Situación de defensores de derechos humanos, el termómetro para el posconflicto

A pesar de las amenazas que todos los días enfrentan los activistas de estas causas su labor es fundamental para robustecer la democracia en un país que ha sufrido de debilidad institucional, principalmente en las regiones. Funcionarios, expertos y defensores analizan su situación de cara a un posible escenario de posconflicto.

20 de agosto de 2014
Foto: Guillermo Torres


Trabajan en las regiones más apartadas del país. En esas a donde el Estado llega poco o solo con la cara militar. Son el apoyo y el altavoz de la gran mayoría de víctimas ignoradas o macartizadas. En este país con 60 años de conflicto a cuestas, su labor nunca ha sido fácil, pero ellos y ellas son muy, muy persistentes. Se trata de los defensores y defensoras de derechos humanos.

Las amenazas y los asesinatos son el pan de cada día en su oficio y sólo por poner un ejemplo, desde que comenzó el año 2014, en Colombia han sido asesinados 30 defensores de derechos humanos y otros 194 han sufrido algún tipo de violencia por su labor en este campo, según informó el programa Somos Defensores.

El panorama es tan preocupante que Esiquio Manuel Sánchez, vicedefensor del pueblo, afirma que en Colombia “cada seis días, asesinan en promedio a un defensor de derechos humanos”.

Sin embargo, en  medio de las amenazas y los asesinatos, el papel de esos defensores en la construcción de paz es innegable, lo que pasa es que necesita el reconocimiento de todos y no solo de un pequeño sector de la sociedad. Así lo pidió Todd Howland, director en Colombia de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien hizo un llamado particular a los empresarios para que no dejen solos a estos ciudadanos que, a la vez, son en muchos casos sus consumidores. Estos activistas, en muchos casos innatos o  en otros casos surgidos de situaciones de dolor extremas, son quienes se hacen cargo de la vocería de las personas vulnerables, la mayoría de estas las víctimas del conflicto.

Yolanda Becerra, directora de la Organización Femenina Popular (OFP), lo resume así: “Cuando una mujer es asesinada, el núcleo fundamental de una sociedad se rompe. Las defensoras de derechos humanos somos las que no nos callamos, las que buscamos los desaparecidos, las que recogemos y enterramos los muertos”.

Por ese motivo, varios expertos se reunieron en Bogotá, en un foro organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Unión Europea y la Revista Semana para analizar la importancia de estas personas en la construcción de una sociedad reconciliada. Su situación es un termómetro para medir qué tan preparada está el país para asumir el posconflicto.
 
Un asunto de todos

Para Alejandro Santos, director de la Revista Semana, la situación actual de los defensores de derechos humanos se da porque aún hay fuerzas poderosas que controlan algunas regiones y que siguen asesinando y amenazando a líderes importantes, como los de restitución de tierras e, incluso, a periodistas. “Esa es una tensión entre las dos Colombias, algo que puede leerse desde la perspectiva de un país con una dinámica hacia la modernidad, pero asechado todavía por fuerzas oscuras”, agregó.

Con él coincide Howland, cuya Oficina trabaja desde hace 15 años en el país.  Para él es muy diciente que solo en el plano de la Justicia en 2013 haya una única sentencia por un caso de asesinato de un defensor de derechos humanos. “Esto es absolutamente inadecuado si se quiere hablar de prevención”, comentó.

“Hace 15 años nos trajeron para facilitar un cambio. Pero ese cambio no se dará sin el activismo de la sociedad y sin que el Estado tenga la capacidad de resolver los problemas de sus ciudadanos”, dijo el diplomático, quien invitó a los colombianos a que apoyen la defensa de los derechos humanos usando el poder que tienen a su alcance.

“Por ejemplo, comprando un producto que apoye la restitución de tierras y no las bananas de empresas que trasgreden los derechos humanos”, agregó, al comentar que esta es una postura crítica que si se volviera masiva entre los consumidores enviaría un mensaje inequívoco a aquellos que desde la legalidad e ilegalidad violan o auspician la violación de los derechos humanos.

