Jaime Garzón, 15 años buscando la verdad

Cuando faltan cinco años para que prescriba el crimen contra el agudo humorista y periodista Jaime Garzón, la Fiscalía logró establecer que miembros de inteligencia militar participaron del asesinato, cometido hoy hace 15 años. Lucha contrarreloj contra la impunidad.

13 de agosto de 2014

Hace quince años Jaime Garzón ya sospechaba que lo iban a matar. El comandante paramilitar Carlos Castaño le había puesto precio a su cabeza y estaba en marcha un plan para quitarle la vida al periodista que ya para la época se había ganado el corazón de los colombianos por utilizar un contagioso y agudo humor político con el que se burlaba de la realidad del país y les cantaba la tabla a los poderosos.

Garzón se enteró de que eso estaban tramando y por todos los medios intentó hablar con Castaño. Lo logró, pero sus intentos fueron infructuosos: el 13 de agosto de 1999 cinco disparos le quitaron la vida en una madrugada bogotana, mientras se dirigía a su programa de Radionet, una reconocida emisora de la época.

A pesar de la indignación que este crimen causó en el país y en los colombianos, que salieron a marchar a las calles en masa para exigir justicia, durante más de una década las investigaciones acerca de su asesinato no han dado muchos frutos.

La culpabilidad de los paramilitares estaba clara desde el principio y muchos de ellos aceptaron  que Castaño había ordenado el crimen porque consideraba que “Garzón era un guerrillero vestido de civil”, luego de su mediación en la liberación de secuestrados que tenía en su poder el Eln.

Pero la investigación no logró establecer nada más y el caso se cerró en 2004 con una condena de 38 años de prisión y una multa de 790 millones de pesos a Carlos Castaño como coautor intelectual del asesinato. Pero el comandante paramilitar desapareció ese mismo año en extrañas circunstancias y tiempo después se supo que había sido asesinado por sus propios hombres de confianza. No pagó ni un año de cárcel, ni un peso de la multa.

La familia de Garzón no quedó contenta con la sentencia, pues ya sospechaban que había miembros de la Fuerza Pública implicados en el crimen. “El de Jaime fue un crimen anunciado, un crimen que él trató de detener cuando habló con Rafael Pardo para que intercediera ante los militares, cuando pidió citas y no tuvo éxito con Mora Rangel, cuando habló con Rito Alejo del Río. Todas las acciones tratando de salvar su vida son muy reveladoras”, dice Adolfo Garzón, su hermano. 

Las sospechas se alimentaron gracias a los hallazgos de la periodista Claudia Julieta Duque, quien descubrió un plan del DAS para entorpecer la investigación que adelantaba la Fiscalía por medio de un montaje judicial. Ante la evidencia, el caso fue reabierto ese mismo año (2004), pero los avances a partir de esa fecha fueron pocos y prácticamente nulos.

El tema cobró relevancia  nuevamente hasta cuando los paramilitares se desmovilizaron y comenzaron a hablar en las audiencias de Justicia y Paz, después del 2006. 

Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna’, y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, comandantes paramilitares desmovilizados, sostienen que José Miguel Narváez, quien fue subdirector del DAS, le dijo a Castaño que  había que sacar del camino a Garzón y le entregó una carpeta con información acerca del periodista. 

Por esas declaraciones, Narváez, quien está privado de su libertad desde 2010 por su participación en las ‘chuzadas del DAS’, fue llamado a juicio para esclarecer su participación en el asesinato.
Aunque Narváez jura que él no tuvo nada que ver con el crimen de Garzón, y de hecho se lo dijo a Adolfo, hermano de Jaime, en una diligencia de hace unas semanas, los testimonios son difíciles de controvertir (ver artículo). El problema es que esta diligencia también avanza a paso lento, debido a las maniobras de dilación del abogado del acusado.

Los nuevos avances

El gran salto en el caso se dio hace poco más de un mes. El pasado 22 de junio, la Fiscalía llamó a juicio al coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien para la época del asesinato de Garzón era jefe de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército. 

El ente acusador tiene indicios fuertes de la participación de Plazas en el crimen por las declaraciones de exparamilitares como Jesús Emiro Pereira, alias ‘Huevo pisca’; Diego Fernando Murillo, ‘Don Berna’; e Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’. 

Además, Darwin Lisímaco Betancourt, un exguerrillero desertor que terminó trabajando para inteligencia del Ejército, declaró que en 1999 Plazas Acevedo le mostró videos de seguimientos a Jaime Garzón y junto con el mayor Mario Duarte, otro miembro del grupo de inteligencia militar, le pidieron que dijera en la Fiscalía que el periodista y humorista tenía vínculos con las Farc, cosa que era falsa.

Con esta y otras pruebas en su poder, la Fiscalía cree poder demostrar que Plazas fue una persona clave en la planeación y ejecución del crimen, y que incluso entregó información de inteligencia militar para que los sicarios mataran a Garzón. 

El problema, hasta hace pocas semanas, era que el coronel retirado estaba prófugo de la justicia, pues en 2003 se había fugado de la Escuela de Caballería de Bogotá, donde pagaba una pena de 40 años por el secuestro y muerte del industrial israelí Benjamín Khoudari.

Pero las cosas se comenzaron a aclarar el jueves 31 de julio, cuando el Gaula de la Policía y la Fiscalía lo capturaron en San Martín (Meta) luego de seguimientos que comenzaron a principios de este año (ver artículo).

Con Plazas Acevedo tras las rejas, el caso del asesinato de Jaime Garzón parece revivir nuevamente. El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo dijo que ya empiezan a tener claridad sobre las líneas de mando que participaron en el homicidio. “Está el extinto comandante paramilitar Carlos Castaño, Diego Murillo Toro, alias 'Don Berna', quien ya aceptó su responsabilidad y tiene medida de aseguramiento, Plazas Acevedo quien ya está acusado y José Miguel Narváez quien está en etapa de juicio”.

Pero ahora investigan si hubo mandos más altos que supieran del crimen. Por esa razón, este martes 12 de agosto –un día antes del aniversario por la muerte de Jaime–, la Fiscalía anunció que llamará a rendir versión libre sobre el caso al general (r) Rito Alejo del Río, quien para la época del crimen era comandante de la Brigada 13 y jefe del Coronel (r) Plazas Acevedo. Hoy en prisión por otros hechos.
Con su colaboración y las declaraciones de Plazas, se podría obtener información de qué otros miembros de la Fuerza Pública y también del poder civil participaron del asesinato, un tema que aún trasnocha a los familiares del humorista, quienes creen que hay militares de más alto rango y otros miembros del Estado implicados en el crimen. 

Los avances, por lo pronto, llegan en un momento clave, pues la Fiscalía anunció el pasado 22 de julio que el asesinato del periodista no se puede catalogar como un delito de lesa humanidad, una condición en la que se impide que los delitos prescriban. Por ese motivo, si en cinco años no hay resultados contundentes, el proceso quedará cerrado y el asesinato quedará en la impunidad. 

Ojalá que no sea así, pues la reconciliación implica verdad, justicia y reparación. Es decir, implica que el Estado colombiano pueda garantizar los derechos de las víctimas. Y en el caso de Jaime esta es una deuda no solo con estas últimas, sino con la sociedad colombiana que tanto lo quiso y lo extraña.