Corte Constitucional decide cuánta justicia sacrificar por la paz

Este martes se reanudó la discusión en la Corte Constitucional de las condiciones para que los desmovilizados de grupos armados ilegales participen en política. La ponencia les niega el derecho a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. El debate es la nuez del límite entre la justicia y la paz. Análisis.

5 de agosto de 2014
Foto: Archivo Semana.


El proceso de paz entre el Gobierno y las Farc ha entrado en una fase clave en las últimas semanas. Como ya se van a empezar a discutir los temas que tienen que ver propiamente con la suerte de los miembros de la guerrilla, sus ‘derechos’ y sus responsabilidades se han encendido varios debates de fondo que tienen que ver directamente con la reconciliación y con la etapa de eventual posconflicto.

Por un lado, el tema de la reparación a las víctimas en el que tanto el Gobierno como las Farc tienen responsabilidad directa por acción y por omisión ni siquiera se ha empezado a discutir en La Habana y ha generado toda suerte de polarizaciones y movilizaciones.

Mientras que las Naciones Unidas, la Universidad Nacional y la Iglesia Católica intentan escoger a por lo menos 60 víctimas que participarán en la discusión sobre la garantía de los derechos de las víctimas en la Mesa de Negociaciones (ver artículo), estas están tratando de hallar su lugar y posicionar su vocería, incluso al punto de que en los foros diseñados para su participación se han presentaron escaramuzas entre víctimas de las Farc y víctimas del Estado y el paramilitarismo (ver artículo).

Además, las Farc y el Gobierno han tenido un cruce de declaraciones acerca de la participación o no de miembros de la Fuerza Pública como víctimas del conflicto armado (ver debate). El grupo guerrillero incluso pidió que si los militares secuestrados eran considerados víctimas, también lo fueran guerrilleros presos o el mismo comandante Alfonso Cano, quien fue dado de baja en un operativo del Ejército.

Por otro lado, entre martes y miércoles, la Corte Constitucional estudiará una demanda –presentada por el exviceministro de defensa Rafael Guarín– contra el Marco Jurídico para la Paz, un instrumento que pretende regular, entre otras cosas, la participación de desmovilizados de grupos armados ilegales en política. 

De la decisión que tomen los magistrados a más tardar el miércoles se podrá inferir bajo qué condiciones miembros de las Farc que salgan del conflicto armado podrán participar en política. Un punto clave debido a que ese grupo guerrillero siempre ha basado su lucha armada en la falta de espacios y la represión violenta que les impediría presentar sus reivindicaciones políticas en la democracia.

Por ahora, se saben algunos detalles de la ponencia que será presentada a la Corte por la magistrada (e) Martha Sáchica de Mocaleano. Uno de los más polémicos es que les cierra la puerta de la participación en política a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad y genocidios de manera sistemática, algo que dejaría sin opción a guerrilleros como Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, o Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’.

Además, según ha trascendido en medios de comunicación como la Revista Semana y EL Tiempo, la mayoría de magistrados votarían a favor de la ponencia.

Detalles de la ponencia

La demanda de Guarín considera que el Marco para la Paz es inconstitucional y pide que no se elijan para cargos públicos “exmiembros de grupos terroristas” que hayan cometido delitos transnacionales, actos de terrorismo y graves violaciones a los derechos humanos.

En un principio, el Magistrado Alberto Rojas, quien había estudiado la demanda, presentó una ponencia en la que permitía que los autores de delitos graves participaran en política (ver artículo). 

Sin embargo, Rojas fue retirado de la Corte Constitucional por una decisión del Consejo de Estado en otro tema distinto a este, pero generó que la discusión se congelara. Fue cuando el estudio de la demanda de Guarín lo tomó la magistrado (e) Martha Sáchica, quien cambió la ponencia que será estudiada esta semana.

Además del límite para la participación de desmovilizados en política, otro de los puntos que propone la magistrada Sáchica es que sea la Fiscalía quien decida qué miembros de las Farc tienen investigaciones y condenas por delitos de lesa humanidad y cuál es la sistematicidad de sus actuaciones.

También pide que para participar en política los desmovilizados garanticen la dejación de las armas, reparen a las víctimas, den garantías de no repetición de sus acciones y cuenten la verdad sobre todos los crímenes cometidos contra la sociedad civil.

Por otro lado, la ponencia pide textualmente que el Congreso tome precauciones para que la interacción entre los desmovilizados y las víctimas “no reproduzca las condiciones de afirmación humillante de poder que estas últimas sufrieron en el pasado”, y piden que las víctimas participen en la elaboración de normas y leyes que permitan el acceso a verdad, justicia y reparación. 

Además, pide no cobijar con este marco a miembros de grupos paramilitares y agentes del Estado, pues ellos ya tienen otra solución jurídica ofrecida por el Estado a la cual se acogieron.

¿Qué consecuencias tendría en el proceso?

Ante la inminente aceptación de esta ponencia por parte de siete de los nueve magistrados de la Corte Constitucional, la pregunta es cómo reaccionarán las Farc en la Mesa de Negociación de La Habana ante estas restricciones para su participación en política.

Aunque la guerrilla desde un principio declaró que considera el Marco Jurídico para la Paz como un acto unilateral del Gobierno, es claro que de ser aprobado por la Corte Constitucional, sería el mecanismo bajo el cual los miembros desmovilizados de las Farc enfrentarían a la justicia y podrían participar en política.

La decisión, de hecho, se adelantaría a la discusión del punto de ‘Fin del conflicto’ que se negociará en paralelo al de víctimas en la Mesa de La Habana. Un tema que según el ‘Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’ firmado por el Gobierno y las Farc en 2012 tocará el tema de dejación de armas y reincorporación de las Farc a la vida civil, social y política.

Por lo tanto, el Marco para la Paz que quede aprobado luego de la decisión de la Corte podría ser un punto de referencia para que los negociadores del Gobierno impongan límites a la hora de negociar este asunto con las Farc. Aunque la guerrilla, probablemente, pedirá que se construya otro marco que cuente con su opinión y que se someta al mecanismo de refrendación  que elijan las partes para validar los acuerdos.

Lo cierto es que este tema está en el centro de un debate clave para el proceso y para la reconciliación del país. ¿Dónde trazar la raya entre justicia transicional e impunidad en un proceso de paz? ¿Hasta dónde se puede ser permisivo con quienes han cometido delitos a la hora de lograr un acuerdo que permita poner fin a un conflicto de 60 años? ¿Qué está dispuesto a entregar el país por la paz? ¿Hasta dónde sacrificar la justicia?

La discusión no es de poca monta y la decisión que tome la Corte Constitucional este miércoles terminará influenciando la negociación en La Habana, que ya está cerca de comenzar a tratar el tema.

Y de hecho, es bueno de que se comiencen a dar estos debates de fondo porque demuestran que la negociación con las Farc está llegando a puntos neurálgicos acerca de cómo terminar el conflicto y encarar la reconciliación del país, incorporándolos a ellos en la legalidad.  Algo que, aunque en un principio encienda el debate y polarice al país, tiene que discutirse de frente para acabar un conflicto tan largo y desgastado como el colombiano.