En ese sentido, María Antonia Van Gool, embajadora de la Unión Europea en Colombia, dijo que en los países europeos el hecho de velar por el respeto de los derechos humanos es un tema de cada ciudadano. Es decir, no es un tema ajeno al ejercicio de la ciudadanía.

“Por eso, la Unión Europea apoya los programas de desarrollo y paz de las regiones pues vemos que en los territorios este es un camino”, dijo Van Gool, y coincidió con Alejandro Santos en que las historias y experiencias que Reconciliación Colombia ha identificado y visibilizado, demuestran  que la gente sí puede actuar a favor de cambios en sus entornos y que es más lo que nos une como país en este propósito, que lo que nos separa.
 
Acciones concretas

Pero además del compromiso de toda la sociedad y de cada ciudadano con los derechos humanos muchos expertos y líderes regionales piden que se tomen acciones concretas para apoyar a los defensores de derechos humanos.

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, dijo que la presencia de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU desde 1997 evidencia una crisis en los derechos humanos, “y yo creo que sigue existiendo esa crisis”. Para él, parte de la solución es transformar la doctrina militar vigente que está anclada a la seguridad nacional.

Por su parte, el general Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional, dijo que esa institución ya está trabajando en ofrecer seguridad a las poblaciones más vulnerables. “Hemos establecido oficiales de enlace para ayudar a detectar los problemas, protocolos de atención para acompañar eventos como las mingas, y estamos en permanente coordinación con todo lo que es Ministerio Público”, dijo.

Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de proteger a los líderes y a las personas amenazadas en Colombia, dijo que actualmente hay una sobredemanda del programa: “El presupuesto actual para nosotros es de 360.000 millones de pesos”. Sin embargo, aclaró que los resultados han sido positivos y que existe una disminución del 85 por ciento en asesinatos a personas amenazadas.

Además, dijo que la tarea de proteger a los defensores de estas causas es interinstitucional y no solo de un programa, sin que esto no significa asumir la responsabilidad que le compete. Por eso, en la actualidad realiza ajustes para fortalecer la respuesta estatal en este frente.

Algo similar piensa Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, quien dice que la labor que hoy realiza el Estado consiste nada menos que en llevar institucionalidad al campo y a las regiones donde esta era prácticamente inexistente o si existía era reemplazada por aparatos armados. “Y la institucionalidad debe ser fuerte, lo que se traduce en judicializar a quienes atenten contra los líderes de restitución de tierras”.
 
Menos estigmatización

Para Alejandro Santos, más allá de lo que se pueda estar negociando en La Habana, es importante explorar cual es el terreno en el que trabajan las personas que luchan por la dignidad humana, la justicia y la civilidad.

“Hay que mirar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona y que los empresarios se tomen en serio estos temas para que los líderes regionales no queden como mártires solitarios en una lucha en la que los medios tenemos que aportar todavía más”, dice el periodista y director de la Revista Semana.

Ubencel Duque, director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, piensa que la garantía de los defensores de derechos humanos está ligada a la viabilidad que tengan los territorios. “De nada sirve proteger la vida de una persona. si no se hace nada por el territorio”, dijo.

Además, pide que el Estado reconozca  la importancia de la tarea que realizan los defensores de derechos humanos, sin estigmatizarlos. Algo que también piensa Gustavo Gallón, quien dice que "se tiene que dejar de pensar que los defensores de derechos humanos somos parte de la guerrilla porque esto causa muerte".

Esto es importante porque para muchos, el papel de los defensores de derechos humanos no terminará con el fin del conflicto. Para Guillermo Rivera, designado como alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, con rango de superministro, “uno de los elementos de trabajo que tienen que adelantar estos defensores  es crear una cultura para la paz".

Por ese motivo, el deber del Estado es protegerlos y velar por que no se conviertan en víctimas del conflicto. Su situación dice y dirá mucho de lo que se ha hecho por las víctimas y de lo que se va a hacer por el país en un escenario sin conflicto armado.