“De cara a las víctimas, el proceso es un poco gris. Es de luces y sombras”: Gustavo Gallón

El Director de la Comisión Colombiana de Juristas, una de las personas más críticas de este proceso, se refiere así a la implementación de la Ley de Justicia y Paz. Aunque reconoce que ha habido avances señala que los beneficiados con esta norma no han sido resocializados y, lo peor, es que la médula del paramilitarismo aún está viva, asegura. Aquí la entrevista de Gustavo Gallón con Reconciliación Colombia:
 
Ahora que se está a punto de la salida de cientos de exparamilitares de las cárceles, ¿cuál es el balance que hace de la Ley de Justicia y Paz?

La negociación del gobierno Uribe con los paramilitares es la más gigantesca operación de impunidad que ha habido en la historia de Colombia. Fue una operación pactada entre el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares, desde antes de que empezara su administración, para que ellos ‘blanquearan’ su situación con la justicia y quedaran exonerados de los crímenes que habían cometido. Esto se les enredó, y la acción de organizaciones no gubernamentales y de víctimas logró que se introdujeran unos correctivos que permitieran más o menos la garantía de algunos derechos de verdad, justicia y reparación. Estas garantías son insuficientes, pero no son despreciables.
 
¿Qué logros le reconoce a Justicia y Paz?

Es positivo el hecho de  que se hayan desmovilizado los jefes paramilitares y que se haya eliminado la coalición de las AUC que les permitía coordinar sus acciones y producir efectos mucho mas graves de lo que producirían individualmente. En esa medida, es bueno que se hayan desmovilizado cientos de paramilitares pero no se sabe cuántos, y eso es una falla. Según el gobierno se desmovilizaron 36 mil, pero ¿cómo es esto posible si se supone que había 12 mil? Eso es algo preocupante. Si es cierto, es gravísimo porque significa que se reprodujeron como conejos. Y si es falso, también es grave porque significa que nos han engañado.
 
Otro logro importante es que ha habido un mayor efecto en la sociedad colombiana frente a la deslegitimización de los paramilitares. Si bien todavía hay sectores que los apoyan, durante el proceso hubo tal conocimiento de los hechos y de las barbaridades que hicieron que un mayor número de personas tiene una valoración negativa del fenómeno. En ese sentido, también puede destacarse como un logro que se conoció algo de verdad. Lo que está mal es que no se conoció toda la verdad, falta mucho por descubrir. Y sobre todo falta extraer las consecuencias de esa verdad.
 
¿A qué se refiere cuando dice que falta extraer las consecuencias de esa verdad?

Me refiero a que todavía estamos sobre una situación de criminalidad enorme. Falta actuar en relación con los cómplices de los paramilitares que son numerosísimos. Eso es una falencia grande del proceso y una urgencia. El Estado habría podido conocer en profundidad esa situación de criminalidad y desarticularla, pero no lo ha hecho. Y no lo ha hecho en relación con sus funcionarios, miembros de la Fuerza Pública, miembros de otras agencias del Estado, que evidentemente estaban vinculados a los paramilitares, que los paramilitares han dicho que estaban relacionados con ellos en cantidades enormes.
 
¿Considera entonces que el proceso fracasó en la desarticulación total del fenómeno paramilitar?

Sí. Creo que no se ha llegado a la entraña del fenómeno, no se ha desarticulado la médula del paramilitarismo. Eso es lo más grave de todo.
 
Y, ¿cómo le ha parecido el trato que se les ha dado a las víctimas en este proceso?

El proceso de la víctimas es un poco gris. Es de luces y sombras. Por una parte, es muy positivo que este Gobierno haya reconocido los derechos de las víctimas a través de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Pero al mismo tiempo, lo que se observa es una intención del Gobierno de reducir al máximo la reparación. Con la reparación administrativa se establecen unos topes, la máxima de la cuales es de 40 salarios mínimos que equivale a unos 20 millones de pesos.  Y eso no equivale ni al 3 o 4 por ciento de lo que se reconocería por sentencia judicial acá en el país. Si fuera un aporte inicial estaría bien. Pero si todo se reduce a eso, es preocupante. El argumento implícito es que no hay plata para reparar a tantas víctimas, y eso puede ser comprensible. Las necesidades siempre son superiores a las posibilidades. Pero por los menos debería haberse hecho un estudio, un censo del daño causado y de los recursos para atenderlo.
 
¿Qué recomendaciones haría para un futuro mecanismo de justicia transicional?

Creo que la ley desde un principio creó un procedimiento inadecuado. Desde el principio era claro que no era una ley de juzgamiento. Era una ley que instituía un procedimiento de carácter administrativo para rebajar penas, aplicado por funcionarios judiciales. Además, la Fiscalía incorporó una complejidad en el trámite del asunto para que se contara todo con pelos y señales, desde los delitos de falsedad y porte ilegal de armas, que no tienen nada que ver. Ahora la Fiscalía dice que fue una visión maximalista y que solo se deben juzgar a los máximos responsables por el mínimo número de delitos. Nuestra propuesta ha sido la de tratar el asunto a través de los grupos responsables por unidades militares. Tomar un bloque, definir quiénes son, que cuenten qué fue lo que pasó, quién hizo qué, quién fue el principal y se saca un retrato del asunto. Se condena a todos según los grados de responsabilidad.
 
¿Cómo ve la reinserción de los exparamilitares a la sociedad?

Hay dos problemas graves. El primero es la seguridad de las víctimas en relación con sus victimarios, que pueden regresar a los sitios donde actuaban. Y el segundo es la seguridad de algunos de ellos que quieran civilizarse. Lo que han dicho las autoridades es que no han tenido programas de resocialización. Y eso es grave. El Estado debería hacer algo en los meses que vienen para ver quiénes se pueden resocializar y cómo ponerlos a hacer algo. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), que se ocupa de los paramilitares con cargos rasos, calcula que este proceso tarda un prometido de 7 años, a partir del momento que se desmovilizan. Los que han estado en la cárcel por Ley 975 no han tenido ninguna actividad resocialización. O sea, requerirían 7 años de trabajo. La ACR ya tiene una experiencia importante y positiva en la materia. Muchos de los que van a salir puede que no tengan una vocación de reintegración, pero puede ser que otros sí. Y ese uno que otro tendría que ser objeto de un tratamiento por parte de la alta consejería o de algo semejante.