Este ha sido un proceso de ensayo y de error: ICTJ


María Camila Moreno, directora en Colombia del Instituto Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ, por sus siglas en inglés), habló con Reconciliación Colombia sobre los 8 años que cumple la Ley de Justicia y Paz y sobre la eventual salida de decenas de paramilitares de las cárceles. Según esta experta, este ha sido un proceso de aprendizaje que hay que mirar bien para no volver a cometer los mismos errores. Aquí el diálogo que sostuvo con Reconciliación Colombia:
 
Ahora que se está a punto de la salida de cientos de exparamilitares de las cárceles, ¿cuál es el balance que hace de la Ley de Justicia y Paz?

Es un balance agridulce. El proceso ha sido importante y ha hecho aportes claves para el país. Hay una serie de lecciones aprendidas y buenas prácticas que sin duda son muy útiles, y van a ser incluso más útiles en los debates que se vienen en torno a cómo enfrentar la rendición de cuentas después del proceso de La Habana. Pero también ha habido grandes frustraciones y problemas que aún no se han podido superar, y que hacen que los resultados sean más bien pocos, sobre todo frente a las expectativas. Una cosa clave para hacer el balance del proceso es tomar como referencia las expectativas y objetivos que la ley planteó en un principio.
 
¿Qué destacaría de este proceso?

Se pueden destacar varias cosas positivas: desde las discusión previa de la ley en el Congreso se puso en el centro de la discusión pública y agenda del país el tema de las víctimas y sus derechos a la verdad, justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Y eso es muy importante. Si bien antes también se había hablado de víctimas, no se había hecho con la fuerza con la que se hizo en la discusión del Congreso.
 
Además, la sentencia C-370 de 2006 fortaleció o les dio aún más importancia a las víctimas. Lo que hace la Corte en esta sentencia, mediante un primer ejercicio de ponderación entre la justicia y la paz, es decir que con miras a obtener la paz es válido optar por un mecanismo no tan rígido de justicia, siempre y cuando se garanticen los derechos de las víctimas. Esa fue la condición central que puso la Corte. Esto fue muy importante, pero, al mismo tiempo, le creó más expectativas al proceso. Ya de por sí, del diseño de la ley, tal y como fue aprobado en el Congreso, se podía prever que los objetivos eran demasiado ambiciosos. Y si a esto se le suma el análisis de la Corte subrayando que en el proceso se deben garantizar todos los derechos de las víctimas, pues las expectativas son enormes.
 
Durante estos ocho años la información que han aportado los postulados ha sido muy importante para el país. Por ejemplo, la información que aportaron para encontrar los cadáveres de las personas desparecidas, y poderlos identificar y entregárselos a sus familiares. Eso tiene un valor muy importante y no se puede minimizar.
 
Ha habido otra información importante. Sin lugar a dudas, la información que aportaron sobre los vínculos de los paramilitares con agentes del Estado, por un lado, con políticos y autoridades locales y departamentales y, por otro lado, con miembros de la Fuerza Pública. Esta información ha sido muy importante. En primer lugar, para que el país entendiera la dimensión del fenómeno, para que entendiéramos que no era solamente una estrategia contrainsurgente pura y dura, sino que había unas agendas económicas y políticas mucho más amplias.
 
Desde el punto de vista institucional, ¿cómo ha operado el aparato judicial? ¿Cómo se han adaptado al funcionamiento de la justicia transicional?

Ha habido un aprendizaje clave de todos los operadores judiciales (fiscales, magistrados, jueces de paz, procuradores, defensores). Este proceso empezó sin esa capacidad instalada. Eran jueces y fiscales que venían de la justicia ordinaria y se tuvieron que enfrentar a  la necesidad de adoptar otro enfoque para poder avanzar. Eso fue un aprendizaje. No se previó desde el principio. Ahí había un problema de diseño estructural que tampoco abordó la Corte Constitucional. Por el contrario, la sentencia de la Corte lo que hizo fue profundizar el problema con la pretensión de esclarecer todos y cada uno de los hechos que las víctimas denunciaran ante la Fiscalía. Esa pretensión era inviable e imposible, y, menos, si se abordaba desde una lógica penal ordinaria. Entonces, tuvieron que “recetearse” y empezar a adoptar en su práctica de investigación y juzgamiento parámetros y estándares del derecho penal internacional. Y eso ha sido muy importante para el país.
 
