El oficio periodístico en épocas de transición

Un debate sobre prensa y conflicto promovido en Bogotá a propósito del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –de la Organización de los Estados Americanos- sobre la violencia contra periodistas en el hemisferio dejó entrever el doble reto que tiene la prensa colombiana en el momento actual.

Bibiana Mercado
Editora Proyecto Reconciliación Colombia
 
Por un lado, su papel determinante en facilitar la apropiación de conceptos propios de la justicia transicional, abrir sus fuentes de información, entregar al público los distintos relatos sobre la realidad y, en un futuro, contribuir a masificar la información que se produzca como resultado de una eventual comisión de la verdad.
 
Por otro, si se da la anhelada transición hacia una sociedad que no recurra al uso de las armas para defender las ideas, prepararse para el desafío que puede implicar el aumento del crimen organizado.
 
Las sociedades que han hecho tránsito hacia el posconflicto tras la firma de acuerdos de paz con grupos armados de oposición se han visto enfrentadas a la explosión de grupúsculos que buscan captar las actividades ilegales que dejan de estar monopolizadas por los actores del conflicto o bajo la sombrilla de este.
 
Así, los desafíos de la prensa en Colombia no serían de poca monta si vemos que tendrá que atender varios frentes a la vez:
 
1. Asumir la labor de informar sobre el período de transición estando pendiente la resolución judicial de la mayoría de casos de asesinatos de periodistas, aunque la situación para quienes ejercen este oficio ha mejorado. El informe de la Relatoría afirma que entre 1995 y 2005 habrían sido asesinados 75 periodistas. Y entre 2006 y 2013 se habrían producido 14 asesinatos.
 
2. Masificar los conceptos que incorpora una sociedad en posconflicto como la garantía de NO repetición, aún cuando es la lucha contra la impunidad la que facilita este camino. En este sentido, el informe de la Relatoría dice que “la impunidad genera un fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información son particularmente graves”.
 
3. Trabajar nuevas narrativas que den cabida a una gran amplitud de fuentes y, por ende, a distintas versiones sobre lo sucedido.  “Arraigar las nuevas narrativas implica reflexionar cómo vamos a transmitirles a las nuevas generaciones por qué nos pasó lo que nos pasó”, comentó durante el debate María Camila Moreno, del Instituto de Justicia Transicional, ICTJ.
 
4. También implica para la prensa y sus dueños asumir la responsabilidad que le corresponde en el papel desempeñado en 50 años de conflicto. Y aquí la relatoría resalta las buenas prácticas asumidas por el Hemisferio para enfrentar el crimen organizado. Por ejemplo, dice el informe, “luego del asesinato en 1986 del director del periódico El Espectador Guillermo Cano a manos del cartel del narcotráfico dirigido por Pablo Escobar, toda la prensa colombiana realizó un bloqueo informativo de 24 horas en protesta. En los meses siguientes, el Espectador, su principal cometidor El Tiempo y otros medios trabajaron en colaboración para investigar y publicar historias sobre narcotráfico”.
 
El documento de la OEA también resalta el ‘Proyecto Manizales’, que tuvo como finalidad publicar las mismas historias que habían sido frustradas cuando los periodistas que inicialmente investigaron el tema fueron amenazados, asesinados u obligados a exiliarse, dice el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión y continúa así: Este proyecto fue creado inicialmente por siete periódicos y revistas colombianas (La Patricia, El Colombiano, El Tiempo, El Espectador, Cambio y Semana, entre otros) en respuesta al asesinato del periodista Orlando Sierra en 2002. Los medios prestaron colaboración para investigar la muerte de (Orlando) Sierra y publicaron simultáneamente sus conclusiones y ayudaron así a establecer los motivos políticos del crimen. El Proyecto Manizales se reactivó nuevamente en otras ocasiones para completar la labor de periodistas que sufrieron actos de violencia. Así sucedió, entre otros casos, para concluir las investigaciones realizadas por el periodista Guillermo Bravo en la época en que fue asesinado en 2003, además de las investigaciones a partir de las cuales Germán Hernández, editor investigativo de El Diario de Huila, recibió amenazas de muerte en 2007.
 
Con todo, en el debate sobre prensa y conflicto comunicadores del público señalaron que los medios comerciales tienen prácticas de exclusión hacia sectores, fuentes y temas que sencillamente no cubren o marginan. Y que esta práctica de exclusión varias de las veces tiene la aquiescencia de las instituciones que no convocan a los periodistas alternativos o simplemente se inclinan por los llamados medios comerciales.

El informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –de la Organización de los Estados Americanos acaba de ser publicado en medio impreso con apoyo de la agencia ASDI y la Open Society Foundations.
 
En el foro organizado por la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, con el apoyo de Plataforma de Periodismo para discutir los alcances en el país del informe de la relatora Catalina Botero, las expositoras Catalina Díaz, del Ministerio de Justicia, y María Camila Moreno, del ICTJ, vieron una oportunidad en el actual momento por varias razones:
 
1. El momento actual exige de la prensa un ejercicio integrador en los enfoques con los que trabaja la Unidad de Víctimas, la Agencia para la Reintegración y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para solo mencionar algunas de las dependencias oficiales claves por la coyuntura del país.
 
2. La eventual conformación de una Comisión de la Verdad puede destrabar los expedientes dormidos en los anaqueles judiciales dado que esta puede hilar los casos por patrones, tener en cuenta los contextos e incluir explicaciones que trasciendan las pruebas judiciales. La difusión de este proceso resulta esencial no solo para esclarecer casos de asesinatos de periodistas, sino otros sensibles como los de defensores de derechos humanos y sindicalistas, entre otras de las 16 poblaciones consideradas por el Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección como “en situación especial de riesgo”.
 
3. Discutir distintas verdades –hasta ahora no asumidas o asumidas parcialmente por la sociedad colombiana- llevará necesariamente al país a un proceso de consenso para transmitir a las nuevas generaciones por qué nos pasó y lo que nos pasó y en este relato podría contribuir grandemente la prensa.
 
4. Hay ejercicios de buenas prácticas destacados en el informe de la Relatoría para la Libertad de Expresión que se pueden rescatar para que los periodistas desarrollen su oficio sin el temor de ser asesinados.
 
5. El país debe prepararse para otros escenarios que no necesariamente implican el cese de situaciones hostiles hacia la prensa, pues sociedades que han hecho tránsito hacia el posconflicto muestran que las expresiones de criminalidad antes amparadas bajo la sobrilla del conflicto pueden exacerbarse y elevar los niveles de violencia contra comunicadores y periodistas. El informe habla aquí de la importancia de tener en cuenta que el oficio periodístico no solo está en riesgo cuando hay conflicto armado, sino situaciones de conflictividad social.

Las buenas prácticas

De cara a aquellas prácticas que fortalecen el ejercicio de la prensa y, por tanto, robustecen la democracia, pueden extraerse estos ejemplos institucionales del informe Violencia contra periodistas y trabajadores de medios: Estándares interamericanos y prácticas nacionales sobre prevención, protección y procuración de la justicia de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –de la Organización de los Estados Americanos-
estos ejemplos:
 
1. La directiva No. 19/2010 emitida por el Comandante del Ejército Nacional de Colombia sobre “políticas de mando para el fortalecimiento del respeto a los periodistas y comunicadotes sociales”, permite brindar capacitación a las fuerzas de seguridad sobre la libertad de expresión y el rol de periodistas.
 
2. Programas de protección a periodistas en riesgo. El informe destaca que el más consolidado en la región fue creado en Colombia (Ley 418 de 1997), que estableció la creación de un programa de protección bajo el Ministerio del Interior.
 
3. El decreto 1592 del año 2000 permitió que los periodistas y comunicadores sociales fueran por primera vez reconocidos como una población en riesgo especial con la creación de un programa de protección a los trabajadores de medios. Luego, en el 2011 y 2012 normas posteriores permitieron reestructurar las poblaciones en situaciones de riesgo, y dentro de las 16 poblaciones especialmente en riesgo, quedó incluida la relacionada con quienes ejercen este oficio.
 
4. Bajo este marco legal, el informe destaca la creación de la Unidad Nacional de Protección del Ministerio del Interior para que periodistas y comunicadores en riesgo puedan acceder a medidas de protección. A 2013 esta Unidad brindaba protección a 93 periodistas en 20 departamentos.
 
5. La importancia de que haya sido establecida una subunidad de investigación de asesinatos de periodistas perteneciente a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía. A mayo de 2013 esta Unidad realizaba el seguimiento de 51 casos  de crímenes cometidos contra periodistas. La Relatoría llamó a fortalecer su enfoque.
 
6. Que la Fiscalía haya declarado como delitos de lesa humanidad los asesinatos perpetrados contra los periodistas Guillermo Cano y Eustorgio Colmenares y el secuestro y violencia sexual contra la periodista Jineth Bedoya.
 
7. Que periodistas y comunicadores hayan sido reconocidos por la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas como una población beneficiaria de la reparación colectiva en el marco de la Ley de Víctimas y restitución de Tierras.

Vea el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos