El Programa de Beneficio a las Comunidades y el postconflicto en Colombia

Los costos de la guerra en Colombia hasta el 2013 solían ser apenas indicadores informativos del grado de inversión en seguridad que debe asumir el Estado como consecuencia del conflicto armado interno, como los 23 billones de pesos anuales que en promedio se asigna para este fin: un 3.5% del PIB o el 14% del presupuesto nacional. Ahora, con los diálogos de paz en marcha y un posible escenario de postconflicto, los indicadores económicos sobre el conflicto toman una nueva dimensión. 

Por: Guillermo Zabala, Juliana Granada y Jennifer Parra
Dirección de Comités y Asuntos Jurídicos de AmCham Colombia
Septiembre 4 de 2014
Foto: Asamblea General de AmCham. Reconciliación Colombia

 
De acuerdo con un reciente pronunciamiento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el logro de la paz generaría un efecto inmediato sobre la economía colombiana de dos puntos adicionales de crecimiento del PIB, lo que a su vez representaría unos 250 mil empleos nuevos y la reducción de la tasa de desempleo, que se ubicaría en un 7%.
 
Es por ello que uno de los mayores desafíos que existe actualmente para las empresas de cara al postconflicto es la creación de programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que contribuyan con la reintegración al mercado laboral de los actores vinculados en el conflicto. En este contexto, la atención se dirige al sector extractivo por cuanto es muy intensivo en capital y tiene una gran participación en el PIB nacional (un promedio del 14% durante los últimos cuatro años). Esta capacidad para impulsar la economía del país ha sido reconocida por figuras prominentes del sector como Javier Betancourt, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), quien ha manifestado que el peso de la industria extractiva en Colombia la convierte en un actor esencial para la construcción de nuevas oportunidades en el futuro próximo.
 
En consecuencia, estas compañías deben comenzar a revisar la forma de estructurar los programas en apoyo a la reconciliación y la reintegración laboral. Hoy en día se habla de la creación de valor compartido o shared value, en donde las compañías replantean la interacción que existe entre la sociedad y el desempeño corporativo a través de la generación de un valor económico compartido. Pero, ¿cómo hacerlo? Recientemente, los comités de Sostenibilidad Corporativa y de Infraestructura, Energía y Minería de AmCham Colombia propiciaron un espacio para que las empresas afiliadas conocieran el Programa de Beneficio a las Comunidades (PBC) de la ANH, en el cual las inversiones sociales obligatorias que deben realizar las empresas dedicadas a la industria del petróleo (en el marco de un contrato con la Agencia) se desarrollen de tal forma que contribuyan con el desarrollo humano de las comunidades en donde operan y con la reducción de la pobreza extrema.
 
En tal sentido, los PBC podrían articularse con otros programas o propuestas de acciones sociales con efecto directo en sus beneficiarios para la promoción, por ejemplo, de espacios para la vinculación laboral de los actores involucrados en el conflicto y/o su capacitación técnica para desempeñar oficios propios de la industria extractiva. Este tipo de  iniciativas van encaminadas a la consecución de un importante objetivo nacional: el fomento de programas de apoyo a la población vulnerable, que a menudo se encuentra en condiciones desfavorables o agravadas por el conflicto armado. 
 
La inclusión de este tipo de programas en  la política de RSE de las empresas contribuirá a mejorar la calidad de vida de la población y a combatir la desigualdad al permitir un dialogo abierto y constructivo con la comunidad por medio de la creación de espacios de confianza decisivos en la construcción de un valor compartido.
 
Ahora bien, aunque el PBC es una iniciativa para el sector de hidrocarburos en Colombia, extender su alcance a los sectores más productivos a nivel nacional podría llegar a ser la cadena de valor compartida más grande e importante del país. Este logro contribuiría de forma articulada a la paz, al desarrollo de la población, a la satisfacción de sus necesidades básicas y, en términos generales, al progreso que tanto busca la nación y que necesita el empresariado en Colombia para la existencia de un mejor ambiente de negocios e inversión.