Despojados piden acompañamiento institucional

En el libro 'Espacios vividos, territorios despojados', la Contraloría advierte sobre las amenazas que existen contra la restitución de tierras en la medida que no se logren articular los propósitos de esta política con la realidad económica, productiva y cultural de los territorios.
 
Julio 24 de 2014
 
15 testimonios fueron suficientes para que la Contraloría General de la República expusiera la dramática situación que viven los pobladores rurales de los departamentos de Sucre, Meta, Nariño, Magdalena y la región del Magdalena Medio de cara a la restitución de sus tierras.
 
A dos años de promulgada la Ley de Víctimas, los contextos de estos territorios no le han permitido a Rosa Salas, por ejemplo, ver retornar a los suyos y a sus vecinos del municipio de Chivolo, Magdalena.
 
"Tengo miedo. Tenemos miedo", le dijo Rosa Salas al público que llegó al auditorio Alfonso Palacio Rudas de Bogotá donde este jueves la Contraloría presentó el libro 'Espacios Vividos, Territorio Despojados'.
 
Se refería a la inminente salida, este agosto, de varias decenas de exparamilitares que cumplen la pena de ocho años de reclusión contemplada como máxima por la Ley de Justicia y Paz a la que se sometieron. Comentó que si su situación de vulnerabilidad es muy alta, temen que lo sea más con esta masiva excarcelación.
 
"No queremos más leyes, queremos que estas se cumplan", dijo al tomar la palabra Rosa María Polo, de la misma región.
 
En cada uno de sus testimonios, estos despojados mostraron la crudeza de la realidad frente a la norma, pues se han tenido que enfrentar muy solos y sin éxito a la lucha por recuperar lo que una vez fue suyo.
 
Don Alberto Antonio Meza, por ejemplo, dijo que aún no se acostumbra a los gestos de desprecio cuando comenta que es una persona en condición de desplazamiento, a pesar de llevar 17 años en Bogotá. ¡17 años!
 
Por eso, al tomar la palabra, Jairo Barreto López, sobreviviente de los hechos de violencia que sufrió la población de Chengue, en Sucre, les dijo a los despojados que lo escuchaban que ya fue suficiente el tiempo de pedir, de solicitar, de suplicar. "Llegó el momento de exigir", dijo, con lo que arrancó los aplausos del público.
 
Pero, además, les pidió a las instituciones, ya que buena parte del auditorio estaba conformado por funcionarios de la Contraloría y otras entidades oficiales, nacionales y locales, que se articulen, pero de verdad, y en favor de los derechos de las víctimas.
 
En este texto encontrará más adelante los retos que la publicación dice debe asumir el Estado para cambiar las realidades regionales, pues la transformación en el uso del suelo, los nuevos dueños de la tierra y el modelo económico en marcha (que en Colombia siempre ha estado ligado al poder político) han sido factores decisivos del desplazamiento forzado y del despojo violento .
 
Esas realidades están ahí y por eso es tan difícil que sin abordar estos factores los desplazados asentados como nuevos pobres en las ciudades puedan regresar si quiera con una expectativa de éxito.
 
En los conmovedores relatos de este jueves 24 de julio se reflejó esta desazón y la limitación que en este frente tiene la Ley de Víctimas, pues a la par con la restitución individual del predio, se deben garantizar los derechos colectivos de estas comunidades. En eso consisten las garantías de no repetición.
 
Varios de los relatos, además, expusieron situaciones asombrosas en las que no fueron precisamente grupos armados ilegales o poderes legales apoyados en armados ilegales los que despojaron o violaron los derechos de las víctimas. Dos casos concretos estuvieron referidos a violencia ejercida por agentes estatales e, incluso, entidades estatales.
 
El primero, el de Olga Lucía Cruz, del municipio de San Carlos de Guaroa, en el Meta, con un hermano desaparecido y tierra llanera embolatada mediante el uso de "artimañas amparadas en la legalidad", según explicó y, además, está relatado en el libro.
 
El segundo, fue traído al auditorio por el contralor delegado del sector agropecuario, Luis Alberto Higuera, pieza clave de la publicación. Se trata de la situación sufrida por María Yised Claros, funcionaria de la misma Contraloría, a quien el 11 de febrero de 2008 le desaparecieron un hijo, Juan Perdomo, quien luego apareció muerto en un supuesto combate registrado por reportes oficiales del batallón militar Magdalena en Suaza, Huila. Se lo entregaron, al rescatar su cuerpo de una fosa común, el 7 de agosto de 2008. hasta el momento, nadie ha sido judicializado por este crimen.
 
"Si esto es con una funcionaria del Estado, que se supone tiene todo el apoyo y los recursos administrativos para esclarecer su caso, qué podrán esperar los demás", dijo el analista Jesús Martín Barbero, invitado al lanzamiento de 'Espacios Vividos. Territorios Despojados'.
 
Por eso invitó a las víctimas a que persistan en contar sus relatos, contarlos de la forma como logren ser escuchados por un país indiferente, dormido, amnésico. "Que las víctimas cuenten para que su relato sea contado" y contado incluye contado en el presupuesto nacional, valga la redundancia. "Qué mejor escenario que decirlo a la Contraloría que tiene que velar por el cuidado de los recursos públicos", dijo el experto en comunicación.
 
