Sin lugar para la venganza

¿Es posible la vida en comunidad entre víctimas y victimarios? En El Carmen del Atrato llevan varios años ensayando una reconciliación espontánea entre ambos.

Artículo publicado en la edición nacional de la revista Reconciliación Colombia.
Foto: Federico Ríos. Reconciliación Colombia

 
La violencia

Guaduas es una vereda al suroriente del municipio del Carmen del Atrato, en el departamento del Chocó. Para llegar a ella un vehículo de doble tracción debe transitar más de una hora por una vía de piedra y barro que bordea una pendiente hasta alcanzar una cumbre desde donde se ve el serpenteo del río Guaduas, para luego descender hasta un pequeño valle.
 
Las casas de los campesinos van apareciendo de a poco, mientras el ganado pasta y los perros salen al encuentro de las llantas del vehículo. Fue en este bello paraje, en agosto de 1993, donde una disidencia del ELN se radicó definitivamente bajo el nombre de Ejército Revolucionario Guevarista (ERG).
 
Su comandante y fundador fue Olimpo Sánchez Caro, un campesino nacido y criado en Guaduas quien por esos años rondaba la treintena y quien supo aprovechar la coyuntura para ganarse alguna confianza entre no pocos pobladores de la vereda. “Los campesinos venían siendo presionados por la fuerza pública –explica el alcalde del Carmen del Atrato, Alexander Echavarría Agudelo–: se quejaban de abusos por parte de la policía y del ejército, de golpizas, de señalamientos que los incriminaban como guerrilleros o colaboradores de la guerrilla. Por eso, cuando el ERG se ubicó allá y combatió a la fuerza pública recibió el apoyo de muchas personas”.
 
Sánchez Caro, cuyo alias más común fue Cristóbal, incorporó a las filas del ERG a varios miembros de su familia y reclutó a otro tanto de los pobladores. Según algunos habitantes del Carmen del Atrato, durante los primeros meses de existencia, esta guerrilla pareció ser una legítima aliada de los campesinos más pobres. Pero no mucho después, con el recrudecimiento del conflicto armado en la región tras la llegada de paramilitares y de las Farc, este grupo actuó como cualquier banda de matones: ejecutaba a miembros de sus filas, sobre todo a niños y adolescentes que luego de haber sido reclutados se arrepentían y querían volver a sus casas; secuestraba y extorsionaba lugareños para financiarse, asesinaba campesinos sospechosos de ser informantes del ejército o de los paramilitares, detenía vehículos que recorrían la vía Medellín-Quibdó, atracaba a sus ocupantes y en ocasiones se llevaba a alguno. “Fue una situación terrible –observa el alcalde–. Era gente del pueblo haciéndole daño a la gente del mismo pueblo”.
 
Si bien fue de los únicos grupos armados ilegales al que nunca se le pudo demostrar negocios de narcotráfico, sí creció hasta expandirse por parajes distantes de los departamentos de Antioquia, Risaralda, Valle del Cauca y del mismo Chocó. En su momento más fecundo, año 2000, llegó a tener cerca de 120 hombres-arma distribuidos en comisiones –grupos de diez a 30 guerrilleros itinerantes con nombres como los Conquistadores, Héroes de Belén, los Patriotas, los Vencedores y los Libertadores–.
 
El ERG logró permanecer activo hasta agosto de 2008, fecha en que tuvo lugar su desmovilización bajo los acuerdos establecidos por la Ley de Justicia y Paz. Durante el acto de entrega de armas, en la cancha de fútbol de la vereda, alias Cristóbal reveló que los combates con el ejército más la deserción de sus hombres había diezmado la capacidad de «operación» de esta guerrilla, es decir, su capacidad criminal. En 2003, la Alcaldía del Carmen y el Concejo habían tentado a Cristóbal con que desmovilizara al grupo, haciendo uso de la confianza natural como estructuras y habitantes originarios del mismo pueblo. Pero no hubo acuerdos debido, entre otras cosas, a la promesa de los beneficios que otorgaría la futura ley de justicia transicional. En total, fueron 45 combatientes, entre los que había 16 mujeres y cinco niños, quienes entregaron armas.
 
En la primera ronda de imputación de cargos contra los comandantes del ERG en octubre de 2013, la Fiscalía enumeró el reclutamiento de 21 menores de edad, el desplazamiento de 53 familias, 89 secuestros, 23 casos de abuso sexual y la desaparición de 38 personas. Sin embargo, las víctimas esperan que en las jornadas sucesivas los cargos aumenten a 144 asesinatos, 175 secuestros, 118 desplazamientos forzados, dos abusos sexuales más y 17 abortos forzados.
 
