La paz es sostenible si se involucra a opositores a los diálogos

Voces de distintas corrientes coinciden en que para que la paz sea sostenible es necesario hacer un gran pacto nacional que involucre de forma genuina a todas las fuerzas políticas y movimientos sociales.
 
25 de julio de 2014
Foto: Archivo Semana

 
Aunque en La Habana aún está en curso una negociación para terminar el conflicto armado con las Farc, la mayor preocupación para muchos expertos es que si esta se llega a firmar, el país viva una paz sostenible, en la que más adelante los acuerdos no entren en riesgo.
 
Por ese motivo, la Alta Consejería para las Víctimas del Distrito, a través del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, convocó a expertos de distintas corrientes políticas y sectores sociales a pensar en cómo garantizar la seguridad de los eventuales acuerdos.
 
El analista político y exviceministro de Defensa Rafael Guarín, cercano a las ideas uribistas, dijo que la clave está en la selección del mecanismo de refrendación. “El tema pasa por garantizar la seguridad jurídica y la seguridad política de los eventuales acuerdos. Hay que blindarlos ante la justicia internacional y ante la justicia constitucional colombiana”, dijo.
 
Para él una primera solución debe ser jurídica, en la que los acuerdos a los que se llegue deben respetar los tratados internacionales y deben ser garantizados con actos administrativos, leyes estatutarias y algunas reformas constitucionales.
 
Pero el segundo reto sería político. “Así los acuerdos se aprueben en un referéndum, ¿quién garantiza que luego la minoría política que está en contra de los acuerdos no llegué al poder y pida revocarlos o estudiar nuevamente los delitos de lesa humanidad?”, se preguntó.
 
En ese caso, Guarín piensa que la solución de fondo es buscar un mecanismo de refrendación que permita un gran pacto nacional por la paz que podría nacer en una Asamblea Nacional Constituyente. “Eso no se puede hacer sin los principales críticos del proceso de paz. Una paz sin el uribismo no sería una paz duradera”, expresó Guarín.

Con él estuvo de acuerdo Camilo González Posso, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, quien piensa que muchos temas que se quedaron afuera de la agenda de conversaciones en La Habana, podrían entrar en ese pacto nacional.
 
“La posible agenda de reformas constitucionales para la paz está por fuera de la mesa de la Habana. Está en los movimientos sociales y las fuerzas políticas que deben abrir un debate más allá de la terminación del conflicto armado”, dijo.
 
En ese pacto podrían entrar los movimientos indígenas, el urbisimo, algunas organizaciones campesinas y todos los sectores políticos. Para González  Posso esa agenda se podría adelantar en paralelo a las conversaciones de La Habana.
 
Por el contrario, Armando Novoa, director del Centro de Estudios Constitucionales, piensa que ese pacto de paz que nacería en una asamblea constituyente no es conveniente ahora. “La asamblea es peligrosa en este momento, pero se podría dejar para más adelante, luego de que la guerrilla haya entrado a la vida civil y haya pasado un tiempo de refrendación de los acuerdos”.
 
Reformas constitucionales
 
Otro tema en el que los expertos coinciden es en que se necesitan reformas constitucionales para garantizar que lo acordado se cumpla.
 
El profesor de la Universidad Nacional Carlos Medina Gallego dijo que en el mundo todo pacto para acabar un conflicto ha requerido de cambios y ajustes en el orden institucional y constitucional del Estado.
 
“El Gobierno se imagina el fin del conflicto en dos momentos. El primero es de transición, que se trata de hacer reformas y ajustes institucionales y que, de hecho, ya comenzó con el discurso de instalación del Congreso”, explicó Medina Gallego.
 
El problema que Medina ve es que las reformas terminen siendo iniciativas específicas del gobierno Santos y no se realicen con acuerdos entre diversos sectores políticos y sociales.
 
Para Guarín, algunos acuerdos logrados en La Habana, según los informes publicados por las partes, se pueden subsanar con políticas públicas, actos legislativos o reformas constitucionales, dependiendo del tema.

Con el coincide Armando Novoa, quien opina que algunos temas acordados, como las circunscripciones transitorias de paz, requieren de un cambio en la constitución. “El debate sería acerca de la vía de esa reforma constitucional. ¿Una asamblea, una consulta popular o un referéndum?”.
 
De hecho, algunas de las reformas anunciadas por el presidente Juan Manuel Santos durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio (ver artículo), como la que busca equilibrar los poderes públicos, ya ponen en marcha ajustes que están pensando en el posconflicto.
 
González Posso, por su parte, cree que la mayoría de los acuerdos que se han hecho públicos no requieren reforma constitucional. “El hilo conductor de los informes que se han hecho públicos son políticas públicas, leyes estatutarias y actos administrativos”, dijo.
 
Sin embargo, el director del Centro de Memoria Distrital cree que más allá de La Habana, los acuerdos que se realicen luego de un pacto nacional con otros sectores políticos y sociales sí podrían caber en una eventual reforma constitucional.