¿Cómo manejar los conflictos entre las empresas y las comunidades?

Expertos peruanos y bolivianos comentaron sus experiencias de concertación entre comunidades y empresas extractivas de recursos naturales. Colombia es el lugar de América Latina con más conflictos ambientales por este tipo de industrias.

6 de diciembre de 2014

Se evidenció que más allá de las recetas, lo complicado es ponerlas en práctica.

El comisionado de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad del Perú, Wilson Llaja, vino a Bogotá explicar el grado de importancia que el gobierno de su país da a los conflictos en los que se ven afectados los intereses de las comunidades:

Cuando una de las empresas mineras más grandes del país tenía un conflicto con las comunidades donde actuaba, llamaba directamente al Presidente para solucionarlo. Ya no es así. En este Gobierno (el de Ollanta Humala) se creó una oficina especializada para que los habitantes de los sitios donde se desarrollan proyectos extractivos no siguieran siendo burlados con esta estrategia”.

Fue el ejemplo concreto de Llaja para comentar que fue profunda la transformación que ha vivido su país en torno al tratamiento de los conflictos sociales.

El modelo desarrollado desde su despacho ha sido reconocido internacionalmente como un ejemplo de fortalecimiento de la participación de las comunidades en los proyectos de desarrollo y por eso fue que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD- y la Agencia Nacional de Hidrocarburos -ANH- lo invitaron a Colombia.

Durante el Seminario Latinoamericano sobre Conflictividad en las Industrias Extractivas que se realizó en Bogotá participaron expertos en estrategias de diálogo democrático para solucionar conflictos sociales.

El objetivo era aprender de las experiencias de los vecinos en momentos en que el país no solo está en conversaciones para acabar la guerra, sino que le está apostando a un modelo económico que ha multiplicado las protestas sociales en los últimos años, por cuanto han llegado con sus industrias extractivas a las regiones colombianas.

Según el Atlas de Justicia Ambiental, Colombia es el lugar de América Latina con más conflictos ambientales causados por la extracción de minerales e hidrocarburos.

Perú también vivió un auge en este sector en la última década, pero las tensiones derivadas de estas actividades fueron canalizadas por las vías institucionales.

Para Llaja el mayor acierto del gobierno de Ollanta Humala fue permitir la libertad de empresa, pero consolidando la presencia del Estado en todo el territorio. Como en casi todos los países del Continente, las actividades extractivas se desarrollan en zonas pobres y alejadas de los centros de poder. “Pero nosotros cambiamos el chip y acercamos el Estado a las regiones para asegurar la participación de sus gentes en los beneficios del desarrollo económico”, explica Llaja.

Esto fue confirmado por Iván Ormachea, presidente de ProDiálogo, una organización civil que ha servido como mediadora en varios conflictos en Perú. Según Ormachea, el rol del Estado en disputas como la que enfrentó a una comunidad quechua con una minera canadiense fue fundamental para que se llegara a un consenso entre las partes.

Sin embargo, para este analista es importante no perder de vista que la construcción de una cultura de diálogo necesita de un cambio estructural que involucra a las escuelas y a los medios de comunicación. “Muchas veces uno llega a escenarios donde la gente está predispuesta a atacar al contrario. No para escucharlo. Eso es lo primero que un mediador tiene que desactivar cuando interviene en estas situaciones”, dijo Ormachea.

Uno de los temas clave en Colombia es la presencia de minorías étnicas en zonas con alto potencial de explotación y exploración de recursos naturales. Esta ha sido la fuente de múltiples discusiones sobre los procesos de consulta previa y licenciamiento ambiental para proyectos estratégicos de desarrollo. Por un lado, están quienes dicen que estos trámites se convierten en un palo en la rueda del progreso y, por el otro, están los que creen que deben fortalecerlos para evitar que arrasen con sus territorios.

El caso boliviano es otro que deja algunas lecciones. Ángela Cuentas, asesora en transformación de conflictos de la cooperación alemana GIZ, señaló que la interacción con las comunidades indígenas y negras debe comenzar con la eliminación de los prejuicios que se tienen sobre esos grupos.

También es importante reconocer que estas comunidades tienen visiones diferentes del mundo y, en muchos casos, contrapuestas a la mayoritaria, por lo que la transformación de sus territorios, basada en argumentos puramente económicos, puede llegar a ser muy conflictiva.

En ese sentido, para Cuentas el objetivo de todo proceso de diálogo debe ser la construcción de significados compartidos que permitan el beneficio para todos los actores involucrados. Sin embargo, es claro que cada situación es diferente y que no se puede aplicar un modelo universal de solución de conflictos.

La presencia del Estado en la totalidad del territorio, el fomento de una cultura de diálogo y el respeto por el otro son otras de las conclusiones para evitar que las conflictividades sociales deriven en conflictos violentos revisadas durante el seminario internacional.

En realidad, este ideario no contiene ninguna novedad. De hecho, se trata de aspectos que el propio Gobierno colombiano ha reconocido como falencias que alimentan el conflicto violento en el país. El reto consiste en llevarlo a la práctica, de verdad-verdad, y por primera vez en la historia.

En la mañana, durante el mismo espacio del PNUD y la ANH habían sido revisados casos que se han desarrollado en el territorio colombiano y que apuntan a promover una inversión social “exitosa” específicamente en el sector de los hidrocarburos.

Allí fueron expuestas experiencias que ya vienen aplicando una metodología que permite una consulta efectiva con las comunidades acerca del destino de las inversiones sociales obligatorias por ley (en el sector de hidrocarburos las industrias deben destinar el 1 por ciento del total del contrato otorgado).

Y fueron socializadas tres publicaciones que documentan este tema. La primera, una ‘Guía para la gestión de los PBC con enfoque de desarrollo humano y reducción de la pobreza extrema en Colombia’, que orienta a las empresas de hidrocarburos la gestión de los programas en beneficio de las comunidades.

La segunda, presenta la línea de base de los ‘Programas en beneficio de las comunidades implementados por el sector de hidrocarburos en Colombia’, que muestra el desarrollo de los programas en beneficio de las comunidades. Y el tercero, presenta ‘Siete lecciones aprendidas para una inversión social exitosa en el sector de hidrocarburos’, tras documentar y sistematizar las experiencias de inversión social del sector con el fin de obtener lecciones aprendidas (1. La confianza es la base del éxito; 2. Construir sobre lo construido; 3. La unión hace la fuerza; 4.  Preparar para el futuro; 5. Sin lo esencial no hay desarrollo; 6. Conocer para conservar y 7. Las alertas que se deben tener en cuenta).

Las tres publicaciones hacen parte del proyecto de fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la planificación, el seguimiento y la evaluación de los PBC implementados por el sector de hidrocarburos, de la ANH y el PNUD.