La paz verde que propone Naciones Unidas

El sistema de agencias de la ONU en Colombia produjo un documento en el que evalúa los desafíos ambientales del posconflicto. Sus recomendaciones son muy concretas y, si hay voluntad política, relativamente fáciles de incorporar en la futura política pública.

22 de enero de 2015

El informe deja claro que si Colombia quiere una paz sostenible debe incluir el enfoque medioambiental en la implementación de los acuerdos que eventualmente terminen el conflicto armado. Está pensando en las Farc, ya que la priorización de los 125 municipios del posconflicto -en la que está basada el estudio- fue hecha por presencia y actividad de esta guerrilla, pero eso no quiere decir que el Eln no pueda contarse en estos esfuerzos, ahora que dice estar dispuesto a dejar las armas.

“Los mejores lugares de Colombia están en territorios muy remotos, donde también está el conflicto armado. Las zonas donde este se ha concentrado son de altísima riqueza y potencial ambiental. ¡Hay que decir, que la existencia del conflicto indirectamente ha protegido al medio ambiente!”, explicó Fabrizio Hochschild al comentar el informe sobre ‘La construcción de una paz estable, duradera y sostenible’.

Lo hizo con base en su experiencia internacional, la cual, dijo, ha mostrado que la implementación de los acuerdos de paz puede terminar siendo dañina para el medio ambiente si esta no procura un desarrollo sostenible.

Según datos recopilados por el informe, Colombia destina a la institucionalidad ambiental el 0,06 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que países conscientes del impacto ecológico sobre generaciones futuras lo hacen entre el 1 y 2 por ciento.
Aunque el tema mediambiental no está en la agenda pública nacional, tiene relación directa con las discusiones que se están planteando en La Habana. Concretamente con el primer punto de la agenda: política de desarrollo agrario integral.

Para las Naciones Unidas, la implementación de lo acordado por las partes en este punto debe considerar, por ejemplo, “las características de vocación del suelo”. Ya que solo de una forma innovadora y que atienda la realidad, las áreas remotas y apartadas lograrán darles desarrollo a los pobladores rurales, pues “los mejores suelos son los que primero se ocupan. En Colombia estos suelos ya están ocupados. Hay que buscar alternativas distintas a las ortodoxas para jalar el desarrollo”.

Por eso, entre las recomendaciones que expone está la de que haya un “pacto social” en torno al ordenamiento territorial ambiental. Así lo explicó el experto de desarrollo sostenible y consultor del PNUD, Juan Pablo Ruiz.  “En los lugares donde se va a construir el posconflicto las instituciones son muy débiles. La expectativa sobre acuerdos exige un cambio pronto en las condiciones de vida de los pobladores locales. Esta es la oportunidad para que vías terciarias y demás infraestructura física que se pretenda, pueda encauzarse y no se vaya por donde no es. Es decir por la deforestación. El pacto social da espacio a la planificación territorial y, por ende, al desarrollo de estas comunidades marginadas históricamente”.

En consecuencia, el Estado tiene que profundizar la protección de las zonas de reserva forestal y reconocer que las zonas de reserva campesina son un buen camino para la sostenibilidad del medio ambiente y, a la vez, para la promoción del desarrollo agrario comunitario. Hoy en día esta última figura está satanizada.

Esto puede parecerse a recitar el Rosario, pero no lo es. Hochschild advierte que lo que busca el informe es evitar que migren los conflictos sociales: “ya existen en Colombia tensiones y estas crecerán si no hay medidas preventivas. El 48 por ciento de las tierras en Colombia ya se encuentran afectadas por la erosión. Y un 80 por ciento de la población colombiana vive en lugares afectados por la sequía. Se pueden aumentar los conflictos en torno al uso de la tierra”, dice el diplomático.

Y añade: “hay mucho que se puede hacer para evitar dañar el medio ambiente: planes de ordenamiento territorial con una paz verde. También aprovechar el ecoturismo, la provisión de agua, los bosques, los ecosistemas para potencializar la regulación ambiental en estos tiempos de cambio climático”.

Necesariamente, además, hay que hablar de la minería, tanto legal como ilegal. La ONU advierte que de ninguna forma plantea que no haya industria extractiva en Colombia, sino que esta se desarrolle conforme a los estándares medioambientales y esto necesita de una institucionalidad fuerte, que hoy no existe.“De las áreas priorizadas vemos que 16 de 13 Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tienen los recursos más pobres, pero, a la vez, la ejecución más pobre”, aportó Jimena Puyana, oficial de Desarrollo Sostenible del PNUD y recalcó esta idea: “La incorporación de sostenibilidad ambiental puede llevar al fracaso o al éxito de una Colombia con desarrollo sostenible”.

Por eso, dentro de sus recomendaciones el informe plantea establecer capacidades técnicas y financieras para el posconflicto en determinadas áreas y, hacia futuro, dedicar estudios específicos al tema de la industria extractiva para mejorar su impacto.
Los municipios priorizados por el sistema de las Naciones Unidas tienen problemas de deforestación y ampliación de la frontera agropecuaria como consecuencia de la siembra de cultivos con fines ilícitos (coca y amapola principalmente). También son territorios de alto riesgo por presencia de minas antipersona. Retos que el informe plantea claramente, pues el documento no analiza hacia atrás, sino hacia delante de forma que “trabaje los pasivos mediambientales como la voladura de oleoductos, las aguas contaminadas, las minas antipersona, entre los principales”.

Todos estos temas no solo tienen que ver con la agenda con las Farc, en el sentido de que las reformas que plantean La Habana pueden ser una oportunidad para Colombia sí se aprovecha. También tiene que ver con el Eln, que ha predicado su interés en los temas mediambientales, a pesar de que también los depreda  cuando vuela oleoductos, una de sus recurrentes prácticas.

“Ojalá pueda haber una paz integral con los dos grupos de guerrilla. Lo más importante es que, dado que el conflicto tiene lugar en las áreas más sensibles desde el punto de vista de desarrollo sostenible, pueda integrarse a todas las implementaciones de los acuerdos de paz”, puntualizó Hochschild.

El documento fue elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Organización Internacional para las Migraciones, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, el Programde las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el equipo de expertos independientes Darío Fajardo, Juan Pablo Ruiz, Julio Carrizosa y Guillermo Rudas, con el apoyo de la Cooperación Alemana.

Lea aquí el informe completo.