Justicia y Paz obligó al sistema nacional a empezar a conversar con el derecho penal internacional. Y empezar a entender las herramientas y los enfoques internacionales y a pensar cómo aplicarlos a esta situación en concreto. Eso ha ido como una bola de nieve, se ha permeado en buena medida la práctica judicial en Colombia.
 
¿Y cómo se evidencia la adaptación de estos criterios en el proceso de Justicia y Paz?

En términos generales se ha abandonado la idea de que se podía hacer caso a caso, sino entender que existen unos aparatos criminales, y no personas aisladas, que tienen unos planes criminales y que las atrocidades cometidas hacen parte de ese sistema. Es un grupo de gente que se organiza para cometer esos hechos, y no son hechos aislados o fortuitos, sino que hacen parte de un plan organizado. Eso se fue entendiendo con el tiempo. Al principio hubo sentencias contra individuos que no representaban gran cosa en esas estructuras de crimen organizado. Por ejemplo, la sentencia contra El Loro, primera sentencia de Justicia y Paz, donde se le condenó por falsedad en documento público, porte ilegal de armas y una cantidad de delitos que nada tenían que ver con el aparato criminal. Y el Loro no era más que un patrullero de poca monta en la estructura, no tenía mando.
 
¿Pero no se supone que los postulados a la Ley de Justicia y Paz eran los paramilitares que mayor responsabilidad y mando tenían sobre los hechos cometidos?

Se supone, pero tal y como se abordó el proceso con los paramilitares y como se produjo el proceso de postulación por parte del Gobierno, lo que pasó fue que en ese grupo entró de todo. No fue cierto que iban a  ser solamente  los máximos responsables, sino que ahí se fue colando un poco de gente que no tenía mucha responsabilidad en la estructura. Entonces en la primera sentencia, la del Loro, se puso la alerta. No se podía desgastar todo el sistema judicial para después de algunos años tener una sentencia por porte ilegal de armas, cuando lo que se intentaba era develar el fenómeno del paramilitarismo, que era lo que le pedía la ley al sistema de justicia.
 
¿Cómo ha sido el proceso de aprendizaje? ¿En qué ha cambiado el proceso?

De la primera sentencia a las últimas hay una diferencia enorme. Sentencias como la de ‘H.H.’, o contra el ‘Alemán’ o contra miembros del Bloque Vencedores de Arauca. Lo que muestran los magistrados son todas las dimensiones complejas que se articulan en el fenómeno paramilitar. La relación del paramilitarismo con las Convivir o la relación con los financiadores, planes criminales para atentar contra líderes de la oposición, etc. Y todas estas cosas ya no se toman como un hecho aislado, sino como parte de un plan  criminal. Ese aprendizaje ha permitido entender que es necesario enfocar el esfuerzo ya no en las personas consideradas individualmente sino en las personas responsables de la estructura criminal que había que destapar. Y eso ha sido un proceso doloroso de aprendizaje y de diálogo entre los diferentes actores del sistema judicial. Hoy, sin lugar a dudas, tenemos una capacidad instalada en el país con herramientas para investigar crímenes de sistema, que entienden la importancia de la investigación de los aparatos criminales y de que el proceso penal contribuya a develar esos fenómenos macrocriminales y a desmantelarlos juzgando a los máximos criminales. Es una capacidad pequeña porque no son tantos jueces y fiscales como quisiéramos,  pero representa un avance.
 
¿Y cree que después de todo este proceso de aprendizaje realmente se ha logrado develar la entraña del fenómeno paramilitar?

Algo se ha logrado mostrar. Hay una paradoja. La información ha sido aportada en buena medida y creo que eso también es un logro.  Los postulados han ido aceptando dar más información por múltiples razones como temas de seguridad y confianza. Ha habido una creciente voluntad de aportar información. Ha sido información importantísima, pero que no se procesa. Cuando ya estábamos llegando a punto de entender que el proceso no consistía en esclarecer el hecho a hecho, ni definir quién le hizo qué a quién, ni pedirle al comandante que acepte la responsabilidad por el listado de hechos que cometió el grupo, sino que de lo que se trata es de develar el plan criminal y que nos expliquen por qué, cuáles eran las razones, quiénes los financiaban y apoyaban, viene la reforma de la Ley de Justicia y Paz.
 
¿En qué consistió esa reforma? ¿Por qué dice que fue en contra de los avances que se habían logrado?

