10 años de una sentencia clave para los desplazados

Reconciliación Colombia acudió a la audiencia en que la Corte Constitucional conmemoró los 10 años de la sentencia T 025 de 2004, que impone al Estado una serie de obligaciones para atender a las personas que han sido desplazadas como consecuencia del conflicto. En diez años, se ha avanzado, pero aún falta mucho para que los desplazados sean sujetos políticos que retornen a sus territorios.

Por Luis Carlos Gómez
Periodista Digital de Reconciliación Colombia
28 de julio de 2014


La Corte Constitucional conmemoró la expedición de la sentencia T 025 de 2004 dando la palabra a siete representantes de comunidades desplazadas de diferentes lugares del país para que hicieran su balance sobre lo que este fallo ha significado para ellas.

“Si ese fallo no se hubiera producido, nosotros hubiéramos dejado de existir como comunidad”, afirmó Denis Cabezón, representante de los pueblos y comunidades indígenas del Chocó, ante los magistrados de la Corte Constitucional, el Defensor del Pueblo y los directores de varias entidades del Gobierno, convocadas a la Corte para conmemorar los 10 años de la Sentencia T025 de 2004.

Esta sentencia, que significó un hito en la defensa de las víctimas en el país, reconoció, 7 años antes de la expedición de la Ley de Víctimas, que existía en Colombia un Estado de Cosas Inconstitucional por la existencia de millones de desplazados y porque el Estado colombiano, por acción o por omisión, falló en su atención y protección.

La sentencia, como lo destacó el presidente de la Corte Constitucional, Luis Ernesto Vargas, al instalar la audiencia, ayudó a visibilizar a los desplazados y estableció una serie de órdenes concretas a las autoridades, cuyo cumplimiento, a través de sucesivos autos de seguimiento, ha continuado exigiendo.

Vargas manifestó que aunque después de 10 años no han logrado superarse las condiciones que dieron lugar a la declaración del Estado de Cosas Inconstitucional, hay que reconocer que el actual Gobierno “ha puesto a las víctimas en el primer lugar de la agenda, y eso es un avance”.

Rodrigo Uprimny, investigador de De Justicia y ex magistrado auxiliar de la Corte, señaló que este fallo genera sentimientos encontrados de vergüenza y esperanza.

Vergüenza porque se ha permitido que casi 6 millones de colombianos hayan sido víctimas de desplazamiento y porque el Estado “haya tenido coordinación para provocar el desplazamiento forzado, pero carezca de coordinación para promover el retorno”.

Esperanza, porque ha habido personas de diferentes sectores del Estado y la sociedad que han tenido la fortaleza suficiente para alzar su voz contra este fenómeno.

“La conversión de las víctimas en un sujeto político es uno de los hechos más esperanzadores para nuestra sociedad en los últimos años”, explicó Uprimny.

El Presidente Santos, en un mensaje leído por la Directora de la Unidad para las Víctimas, Paula Gaviria, señaló que aunque el fallo de la Corte sigue vigente, la situación de los desplazados no es la misma de hace 10 años. Dijo que las víctimas son, hoy en día, visibles para el Estado y para la sociedad.

La voz de las víctimas

Los siete representantes de las comunidades desplazadas invitados por la Corte Constitucional para hacer un balance de los 10 años de la sentencia, destacaron la importancia que tuvo el fallo para ayudarles a luchar por sus derechos, pero se quejaron del incumplimiento de las entidades del Estado para hacer efectivas las órdenes contenidas en él.

Yaneli Estupiñán, de Buenaventura, señaló que la sentencia fue una voz que les permitió visibilizarse, pero afirmó que a las entidades del Estado no se les debería exigir que respondan por qué cosas han hecho, sino por qué derechos han efectivamente garantizado.

Por ejemplo, dijo, se habla de la cantidad de víctimas que han sido registradas, pero no basta con el registro, hay que confirmar que las personas estén recibiendo verdaderamente atención. Se quejó de que las mujeres sigan siendo asesinadas en Buenaventura y que no esté operando un sistema de atención sicosocial para las que han sido víctimas de violencia sexual.

Denis Cabezón, del pueblo Waunan, de Chocó, afirmó que hacia 2004 para su comunidad era difícil entender qué era un auto de la Corte, porque para ellos un auto era un carro. Gracias al falló, pudieron aprender cuáles eran sus derechos y entender que no les convenía tener varias organizaciones, sino que debían unirse.

Cabezón llamó la atención sobre el hecho de que la oferta institucional debe hacerse en los territorios y no en Bogotá, como viene ocurriendo. “No nos sigan sacando más leyes y documentos. Ayúdenos a aplicar el plan de salvaguarda que nosotros hemos acordado”, dijo.

Ignacio Rodríguez, de Guaviare, señaló que la sentencia les ha ayuda a conocer sus derechos y aprender a defenderlos, pero se preguntó cuántos planes han formulado las entidades para las comunidades y cuántos realmente se han cumplido.

Marco Fidel Velazco, de Cacarica, manifestó que el problema no es de documentos sino de propuestas que solucionen efectivamente la situación de las comunidades.

“Si no se desmontan las estructuras que generaron el desplazamiento, es muy difícil superarlo y que se logre la paz”, agregó.

Jorge Andrés Quinto, de Curvaradó, aseguró por su parte, que la sentencia T025 fue un aliento para su comunidad, pero que el proceso de restitución de tierras ha tenido demasiados altibajos. Dijo que este debe ser un proceso sostenible porque se han hecho muchos desalojos de ocupantes de mala fe, pero a los dos meses ya han regresado las mismas personas. Denunció que 122 líderes de la comunidad están amenazados.

Gloria Ramírez, de Granada (Antioquia) reconoció que el Estado ha hecho esfuerzos por cumplir la sentencia de la Corte, pero aseguró que la verdad es que estas acciones no han tenido un impacto real en las comunidades.

Invitó a que en vez de pensar siempre en proyectos ‘macro’, se diseñen proyectos específicos que lleguen a un menor número de personas, pero que sean efectivos y beneficien a los más vulnerables.

Finalmente, Amado López, de Nariño (Antioquia), relató cómo la adjudicación de unos predios del Incoder no ha sido el fin de la situación de despojo: desde entonces han tenido que superar problemas jurídicos y técnicos sobre los predios, que incluso tienen qué ver con la falta de pago de impuesto predial por parte del Incoder.

Después de escuchar las opiniones de cada uno de los representantes de comunidades desplazadas, se preguntó Uprimny hasta cuándo debe mantenerse la labor de seguimiento que ha hecho la Corte sobre la situación de desplazamiento en el país desde hace ya 10 años.

“Hasta que los derechos de los desplazados sean restablecidos”, dijo.