Política tradicional se apropió de espacios de participación de los negros

Hoy se cumplen 21 años de expedida la Ley 70 de 1993 o Ley de Comunidades Negras. Reconciliación Colombia invitó a hacer el balance de esta ley a una religiosa negra de origen dominicano y que ha dedicado buena parte de sus 27 años de trabajo en el país al Pacífico colombiano. Aquí están sus reflexiones:

Por Zoila Cueto Villamán
Religiosa del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús
27 de agosto de 2014
Foto: Archivo Semana


A 21 años de expedida la Ley 70 de 1993, veo con mucha tristeza el panorama. A pesar de que tengo cierta esperanza, a la vez, me invade una sensación desesperanzadora. Entro a explicarles por qué:

Colombia está dentro de los países que tienen un mayor desarrollo y reconocimiento jurídico hacia las comunidades negras, pero, también a la vez, es uno de los país con los más altos índices de impunidad y desigualdad hacia estas poblaciones.

A 21 años, esta ley nos garantiza derechos como el reconocimiento de que existimos como etnia y de que tenemos territorios colectivos titulados. De estos derechos se han desprendido una serie de logros como obtener créditos condonables para estudiar, las dos curules en el Congreso de la República, la Catedra Afro, la promoción de organizaciones como expresión de este pueblo.

Pero veamos en detalle. A 21 años, también es cierto que el pueblo negro no se ha podido apropiar del proceso político que representa tener dos curules. Más bien, este lo han aprovechado los partidos políticos tradicionales, incluso dejando a los consejos comunitarios aislados.

En algunos municipios, el Estado dispone recursos para apoyar al pueblo afro, pero son recursos insuficientes y estos no son proporcionales al número de habitantes afro en el territorio colombiano. Según el DANE, los recursos deberían ser aplicados en el 10 por ciento, que se dice representamos del total de la población. Sin contar que estamos sub-registrados, los recursos ni siquiera corresponden a ese diez por ciento que comenta el DANE que somos.

Hablando de los títulos colectivos, la violencia que hace presencia en nuestro territorio, así como los grupos armados (no solo los ilegales), impiden que se ejerza la gobernabilidad.

Por otro lado, mucho de los espacios nuestros han sido politizados por la política tradicional, por el clientelismo y por lo que esto conlleva. Peor aún, los líderes y lideresas han sido cooptados por esa politiquería.

Aunque se habla de política con perspectiva afro, estas son nominales porque no se les asignan presupuesto, ni instituciones encargadas para ejecutarlas.

Esto, lo que quiere decir es que no hay ni ejercicio de la ciudadanía afro, ni ejercicio de la gobernabilidad en el territorio. A 21 años, esto no ha sido posible. Y se traduce en el hecho de que el pueblo afro no vive ni con lo mínimo de sus necesidades básicas satisfechas.

En ese orden de ideas, el pueblo afro ha sido afectado en sus derechos individuales y colectivos. En estos 21 años que hoy conmemoramos podemos decir que tenemos una ley sin reglamentar en su totalidad y que, a pesar de esta ley, el pueblo afro no ha visto por parte del Estado ni de su gobierno políticas que aseguren su bienestar.

Y qué decir de los derechos civiles, políticos, económicos, culturales, ambientales y étnicos territoriales. Más bien, han sido 21 años de múltiples políticas y problemáticas que han generado el despojo y la desterritorialización, llevando al pueblo afro a vivir humillado, desplazado, violentado, masacrado, desaparecido, confinado, empobrecido, y sometido a constantes actores armados.

El conflicto armado en el territorio, junto con el olvido estatal, dan cuenta de la resistencia de las comunidades, las que, a pesar de vivir en condiciones de vulnerabilidad, de miedo y de terror, siguen ahí, en los en los  lugares más apartados del país, como también en los sectores marginales de las grandes y de las pequeñas ciudades, siendo humillados, estigmatizados, sufriendo el racismo y la discriminación salvaje porque todavía Colombia carga con la deuda histórica de considerarnos como personas y como colombianos. No como seres humanos de segunda.

Hoy, el pueblo afro enfrenta varias graves situaciones. Por mencionar solo algunas: la falta de garantías jurídicas para la protección de los derechos étnicos territoriales; la imposición de políticas que han hecho que la economía local se pliegue a los intereses de grandes empresa nacionales e internacionales mediante reformas jurídicas como los tratados de libre comercio.

El caso ejemplar lo tenemos en Buenaventura. Se está desarrollando el Puerto a espaldas de los legítimos dueños del territorio. Con el agravante de que este macroproyecto también ha desatado una violencia sin precedentes. Es decir, Buenaventura es el caso palpable del desarrollo de un Puerto, que está siendo pagado a un alto costo por el pueblo. Allí se está generando desarrollo para las grandes empresas nacionales y las multinacionales a costa del hambre, la miseria, la pobreza y la muerte para sus pobladores. Hoy el conflicto desangra y despoja a todo el pacífico colombiano.

También tenemos que el aprovechamiento minero está arrasando con la práctica de la minería artesanal. El pueblo negro subsiste de esta práctica. Hoy las personas dedicadas a esta práctica de subsistencia han quedado por fuera del esquema planteado por la economía dominante, en complicidad con el Estado.  Está en juego que ellos puedan sobrevivir. Es la economía artesanal versus la implementación de retroexcavadoras por parte de las empresas multinacionales que hacen presencia en el territorio.

Eso, a nivel macro. A nivel micro, la educación -esta educación- está ‘matando’ al pueblo afro. Es decir, mientras nos están matando físicamente porque estamos en un territorio estratégico para la economía de capital, por otro lado nos están matando ideológicamente porque la educación es deficiente, no es pertinente para la comunidad afro y sí para someternos y para mantenernos adormecidos. La actual, no es una educación para vivir con dignidad. Todo lo contrario.

Para qué hablamos de la salud, todavía en el pacífico colombiano mueren las niñas y los niños por paludismo y por diarrea, es decir, de enfermedades que se puede evitar.

¿Cómo estamos las mujeres negras? El conflicto armado en el Pacífico colombiano pareciera tener color y nosotros las mujeres negras somos las que llevamos la peor parte, pues los asesinatos de las mujeres negras llevan una carga simbólica. Nos cortan todo aquello que simboliza la vida: los senos, la cabeza… nos introducen elementos por la vagina, nos descuartizan. ¿Por qué este tipo de muertes? La guerra busca transformar a los seres humanos en cobardes y saben que las mujeres negras tenemos fuerza. Esta es una forma de asesinar nuestro valor.

El Estado debe mirar al Pacífico no solo para extraer lo que tiene, sino también para garantizar una vida digna en ese territorio. Si tuviéramos opciones de vida en estos territorios, no tendríamos por qué salir. Es decir, el Estado no solo debe garantizar la vida digna, sino, ¡la vida misma!

Por parte nuestra, como pueblo afro, asumir lo que somos: somos pueblo afro, con todo lo que esto implica, con todas las consecuencias, y seguir defendiendo y legitimando nuestros derechos.

Un llamado al pueblo colombiano: quiero que sepan que no somos bichos raros. Somos parte del pueblo colombiano. Ayúdennos a dignificarnos. En la diferencia, está la riqueza.