La ley 1592 tiene un claro objetivo eficientista, por encima de cualquier consideración. Ahí la preocupación es que se cumplen 8 años de implementación y, en virtud del acuerdo y de lo que establece la ley, posiblemente van a empezar salir de la cárcel los paramilitares que han cumplido la pena alternativa y es una vergüenza para el país que después de 8 años solo tengamos 14 sentencias. Además, había una presión importante de la Corte Penal Internacional. En esa medida, la reforma que se hizo a la 975 (Ley de Justicia y Paz) tuvo el objetivo principal de acelerar el proceso, de sacar sentencias. La única manera de hacer esto fue aplicando un criterio de priorización y concentrándose en unos delitos preestablecidos (como política criminal de la Fiscalía). Se planteó que esos son patrones de macrocriminalidad (que técnicamente hablando no son) y buscó la condena de los máximos responsables de cada una de las estructuras paramilitares por esos supuestos patrones. La idea era imputarles todos esos patrones, y, una vez estuviera la macrosentencia, terminar anticipadamente el proceso contra los demás por medio de una sentencia anticipada y salir de ese ‘chicharrón’ en menos de un año. Esto trajo todos los problemas del mundo.
 
¿Qué problemas trajo la reforma? Denos algunos ejemplos…

Primero, se abandonó la idea de develar la estructura paramilitar porque se concentraron únicamente en ciertos delitos. Segundo, seguimos en la ficción de atribuirle al comandante el listado de delitos, trayendo la teoría de la responsabilidad por mando, sin preguntarle lo que sabe. Nos quedamos sin saber cuál era el plan, cuál era el propósito y cómo se organizaron. Eso ya no importa. Lo que importa es imputar el listado de desapariciones forzadas, violaciones etc.. Lo que hacen es tratar de demostrar que los hechos corresponden a un patrón y, aunque hay fiscales que logran hacer una descripción interesante del modus operandi y demostrar que en verdad existe tal patrón, sin profundizar en el objetivo dentro del plan criminal, hay otros que no lo hacen y se limitan a llevar la lista. Esto ha hecho que se profundice la tensión con los magistrados que ya estaban trabajando en la otra lógica, y entienden que el objetivo es hacer una contribución al país para desmantelar los grupos paramilitares. Vienen de unas súpersentencias donde el enfoque estuvo en desmantelar la complejidad del fenómeno y mostrar las relaciones del mismo, y se les pone un freno de mano en seco diciendo “si, eso era muy interesante, pero más bien vamos a hacer otra cosa”. Entonces los fiscales empiezan a llegar a juicio con esta nueva estrategia y se encuentran con magistrados que no se las pasan, y empiezan las dificultades. El cálculo de la Fiscalía de que esto iba a ser como ‘peluqueando bobos’ no les funcionó.  La conclusión es que en términos de enfoque estratégico y de diseño ha sido un proceso de ensayo y de error.
 
Pero teniendo en cuenta el enfoque que en un principio traía la ley de mirar el caso a caso, ¿cuál hubiera sido una reforma recomendable?

El esfuerzo se debió haber enfocado realmente en los máximos responsables, pero no a imputarles la lista de delitos sino en averiguar lo que saben. Y lo que saben son las relaciones. Eso es lo que está esperando la Corte Penal Internacional, que adopta este criterio de que los máximos responsables no son los comandantes sino que están también en otros ámbitos. Son aquellos que fueron fundamentales para la creación, expansión y consolidación del paramilitarismo. A eso había que apuntar. Si bien a estas personas no se les puede juzgar por Justicia y Paz se podrían haber encontrado mecanismos. De hecho, el ICTJ le hizo una propuesta a la Fiscalía de sacar un poco de postulados que finalmente solo representaban una pérdida de tiempo y meter a la gente que realmente tenía influencia en la estructura criminal.
 
Es que hay cosas que, de entrada, hacen pensar que la ley y el proceso, como tal, estaba diseñado para que fracasara. Si se hubiera pensado de manera estratégica y con el propósito de que funcionara, el esfuerzo se habría concentrado en 100 o 500 personas, que son los ‘meros meros’, y se crea otro mecanismo para lidiar con los demás. Si la apuesta estratégica está en develar y desmantelar el paramilitarismo, el énfasis debe estar en esos pocos que saben cómo funciona y cómo viene operando. Eso fue lo que inicialmente se planteó, pero cuando empieza el proceso de postulación, ¡postulan a 3.000! Si se postulan 3.000 personas es obvio que es imposible que funcione, por lo que el proceso estaba destinado al fracaso. Si a eso se le suma que cuando los que saben de la cosa, empiezan a hablar... los extraditan. Es como si hubiera un concierto para delinquir, para no dejar que este proceso funcionara.
 
