‘Sin reforma agraria real difícilmente se alcanzará la paz’

Históricamente el acceso a la tierra ha sido desigual e informal. Cuando los campesinos se han organizado para reivindicar sus derechos han sido aplacados con la aplicación sistemática de violencia. El resultado: reformas agrarias residuales.
 
26 de septiembre de 2014
 
Historias de las disputas por el acceso y tenencia de la tierra y dinámicas de violencia articuladas a territorios en conflicto por grupos armados (legales e ilegales), terratenientes y grupos económicos son algunas de las características del problema agrario, abordadas por un panel de expertos en la quinta jornada de la Cátedra ¡Basta ya!
 
Para John Jairo Rincón García -sociólogo y geógrafo y también investigador del Grupo de Memoria Histórica de la que fue la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación-, el conflicto armado colombiano ha estado marcado por las constantes disputas por el acceso a la tierra.
 
Históricamente se encuentran regímenes de tenencia y uso de la tierra que están ligados a dinámicas políticas, económicas y culturales amparadas por esquemas legales. Entre los años 20 al 40 fue la violencia ejercida por los terratenientes, entre el 40 y el 60 hicieron aparición los grupos de autodefensa campesina y desde los 60 estuvieron las guerrillas. “Estos son factores explicativos del conflicto que han permitido la marginalización del campesinado en el país”, señalo Rincón.
 
Los procesos de alta concentración de la tierra, la falta de registros de tenencia de la propiedad, el uso del suelo y la explotación de recursos han generado procesos de exclusión para colonos, indígenas y afrocolombianos, que se han visto afectados por terratenientes que encuentran en los procesos redistributivos de la tierra una amenaza. También entran en esta escena violenta, narcotraficantes que luchan por territorios estratégicos para la producción y transporte de drogas.
 
Desde los años 70 se calcula que han sido cerca de seis millones de hectáreas las que han sido despojadas por la violencia a los campesinos. “El problema es que al campesino se le ha querido vincular al conflicto como actor de la lucha por el acceso a la tierra, pero no como víctima de la violencia. Hoy en día los campesinos no tienen una identidad sociocultural que les permita definirse como actor en los procesos de justicia y reparación”, agregó el sociólogo.
 
Este panorama ha generado situaciones de despojo en 1.038 municipios del país y por eso se hace importante hablar de una política agraria integral que dimensione el conflicto y tenga en cuenta a los campesinos.
 
Por su parte, Yamile Salinas, asesora de Indepaz e investigadora del Centro Nacional de Memoria Histórica en desplazamiento forzado y regiones especiales, manifestó que las disputas por la tierra y los territorios han sido un elemento central del conflicto donde guerrillas, narcotraficantes, paramilitares y empresarios (mineros y petroleros) han buscado salvaguardar sus intereses afectando a las comunidades.
 
Estos procesos han generado masacres, desplazamientos y despojos, lo cual ha desembocado en desordenamiento de los territorios y la consolidación de economías ilegales. Sumado a procesos de impunidad que no permiten conocer quiénes se han apropiado de las tierras, cómo las consiguieron y cómo se están utilizando. “Con lo cual se profundiza la marginación de los campesinos y los indígenas”,  manifestó Salinas.
 
Sin embargo, rescató que desde la Ley de Justicia y Paz se han adelantado procesos por parte de los fiscales que han permitido develar las alianzas existentes entre políticos, narcos, paras, empresarios y miembros de las Fuerzas Armadas. Alianzas que siguen siendo vigentes en muchos territorios y que se deben empezar a desmontar.
 
Finalmente argumentó que se necesitan políticas estructurales que logren equilibrar las temáticas de derechos humanos e intereses económicos, que permitan reconocer a las víctimas y garantizarles mecanismos de restitución y acceso real a la tierra.
 
“Sin política agraria integral y si no se determina que élites determinaron los crímenes será muy difícil hablar de paz”, enfatizó.
 
En el desarrollo del ciclo de la Cátedra ¡Basta ya! La próxima sesión numero seis abordará los temas “Narcotráfico y presencia desigual del Estado en las regiones” como otro de los factores explicativos del conflicto armado en Colombia.
 
Para los interesados en seguir la Cátedra y sus contenidos, desde aquí se puede acceder al Modulo 2 del curso y acá se puede descargar el capítulo 2 del Informe ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad.
 
Si desea descargar la presentación de Yamile Salinas, lo puede hacer aquí.