Las dos visiones opuestas sobre el proceso de paz

Reconciliación Colombia comparó las principales objeciones planteadas por el Centro Democrático a las conversaciones con las Farc en La Habana y la respuesta dada por los negociadores del Gobierno a cada una de ellas.
 
Octubre 22 de 2014.
Fotos: Comunicaciones Paz Gobierno y Archivo Semana.


Si bien, el Gobierno desmiente buena parte de las afirmaciones del Centro Democrático, otros puntos quedan abiertos para la discusión.
 
Estas son las objeciones y sus respuestas:

 

Objeciones del Centro Democrático Respuestas del Gobierno

 
Tierra y propiedad


 
La principal premisa del acuerdo es lograr una transformación estructural del campo a partir de una Reforma Rural Integral (RRI) que desconcentre la propiedad y la colectivice. DESMIENTE. El Acuerdo respeta la propiedad privada. Es más, promueve un amplio proceso de formalización de la propiedad. Entre el 40% y el 50% de los predios carecen de títulos. Lo pactado está dirigido a superar eso. 
Los acuerdos crean unos instrumentos de extinción y expropiación altamente perversos. DESMIENTE. Es falso que el Acuerdo haya modificado las normas sobre expropiación o sobre extinción del dominio. Las normas que regulan estas materias están vigentes desde hace años, desde el siglo pasado. No le hemos cambiado una coma a esas normas.
 
Se expropiarán tierras por motivos de interés social o de utilidad pública. Se aplicará extinción administrativa de dominio (sin indemnización)  a los propietarios legítimos de tierras que supuestamente no cumplan la función social y ecológica de la propiedad. NO LO DESMIENTE, PERO ACLARA. La expropiación, si remotamente hay que utilizarla en zonas de gran microfundio, se hará mediante el pago de indemnización a valor comercial, incluyendo en esto la expropiación por vía administrativa que, por su lado, es una figura existente en el artículo 58 de la Constitución.  Y en cuanto a la extinción administrativa del dominio, para tierras inexplotadas, esta figura ha estado vigente desde hace 80 años, y refrendada desde la ley 160 de 1994.
 
El origen del terrorismo no es un conflicto por la propiedad de la tierra y el latifundio. ABIERTA A DISCUSIÓN. Estamos de acuerdo en que nada justifica el uso de la violencia en una democracia. Pero sí reconocemos que el conflicto de 50 años ha tenido graves efectos en el campo y el bienestar de la población, efectos que hay que reversar. A juicio del gobierno, como lo acaba de señalar la Misión Rural, la desigualdad en la distribución de la tierra es elevadísima. Creemos firmemente que brindar acceso a los pobres a la tierra y erradicar la ilegalidad en la apropiación de la misma, es un imperativo, una tarea que no da espera. Estamos dispuestos a defender esta idea en los escenarios de la democracia.

 
El Estado cede demagógicamente ante las FARC para empoderar a organizaciones comunitarias infiltradas y amedrentadas por el terrorismo. DESMIENTE. No  es cierto  que tales organizaciones, que existen en todo el territorio nacional, sean manejadas por las FARC. El gobierno confía en la gente y en su capacidad de participar al lado de las autoridades para mejorar sus condiciones de vida.
En contravía del desarrollo moderno de la agricultura que exige grandes inversiones  en extensas plantaciones, el acuerdo busca desconcentrar y repartir la propiedad, condenando al campo al atraso y a la improductividad. ABIERTA A DISCUSIÓN. Es cierto que en algunas zonas el desarrollo moderno exige grandes inversiones en extensas plantaciones. El Acuerdo hace énfasis en la economía familiar y campesina, pero no impide que se satisfaga esa necesidad, ya que explícitamente prevé que la agroindustria y la economía familiar pueden coexistir. Dice literalmente el Acuerdo, cito entre comillas, que el papel de la economía campesina se atiende “en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria”.
Los beneficiarios de extinciones de dominio y de expropiaciones de tierras serán no solo campesinos, sino “trabajadores con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente”. Esta definición abstracta de la población objetivo hace ilimitado el alcance de las medidas contra la propiedad rural legal.
 
DESMIENTE. La expresión “trabajador agrario” es la que usa la propia Constitución.
 

Financiamiento de los acuerdos
 
¿Cómo se financiarán esos 10 planes si hoy el Gobierno anda enredado con 12,5 billones del presupuesto de 2015? ABIERTO A LA DISCUSIÓN. Colombia tiene el potencial fiscal para asumir el compromiso de acometer las transformaciones que son indispensables para aclimatar la paz.
La sola reducción de la pobreza rural, como se propone en el punto 3 de la RRI puede costar más de 68 billones de pesos, si sólo se le diera como subsidio la suma de 136.192 pesos mensuales a cada persona pobre del campo por el plazo de 10 años que estipula el acuerdo. DESMIENTE. Ahí surge la idea anacrónica del asistencialismo directo que es lo contrario de lo que el gobierno tiene en mente. El enfoque del Acuerdo se fundamenta en provisión de bienes públicos con enfoque territorial, que en un esquema de libertad e iniciativa individual propicie el desarrollo. Eso de hablar de subsidios para “cada persona” durante una década es una caricatura que no contribuye a la lealtad en la discusión.
 
¿De cuantas hectáreas será el Fondo de Tierras? Supongamos que sea un millón de hectáreas año a través de la figura de expropiación. Eso implica en promedio 5 billones por año, una suma igual al impuesto a la riqueza que hoy tramita el gobierno en la reforma tributaria. NO LO NIEGA, PERO ACLARA. Este Fondo se nutrirá principalmente de tierras en manos de narcotraficantes y corruptos, o de personas que mediante el fraude le han arrebatado terrenos baldíos al Estado.

