Personerías: el eslabón más débil de la Ley de Víctimas

Las entidades que tienen el mayor contacto con las víctimas en los territorios más apartados del país se quejan por falta de recursos y amenazas. Piden que el Estado las fortalezca para apoyar la construcción de paz territorial.
 
23 de octubre de 2014
Foto: Gobernación del Cesar. Los Personeros realizan su Asamblea Anual en Valledupar.

 
Para la mayoría de los colombianos de a pie, las personerías son entidades lejanas. Muchos no saben cuáles son sus funciones y algunos ni siquiera tienen clara su existencia.
 
Pero para las 6.9 millones de víctimas del conflicto armado, las oficinas de los personeros son entidades claves. No sólo porque son la puerta de entrada para acceder a las reparaciones que ofrece la ley, sino porque en los lugares lejanos en donde la institucionalidad es precaria, son el único enlace que las personas afectadas por el conflicto tienen con el Estado.
 
La responsabilidad que les dio la Ley de Víctimas es tan grande, que la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), entidad que agrupa a los personeros de todo el país, calcula que por las 1.102 personerías de toda Colombia han pasado el 85 por ciento de las víctimas que hoy atiende el Estado.
 
Además su labor es clave. Deben recoger los testimonios de todas las personas que se consideren víctimas y enviarlos a las oficinas de la Unidad Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV) para que allí definan si esas personas cumplen o no los requisitos para entrar a recibir los beneficios que contempla la ley.  
 
También tienen que acompañar y asesorar a las víctimas para facilitar su interacción con otras entidades municipales, regionales y nacionales. Ejercer la secretaría técnica de las mesas municipales de víctimas. E incluso, en muchos municipios y dependiendo de qué tan proactivo sea el personero, suelen acompañar los retornos de los desplazados a sus lugares de origen y articular a las entidades con las organizaciones.
 
Eso, mientras ejercen las otras funciones que les obliga la constitución: velar por el cumplimiento de los derechos, las leyes y las sentencias judiciales; apoyar a los ciudadanos de a pie en su interacción con las administraciones municipales, y vigilar la conducta de los funcionarios públicos.
 
Pero a pesar de estar cumpliendo con todas sus obligaciones en la mayoría de los casos, los personeros lo hacen en medio de enormes dificultades. Para empezar, los recursos con los que cuentan no siempre son suficientes para realizar su labor.
 
Andres Santamaría, personero de Cali y presidente de Fenalper, cuenta que cuando salió la Ley de Víctimas, el Gobierno Nacional preparó a las instituciones nacionales para que cumplieran su labor, pero que nunca se fijó en las instituciones locales. “Se les dieron recursos a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo, lo cual está bien, pero las personerías seguimos trabajando con los mismos recursos desde el año 1997”
 
Un problema que es más notorio en las ciudades y municipios más pequeños, en donde las personerías están catalogadas en quinta y sexta categoría, como Necoclí (Antioquia), en donde el conflicto armado se ha manifestado con fuerza, pero los personeros cuentan solo con una secretaria o un par de funcionarios.
 
En Cúcuta, por ejemplo, una de las ciudades que más víctimas recibe actualmente por el conflicto que se vive en el Catatumbo (Norte de Santander), hace dos años la personería empleaba todo su equipo humano en la atención a las víctimas y aún así no era suficiente.
 
“Tuvimos que hacer un convenio interadministrativo con la administración municipal, y así pudimos contratar a más personas para especializarlas en el tema. Así pasamos de 320 declaraciones en 2012 a 1.340 en 2013”, cuenta el personero Orlando Puentes.
 
Eso sumado a condiciones adversas de seguridad. Según cifras de Fenalper y la ACNUR, el 20 por ciento de todos los personeros del país están amenazados por algún tipo de grupo armado ilegal. Incluso, hace un mes, el personero de Suaza (Huila) se salvó de un atentado que las FARC le tenían preparado con una bomba lapa en su carro.
 
“El Estado no está cumpliendo con las medidas de  protección para los personeros, sobre todo en los pequeños municipios, en donde están las bandas criminales”, cuenta Santamaría.
 
A fortalecer los territorios
 
En medio de esas adversidades, muchos personeros se han convertido en el enlace clave entre las víctimas y el Estado en los territorios más apartados del país.
 
Para Ponts Rosenberg, jefe adjunto de la Embajada de Suecia en Colombia, en los viajes que esa delegación realiza a los territorios que apoyan con recursos, han podido valorar el trabajo que realizan muchos personeros. “En áreas del país en donde la presencia estatal no es fuerte, los personeros son los únicos actores que trabajan en la construcción de paz”, cuenta.
 
Por ese motivo, los personeros piden que el Gobierno Nacional fortalezca sus oficinas, pues son entidades claves a la hora de pensar en el posconflicto y en la construcción de paz. De hecho, los 1.102 personeros están reunidos desde hoy en Valledupar, adelantando la IV Asamblea Nacional de Personerías, que este año está dedicada a hablar de paz territorial (ver evento).  
 
“La construcción de la paz y la reconciliación, parten de los acuerdos que se pacten en La Habana, pero dependerán de la labor de las personerías en los territorios y de su indispensable fortalecimiento”, dice un comunicado en el que los personeros invitan a su asamblea.
 
Y esa parece ser la voz que se va a levantar en Valledupar. “Las personerías han hecho mucho más en el tema de víctimas que otras entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría”, le dijo Adela Aguirre León, personera de Pasto, a Reconciliación Colombia. “Al ser el puente entre el pueblo y las autoridades, deben fortalecerse y contar con más recursos. Acá en la personería, por ejemplo, tenemos sólo 11 delegadas que tienen que trabajar en todos los frentes, incluyendo el tema de la corrupción”.
 
Para Orlando Puentes, personero de Cúcuta, el Gobierno debería crear un Conpes que garantice los recursos para financiar la aplicación de la Ley de Víctimas y de esa manera entregar recursos a entidades territoriales como las personerías.
 
Incluso, propone que se cree una entidad o una división dentro de la Unidad de Víctimas para que controle esos recursos y vigile su aplicación. Algo que podría ser útil, pues en las entidades nacionales hay temor por los problemas que pueden surgir teniendo en cuenta que los personeros deben ser elegidos por los consejos municipales, algo que no los blinda de dinámicas y cuotas políticas.
 
De cualquier forma, para cumplir con los compromisos de la Ley de Víctimas y para preparar al país para el posconflicto y la ‘paz territorial’ de la que tanto habla el Gobierno, es necesario fortalecer las entidades que tienen presencia y contacto con las comunidades en los territorios. Un trabajo que es mejor comenzar a hacer desde ya.