Dicho esto, resultó refrescante la voz  de Daira Quiñonez, de Tumaco, en Nariño, cuando animó a los despojados y al público a unírsele al canto en el que le agradeció a la vida. "... la vida vale la pena vivirla así sea para lucharla"... se le escuchó parafrasear con un animo contagioso que ojalá se traduzca para ellos y para el país en pasos concretos hacia la reconciliación.

De cuáles territorios despojados se ocupa la publicación

La publicación Espacios Vividos... Territorios despojados, de la Contraloría General de la República estuvo a cargo del contralor delegado para el sector agropecuario de esta entidad, Luis Alberto Higuera Malaver, quien se apoyo en Gloria Cuartas, Marcela Martínez y Juan Carlos Villamizar para el trabajo de campo y  la recolección de los testimonios de las víctimas. Los especialistas invitados para la publicación fueron Carlos Salgado y Sandra Naranjo. Y la colaboración para el caso del Magdalena de Rafael Antonio Meza.
 
El documento se ocupa de la situación de los departamentos de Sucre, Meta, Nariño, Magdalena y la región del Magdalena Medio. Las poblaciones visitadas fueron El Retén, Chivolo, Flores de María, Las Cuatro Hermanas, la Sorpresa y Parapeto en el Magdalena. San Carlos de Guaroa, en el Meta. La Libertad y Chengué en Sucre. El Consejo Comunitario de la Anupa en Nariño. Y Barrancabermeja, Cantagallo, Puerto Wilches, Simití y San Pablo en la región del Magdalena Medio.

Espacios Vividos... Territorios despojados plantea el reto al que se enfrenta Colombia en esta fase en la que el modelo de desarrollo económico ha sido diseñado sin atender la justa distribución de la tierra. Y el desafío de abordar por fin la territorialidad del país. La publicación asegura que ambos retos tienen implícito el hecho de escuchar a las víctimas para incluir su visión. Y esto se hace con la participación de estos sectores de la población en la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de la política pública.

“La implementación de la política de restitución de tierras implica un enorme para toda la institucionalidad Estatal, nacional y local, en vías de reparar a la población víctima que ha sido despojada de sus tierras y territorios en diversas zonas del país”, dice en la presentación el autor y agrega:
 
“(...) su perspectiva de reparación transformadora implícita en la ley que le dio vida, implica esfuerzos institucionales y políticos que van más allá de una devolución de bienes, los cuales tienen que ver con la posibilidad real de que las víctimas restituidas puedan recuperar o, al menos, iniciar una vida en condiciones de dignidad, tranquilidad, seguridad y bajo el goce efectivo de sus derechos”.
 
Y eso, la dignificación de las personas afectadas por el conflicto, es lo que trata de hacer esta publicación desde su misma portada, pues esta es el retrato de Yolanda Becerra, de la Organización Femenina Popular (OFP), como homenaje a las mujeres “por su valor y coraje en el cuidado de la vida y la defensa de los territorios”.

Para Higuera el punto está en las posibilidades reales que cada territorio ofrece a la población rural desplazada y despojada para lograr una estabilización socioeconómica que, a la postre, garantice la sostenibilidad de una restitución en sí misma.
 
Un llamado a los encargados de planear y ejecutar el desarrollo de políticas agroindustriales y de grandes proyectos económicos que, en lugar de incluir a la población local, la excluyen de tales actividades económicas.
 
Por eso, este documento busca visibilizar la problemática de los despojados para, a partir de ahí, indagar por el vasto fenómeno de la propiedad rural y las dificultades que enfrentan sus pobladores en el país. Esto porque en Colombia está demostrada las relaciones entre la violencia, el dominio territorial y el poder.  Y si estamos hablando de un eventual posconflicto, este nodo central del conflicto debe abordarse y resolverse.
 
“En este libro queremos proponer una lectura de estas historias acompañados por las reflexiones acerca del espacio, el territorio y la región (...) y por la construcción de la democracia, que nos invita a imaginarnos y a reconocer la diversidad de territorios, de lugares y cómo se manifiesta de forma desigual el poder y cómo las tensiones territoriales se han resuelto o agudizado en la larga y completa tarea de la construcción de la democracia”, señala la introducción del documento y agrega:
 
“La paz con justicia social que todos anhelamos implica también una geografía socialmente justa que responda a las necesidades de la gente en sus lugares y regiones y no simplemente se ocupe de lograr altos índices de eficiencia espacial para beneficio del capital”.
 
El texto advierte, entonces, que es necesario un proyecto geográfico alternativo que advierta que no solo existe la geografía dominante. “El derecho al territorio, el derecho a los lugares, el derecho a la tierra y a su uso, son parte de los derechos humanos de carácter colectivo que debemos reivindicar para la construcción de la paz con justicia social”.
 
Al hacer el análisis de los relatos, la publicación señala que hay, en todo caso, unos elementos comunes que muestran un panorama de despojo, generado por la acción de determinados actores en los territorios, “el cual es seguido por un conjunto de transformaciones territoriales, que no solo han sido propiciadas en corregimientos o veredas específicas, sino que, responden a las dinámicas de la guerra, a la llegada de nuevos actores, a nuevas inversiones y a la promoción de otros usos del territorio diferentes a como éstos habían sido concebidos por sus habitantes y constructores, en vastas áreas del territorio nacional”.
 
Así las cosas, se advierte sobre la posibilidad de que la política de restitución de tierras y las entidades del Estado responsables de implementarla, no consulten la realidad económica, productiva y cultural actual de los territorios y, en consecuencia, no logren articular los propósitos de la restitución con aquellos propios de la nueva realidad.