que implementan iniciativas para la reintegración de excombatientes y se habla de reconciliación.
 
Bogotá no solo tiene una alta consejería con músculo para atender al casi medio millón de víctimas que se han registrado en la capital, liderada por Ana Teresa Bernal, y que maneja siete centros de atención, sino que ha puesto en pie un grupo de abogados que ayudan a las víctimas a presentar sus reclamaciones.
 
Hay municipios en los que, aun sin contar con planes elaborados, el interés por lo que puede venir es inusualmente elevado. Así parece ser en Arauca y Tame, en Arauca, en Aguachica y San Martín, Cesar, en Barrancabermeja, Santander, y en Sonsón, Antioquia, entre otros, que han tenido una alta participación en promover que sus habitantes envíen a La Habana propuestas sobre la negociación. En Tame se hicieron seis encuentros sobre algunos temas en los que el gobierno y las Farc habían llamado a hacer foros nacionales, para hacer propuestas frente a un eventual acuerdo en Cuba.
 
De todas maneras, no son muchos los casos en los que los gobiernos locales están pensando en serio en un país sin conflicto armado. Para los mandatarios locales es una perspectiva lejana y abstracta. A lo cual hay que sumar el cúmulo de debilidades institucionales y presupuestales tan frecuentes a nivel local. Aunque hay otro elemento que debe tenerse en cuenta: si hay un país en el mundo que haya construido toda suerte de iniciativas de paz en medio del conflicto es Colombia.
 
Lo cierto es que la firma de un acuerdo en La Habana podría no tomar más de un año. Para su implementación, es indispensable que las regiones, donde va a aterrizar todo lo que allá se pacte, estén preparadas. El gobierno planea intensificar su actividad en este sentido, pero el tiempo corre y es necesario mucho más para que alcaldes y gobernadores –y todos los colombianos– le den toda la prioridad que demanda la tarea de imaginar cómo va a ser un país en paz.