Los retos que tendrá la justicia si se firma un acuerdo de paz

En  el foro Justicia, Responsabilidad y Memoria, el Fiscal General defendió la imposición de penas no privativas de libertad a guerrilleros desmovilizados. El Ministro de Justicia, Yesid Reyes, señaló que el fin de las penas no es la venganza sino restablecer la armonía social.

Octubre 2 de 2014

Un encuentro para compartir experiencias entre académicos alemanes y colombianos, realizado por la Universidad Nacional, el Centro Nacional de Memoria Histórica y el diario El Tiempo, sirvió como espacio para analizar los retos que tendrá que enfrentar la justicia colombiana si se firma un acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.

El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, defendió la imposición de penas alternativas que no impliquen privación de la libertad a los guerrilleros desmovilizados.

Explicó que la exigencia de que el Estado investigue y juzgue todos los delitos no es una regla inmodificable, sino que es un principio jurídico, que cuando entra en contradicción con otros, como la paz, puede aplicarse con ciertas limitaciones.

“El derecho a la justicia puede ser limitado cuando entra en colisión con el derecho a la paz. La solución, cuando se producen este tipo de colisiones, no es que prime el derecho a la justicia o el derecho a la paz, sino que haya una armonización de los dos”, explicó el Fiscal.

Señaló que existen dos vías para armonizar estos principios y para buscar un equilibrio entre justicia y paz: una maximalista y una minimalista.

Como ejemplo de la maximalista, dio el caso de la Ley de Justicia y Paz, que “buscó juzgar a todos por todo. Eso nos llevó a que de 30 mil desmovilizados solo 15 estén condenados”, dijo.

Aseguró que si Colombia quiere darle una solución negociada al conflicto, tendrá que inventarse un mecanismo que permita ese equilibrio entre justicia y paz, y al mismo tiempo dé seguridad jurídica, para que se pueda llegar a un cierre definitivo de las investigaciones contra quienes participaron en la confrontación.

“El fin de la pena no es la venganza”

Por su parte, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, analizó el papel que deben cumplir las penas en la reconciliación del país.
Explicó que la pena no es un acto de venganza contra los infractores, porque cuando es así pierde legitimidad, sino que su objetivo es precisamente contribuir a la reconciliación.

Por esa misma razón, la pena puede aplicarse con flexibilidad, no por qué el Estado no sea capaz de imponerla, sino porque no hacerlo contribuya a lograr un beneficio social.

“La reconciliación implica identificar a infractores, que den garantías de no repetición y que las víctimas sean reparadas”, agregó.

Debate sobre justicia y reconciliación

Tras las intervenciones de los dos funcionarios, el ex candidato vicepresidencial Carlos Holmes Trujillo; el Senador Horacio Serpa; Kai Ambos, Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano, y Martin Neumeyer, Miembro del Parlamento de Baviera, analizaron cómo se puede lograr ese equilibrio entre justicia y paz.

Trujillo afirmó que Colombia puede encontrar formas jurídicas creativas para la búsqueda de penas alternativas, pero no puede dejar de cumplir el compromiso que adquirió con la Corte Penal Internacional.

Recordó que si Colombia no juzga los delitos de lesa humanidad, la Corte puede adelantar su propia investigación.

Ambos, que hizo parte de la comisión alemana que contribuyó a la creación de la Corte, respondió de manera categórica que la Corte no se va a interponer en la posibilidad de que Colombia logre la paz.

Dijo que lo más importante es cuál es la decisión del pueblo colombiano frente al proceso de paz y que si esta es una decisión legítima, la Corte no va a intervenir.

Recordó que la Corte no ha intervenido aún en el caso colombiano a pesar de que los paramilitares pagaron penas de ocho años, que no son proporcionales al delito que cometieron.

El Senador Horacio Serpa manifestó que la justicia transicional es necesaria porque el conflicto no nació porque sí, sino por unas motivaciones políticas, y porque después de varias décadas los colombianos necesitamos la paz.

Neumeyer llamó la atención sobre la importancia de la reintegración, pues señaló que si la sociedad no acepta a las personas reintegradas no puede lograr una verdadera reconciliación.