¿Y cómo le parece que ha sido la implementación de los mecanismos de verdad, justicia y reparación? Es decir, ¿cómo le ha ido a las víctimas en este proceso?

Creo que desde un principio se crearon una cantidad de expectativas. La Ley de Justicia y Paz no solo hablaba del proceso penal, también creó la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que debía ser la encargada de diseñar la política de reparación de las víctimas y el grupo de memoria histórica, dándole el mandato de realizar el informe sobre lo que ha pasado en el conflicto. Es decir, en su primera concepción y diseño inicial, incorpora temas penales con la reparación, la memoria y la verdad como componentes distintos del proceso. Este es un enfoque interesante de justicia transicional. Pero en la práctica todo terminó concentrado en el proceso penal.
 
Lo que pretendemos es que el proceso penal se encargue no solo de la atribución de responsabilidades y de la sanción penal, sino, además, de toda la verdad y de la reparación (que, además de todo, pretende ser integral). Eso era inviable, imposible, y deja muchas expectativas frustradas. Ningún proceso penal puede hacer eso ni aquí ni en ni ninguna parte del mundo. Pero, como había la expectativa y de alguna manera se le dio esa tarea al proceso penal, los magistrados sintieron que tenían la responsabilidad de construir la verdad histórica del paramilitarismo. Los magistrados hicieron un protocolo que le entregaron a los fiscales para que estos reconstruyeran toda la historia económica, política y cultural en la que operaba cada bloque. Entonces, uno ve sentencias que son “apretadas síntesis” de 700 páginas que recuentan la historia del país más o menos desde que llegó Colón.  Hay una mala compresión del rol de la justicia penal en este proceso. Esto pasó, probablemente, porque no había nada más. El grupo de memoria histórica estaba haciendo su trabajo, pero por allá solos y encerrados. Y no había otra instancia para construir la verdad del paramilitarismo. Entonces empezaron las tensiones porque los magistrados estaban pidiéndole a los fiscales más de lo que los fiscales entendían que tenían que entregar.
 
Eso en cuanto a la justicia y la verdad, pero ¿cómo ha visto el tema de la reparación?

Con la reparación ocurrió una cosa parecida. La idea, tal y como estaba diseñada la ley, era que los magistrados tasaran los daños y ordenaran una indemnización acorde a esos daños. Si bien la Corte estableció que la indemnización debía ser tasada en derecho, es decir, de acuerdo con los daños tasados, cuando llegamos a la sentencia de Mampuján se le dieron millones de millones a un solo caso que tenía menos de 100 familias. Y ahí todo el mundo hizo “plop”. ¿Cómo aplicar la lógica de Mampuján a todo lo que viene? Para ese momento había 300 mil hechos denunciados. Entonces, a las víctimas se les había dicho que esos 300 mil hechos iban a ser esclarecidos, que se iba a identificar al responsable de cada uno de esos hechos, y, además, que por esos 300 mil hechos iban a ser reparadas. Eso es imposible, y obviamente colapsó porque no había manera de que funcionara. Entonces, 7 años después, viene la ley 1592 de 2012 a tratar de arreglar el entuerto. La reforma obviamente cayó como un baldado de agua fría, sobre todo en el caso de la reparación que la convierte en una reparación administrativa. A las víctimas se les había dicho que iban a tener una reparación judicial, y, en ese sentido, obviamente se les violan sus derechos al negarles la reparación que les habían prometido y reducirla a una reparación administrativa. Es grave, y nada de esto se puede volver a repetir.
 
¿Qué recomendaciones haría para un futuro mecanismo de justicia transicional?

Si no aprendemos esta lección, si volvemos a caer en que vamos a esclarecer todos y cada uno de los hechos, si seguimos con la idea de que le vamos a pedir al secretariado que acepte responsabilidad por una lista de hechos de los que no tiene ni idea, si vamos a pretender que sea en la vía judicial en la que se repare a las víctimas, cualquier instrumento de justicia transicional va a ser un fracaso. Hoy Justicia y Paz es muy importante, no por los resultados mismos, sino por el aprendizaje que debe ser retomado para lo que viene. Este balance, más que ser un balance per se, tiene que ser un balance que informe las decisiones judiciales, eso es claro.
 
Ahora, pasando al tema de la posible recuperación de la libertad de un gran número de postulados, cuénteme, ¿cómo ve ese proceso? ¿Está la sociedad preparada para recibirlos?