En la actualidad, son 20 los desmovilizados de este grupo postulados a la ley de Justicia y Paz.
 
La reconciliación
 
El Carmen del Atrato es un municipio de 7.000 habitantes situado en lo profundo de los Andes colombianos, cuando ya las cordilleras Occidental y Central parecen una sola cadena de páramos y cañones que se acuestan luego en los valles de los ríos Cauca y Magdalena. Edificado en la inclinación más suave y baja de una pendiente montañosa de casi 90 grados, su ascendencia cultural ha sido antioqueña: los carmeleños hablan en un acendrado acento paisa, sirven fríjoles a la mañana, al mediodía y a la noche, y beben el aguardiente de la licorera de Antioquia.
 
Su economía es del todo agropecuaria, aunque en sus tierras funciona la única mina de cobre de Colombia y desde hace unos meses algunos de sus pobladores laboran en la pavimentación de la vía Medellín-Quibdó.
 
Luego de la desmovilización del ERG varios de quienes habían sido parte de esta guerrilla terminaron viviendo en el casco urbano del Carmen y en algunas veredas entre las que está, por supuesto, Guaduas. Hoy, sobre todo en los días de fin de semana, es común que la gente del pueblo se cruce cotidianamente con quienes fueron sus victimarios. En Guaduas, para no ir más lejos, una de las desmovilizadas se ha dedicado a preparar la comida para los niños de la escuela de la parte alta de la vereda y se ha granjeado la cordialidad de los campesinos. “Yo no soy de acá –dice–, pero la gente de la vereda me ha tratado muy bien. Acá vivo y acá me han permitido criar a mis hijos”.
 
En el sector del Siete, paraje comercial de la carretera a Quibdó, un hombre que fue secuestrado por el ERG ve pasar casi todos los días a un ex miembro de esa guerrilla que también fue uno de los culpables del secuestro. La víctima se llama Carlos Hernán Maya y dice: “Me toca verlo pasar, pero volteo la cara para evitarme la rabia. No tengo ninguna intención de vengarme o de hacerle daño a ese personaje, pero espero que la vida le cobre todo lo malo que ha hecho”.
 
Cuando estos desmovilizados empezaron a asentarse definitivamente en El Carmen, algunos líderes comunitarios temieron que se desatara una violencia de retaliación. “Pensé que acá se iba a armar una batalla campal –dice el alcalde Echavarría Agudelo–, pero no. Creo que las heridas han cicatrizado. Se ven, las vemos como una radiografía de lo que acá ha sucedido, pero el odio y el rencor ha desaparecido. Y ha sido un perdón natural: ninguna agencia del Estado vino a mediar”.
 
La opinión es otra cuando los campesinos se refieren a los comandantes del ERG. Sobre todo a Olimpo Sánchez Caro y a sus hermanos. “Dicen que están a dos años de salir de la cárcel –habla una mujer a quien el ERG le asesinó a su marido hace más de diez años–. No sé qué va a pasar. En un tiempo les tuve mucho rencor, pero ya hoy no siento nada por ellos. Y mucha gente del pueblo no siente nada por ellos. Pero sí tienen muchos enemigos, sobre todo en los municipios vecinos”.
 
El alcalde agrega que uno de los enemigos naturales que dejó el ERG fueron las Farc. Un doble asesinato ocurrido en Guaduas en 2010 de dos exmiembros de la guerrilla de los hermanos Sánchez Caro fue atribuido al frente 34. “Si fuera por nosotros, por la gente del Carmen, nadie más caería asesinado. Pero la vida de alguien que fue guerrillero queda signada por la violencia”.
 
Una de las personas originarias de Guaduas que ha sido parte del proceso de reinserción de los desmovilizados a la vida civil ha sido José Jesús Sánchez Velásquez, conocido como el profesor Jota. Más que ningún otro carmeleño, el profesor conoce a qué se dedica cada desmovilizado, dónde vive y qué tipo de vida está llevando. A la pregunta si cree que en el Carmen del Atrato está sucediendo un proceso de reconciliación real entre víctimas y victimarios, dice: “Es una convivencia casi normal. Muchas víctimas todavía tienen rencor y resentimiento, para algunas es muy difícil hacerse a la idea de que quienes asesinaron a sus familiares anden por ahí como si nada. Pero al día de hoy la gente ha vivido sin ganas de vengarse”.