Zonas de reserva campesina
 
El gobierno le entrega al terrorismo la definición de las áreas de las Zonas de Reserva Campesina, que se convertirán en sus zonas de retaguardia estratégica. DESMIENTE. Las Zonas de Reserva Campesina son una figura de asociación más que está en la ley y que existe hace veinte años, el Acuerdo no modifica ni predetermina nada de esta figura. Apoyar el acceso a la tierra y los planes de desarrollo también en las Zonas de Reserva Campesina, es una forma de fortalecer las comunidades rurales. En un escenario de construcción de paz esto por supuesto no es una amenaza, es sinónimo de bienestar para quienes habitan en el campo.
Las FARC buscan convertír las ZRC en corredores geoestratégicos para la movilización militar, de tráfico de armas, drogas, contrabando, además del adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas. DESMIENTE. Decir que serán corredores estratégicos de las FARC no solo es contraevidente, porque el acuerdo ni de lejos permite esa posibilidad, sino que olvida que el Acuerdo implica la dejación de armas.
 


Dejación de armas
 
Si no hay ejecución de los compromisos gubernamentales las FARC no dejarán las armas, lo que coloca a este grupo criminal en el mejor escenario pues se les otorga poder territorial (ZRC y otras áreas), político (segundo punto del acuerdo) y militar (no dejación de armas hasta que se cumplan los compromisos). DESMIENTE. Las FARC aceptaron, por primera vez en su historia, discutir el proceso de “Dejación de armas”, que es el término técnico que se ha usado para estos procesos en Colombia. En todo caso el punto no ha sido aún discutido en esta fase del proceso y cualquier interpretación sobre el proceso de dejación de armas es pura especulación. Garantizamos que no habrá una especie de paz armadas en Colombia
 


Participación política
 
El acuerdo parte de la base de que en Colombia la democracia es estrecha, no es pluralista, y no hay garantías para la participación y la inclusión política. Concesión inadmisible al terrorismo. DESMIENTE. En ninguna parte del Acuerdo se dice que la democracia en Colombia sea estrecha, que no sea pluralista o que no existan garantías para la participación y la inclusión política. Es lógico que ante un cambio histórico de tal magnitud sea necesario abrir nuevos espacios de participación: el debate democrático siempre ha sido el mejor mecanismo para consolidar la paz.
 
Una revisión integral del régimen electoral debe hacerse con los partidos de la democracia y no con terroristas armados que asesinan y secuestran colombianos. DESMIENTE. La reforma del régimen electoral y el Estatuto de la Oposición serán discutidos luego del fin del conflicto, en democracia  y con todas las fuerzas políticas.
Con el pretexto de aumentar la participación comunitaria en las decisiones gubernamentales, de hecho se hacen universales las consultas previas cuyo abuso ha paralizado el desarrollo del país en muchos sectores. DESMIENTE. En ninguna parte del Acuerdo se aborda el tema de las consultas previas. Esta es otra enorme invención.
El acuerdo no contiene ninguna condena a” la combinación de todas las formas de lucha”, estrategia que han practicado los terroristas durante décadas y que ha producido centenares de miles de víctimas en el país. DESMIENTE. El Acuerdo del punto 2 dice: “La firma e implementación del Acuerdo Final contribuirá́ a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todos los colombianos”.
El gobierno guarda en secreto cuántas Circunscripciones Especiales de Paz le está ofreciendo a los terroristas, en cuáles sitios del país, con cuántos representantes a la Cámara, y durante cuántos períodos electorales. DESMIENTE: El Acuerdo no guarda nada en secreto. Simplemente no ha habido acuerdo aún sobre el número y duración de estas Circunscripciones.
El acuerdo señala que los partidos democráticos con representación en el Congreso de la República no podrán inscribir candidatos en esas Circunscripciones Especiales. Esto es entregarles las regiones al terrorismo, atenta contra la integridad territorial de la nación, vulnera la democracia y es inaceptable. NO DESMIENTE, PERO ACLARA.  La razón por la cual los partidos ordinarios no pueden competir allí, es porque ellos ya han obtenido la representación normal en cada departamento. Es para evitar que simplemente los partidos se apoderen de estas circunscripciones, cuya número transitorio de curules es adicional a las curules ordinarias.
 

Drogas ilícitas
 
En el acuerdo el gobierno no obligó a las FARC a reconocer lo que todo el mundo sabe: que son narcotraficantes. DESMIENTE: El Acuerdo ente el Gobierno y las FARC reconoce “que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también han atravesado, alimentado y financiado el conflicto”.
Las FARC no se reconocen como narcotraficantes,  en el acuerdo no asumen ninguna responsabilidad en el desmonte de este negocio ilícito. DESMIENTE: Las mismas FARC asumieron el compromiso, por una parte de “contribuir de manera efectiva, con la mayor determinación y de diferentes formas y mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas” y por otra parte “de poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno”.
La erradicación de los cultivos de coca queda subordinada al principio de la erradicación voluntaria y concertada. Para que esta ocurra el Estado debe haber garantizado previamente al campesino “condiciones para una vida digna”. DESMIENTE: No hay condiciones previas que el Estado deba cumplir antes de empezar el proceso de sustitución. Por otra parte, el Gobierno procederá a la erradicación manual de los cultivos cuando “haya algunos cultivadores que no manifiesten su decisión de sustituir los cultivos de uso ilícito o incumplan los compromisos adquiridos.

Más información en:
 
http://www.centrodemocratico.com/las-68-capitulaciones-de-santos-en-la-habana-centro-democratico/ http://wp.presidencia.gov.co/Noticias/2014/Octubre/Paginas/20141022_03-Gobierno-responde-a-las-criticas-infundadas-a-los-acuerdos-de-La-Habana.aspx