Primero, no es tan cierto que se vayan a abrir las puertas de las cárceles y vayan a salir los paramilitares a borbotones. Esa una decisión caso a caso que toma el magistrado de ejecución de penas. Tiene que mirar si se han cumplido una serie de requisitos, y eso debe hacerse mediante un análisis serio en diálogo con la Fiscalía.
 
El Gobierno, la Fiscalía y los demás  implicados se dieron cuenta muy tarde de que los postulados iban a empezar a salir y que no habían hecho parte de ningún proceso de resocialización. Esto pasó porque, según el Código Penitenciario y Carcelario, solamente pueden acceder a estos programas quienes hayan sido condenados. Quienes no tuvieran condena no podían entrar a estos programas. Y la mayoría de estos señores no tienen condenas. Entonces, 6 años después, con la discusión de la reforma, se ponen las pilas y crean un programa especial para los postulados de Justicia y Paz en la cárceles. Todo se ha hecho sobre la marcha, y eso es patético.
 
Es difícil de prever qué puede pasar. Hay preocupaciones por la seguridad de estos postulados. Ellos van a salir de las cárceles, pero tienen que seguir activos en Justicia y Paz. Siguen con procesos judiciales abiertos y tienen que seguir asistiendo a todas las etapas del proceso cuando los llamen. Eso quiere decir que tienen que seguir yendo a los tribunales, y están preocupados porque en ese escenario va a ser muy fácil que sus enemigos los ubiquen. Muchos están seriamente preocupados porque han dado información sobre terceros y pueden sufrir una retaliación. Tienen mucho miedo y no confían en que el Estado les vaya a garantizar la seguridad. Por otro lado, se sabe que muchos otros mantienen algún tipo de vínculo con las organizaciones que están afuera y que pueden volver a vincularse. También hay una presión muy fuerte de que por temas de seguridad vuelvan articularse a la criminalidad.
 
¿Y las víctimas? ¿Están preparadas para volver a vivir con sus victimarios?

En las víctimas hay mucha expectativa y preocupación. Los medios no han sido muy responsables porque han vendido la idea de que en pocos meses van a salir todos y va a ser un desastre. Y eso no es tan cierto. Entonces las víctimas tienen mucha expectativa. Hay procesos también muy interesantes de reconciliación. En la sociedad hay esas capacidades, así como hay comunidades preocupadas que se resisten a que estos hombres vuelvan, hay otros que los están esperando con los brazos abiertos. Hay de todo.
 
Creo que es una experiencia muy importante. La pregunta que la sociedad tiene que hacerse es, ¿qué estamos dispuestos como sociedad?, ¿qué tan generosos estamos dispuestos a ser con las personas que algún día tomaron el camino de las armas? Eso tiene que ver no solo con las políticas públicas y los programas que tienen que hacer las entidades para la reincorporación o reconciliación; tiene que ver con lo que la sociedad quiere y esté dispuesta a hacer. Eso es tan válido hoy por hoy en el caso de los paramilitares y en el caso de las guerrillas. El desafío es el mismo, aunque en el caso de las guerrillas puede ser más difícil.
 
¿Cree que las víctimas sienten que con 8 años de cárcel ya obtuvieron justicia? ¿Lo han logrado aceptar?

El lío es que la gente siente que el Estado está respetando las promesas que hizo con los postulados, pero no las que hizo con las víctimas. Es muy difícil lidiar con esa asimetría en la acción del Estado. Esto no crea un ambiente propicio para que la sociedad haga esta reflexión tranquilamente. Como la acción del Estado no ha sido eficiente en relación con las víctimas y como no ha habido un proceso pedagógico para explicarle a la gente los cambios que se han adoptado, qué se está haciendo y cuál es la visión estratégica, la gente siente que es un engaño, y eso no ayuda.
 
Desde ya debería haber campañas fuertes para explicarle a la gente qué es la justicia transicional, qué es lo que realmente se le puede pedir a estos mecanismos y que no, cuáles son las expectativas que se pueden tener y cuáles no. La gente tiene que poder participar con conocimiento en las discusiones. Algo que nos ha enseñado Justicia y Paz es que el mecanismo nuevo que se adopte tiene que tener la mayor legitimidad posible. Tenemos que tener un mínimo acuerdo como sociedad de que eso es lo que vamos a hacer, que eso es lo que queremos y que eso es lo que nos conviene. No podemos dejar que pase lo que pasó en Justicia y Paz que nos pusimos a cambiar y arreglar todo sobre la marcha y no se le explicó a la gente.