Las amenazas contra los periodistas en Colombia

En su informe ’60 años de espionaje a periodistas en Colombia’, la Fundación para la Libertad  de Prensa (FLIP) sigue registrando un alto número de agresiones contra los periodistas. El posconflicto, el gran reto para la prensa.

9 de febrero de 2014

Hoy, en el marco del día del periodista, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) publicó su informe anual, titulado ’60 años de espionaje a periodistas en Colombia’, un documento que muestra el preocupante panorama que viven muchos reporteros, sobre todo en las regiones más apartadas del país.

Según la organización, eventos como el caso de espionaje que se conoce como Andrómeda, la lista de periodistas en manos de la central de inteligencia del Ejército, o el asesinato de Luis Carlos Cervantes en Tarazá (Antioquia) no son aislados y demuestran que quienes ejercen el oficio de informar la realidad, muchas veces son perseguidos y acallados.

En el 2014, de hecho, la FLIP registró 131 agresiones directas contra la prensa en Colombia, que causaron 164 víctimas.  Las acciones más frecuentes contra periodistas en el año anterior fueron las amenazas (60 casos), la obstrucción al trabajo periodístico (34 casos) y las agresiones físicas (22 casos).

“Esta cifra incluye casos como los diferentes panfletos con amenazas colectivas contra comunicadores en Valle del Cauca, Bogotá y otros lugares del país; la destrucción del computador del periodista Javier Osuna y la detención arbitraria por parte de la Policía al fotógrafo Esteban Vanegas en Medellín”, dice el documento.

Otra situación que resalta el informe son los problemas en la protección de periodistas por parte del Estado. Actualmente 114 periodistas tienen medidas gracias a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pero 50 de ellos han manifestado tener problemas con sus esquemas. Además, según la FLIP, “los problemas administrativos y presupuestales de la UNP fueron una constantes y han desencadenado la ineficacia en la prestación de la seguridad de algunos periodistas en riesgo”.

Algo que empeora si se tiene en cuenta que la impunidad es la regla en los casos de periodistas agredidos en Colombia. Durante el 2014, por ejemplo, prescribieron tres casos de asesinato sin avances sustanciales en la investigación y otros tres pueden prescribir este año. Sin embargo, hay excepciones; el caso de Claudia Julieta Duque –perseguida y hostigada por el DAS– avanzó con una condena y el reconocimiento de responsabilidad de dos de los victimarios.

El documento también pone de relieve el poder de la pauta publicitaria para bloquear la libertad de expresión de los periodistas y los medios de comunicación.  “A pesar de existir un artículo en el Estatuto Anticorrupción que da criterios para que no se abuse de este recurso, todavía no existe una reglamentación que los ponga en práctica. Por otro lado, este debate vuelve a ser relevante en el Congreso con un proyecto de ley que fue presentado por el Centro Democrático, y mediante su inclusión como uno de los acuerdos parciales entre el Gobierno y las FARC en el punto de participación política”, dice.

60 años de espionaje

El análisis central del informe de la FLIP está dedicado al espionaje contra los periodistas. El documento afirma que desde que en 1953 se creó el Servicio de Inteligencia Colombiano  en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, varios Gobiernos han utilizado agencias estatales para escuchar a sus opositores y a los periodistas que les incomodan.

Un caso emblemático es el de Gabriel García Marquez, quien fue perseguido durante el Gobierno del presidente Julio Cesar Turbay, quien con el Estatuto de Seguridad le dio facultades extraordinarias a las Fuerzas Militares.  El nobel colombiano no fue el único. Periodistas como Daniel Samper Pizano, Olga Behar y Antonio Caballero tuvieron que salir exiliados por los seguimientos y abusos de agentes estatales.

También asesinatos emblemáticos, como el de  Jaime Garzón, tuvieron episodios de espionaje. De hecho el exdirector del DAS Jose Miguel Narváez está afrontando un juicio por haber participado en el plan para asesinar a Garzón.

Otro caso conocido es el de los seguimientos del DAS a periodistas y opositores durante el Gobierno del presidente Alvaro Uribe Velez. La FLIP documentó 16 casos de periodistas víctimas de seguimientos, montajes y amenazas durante esa época. Hollman Morris, Daniel Coronell, Carlos Lozano, Gonzalo Guillén, Alfredo Molano y Claudia Julieta Duque, entre otros, fueron perseguidos por el aparato estatal.

El informe incluso afirma que el espionaje sigue y pone el ejemplo de Andrómeda, la fachada denunciada por Revista Semana en la que miembros del Ejército supuestamente tenían interceptado el proceso de paz en La Habana.  

Posconflicto en el horizonte

Uno de los retos inmediatos para el periodismo en Colombia es un eventual posconflicto. Según el informe de la FLIP, en los acuerdos parciales entre el Gobierno Nacional y las Farc que fueron revelados en septiembre de 2014, hay puntos relacionados con los medios regionales, públicos y comunitarios.

Temas como la apertura de nuevas convocatorias para radios comunitarias en zonas de conflicto o la entrega de espacios para partidos minoritarios y alternativos deberán implementarse en el país si se llega a un acuerdo final en Cuba. “Es fundamental que estos aspectos se discutan a la luz de los estándares de libertad de expresión para que su implementación resulte en mejoras para este derecho en el país”, dice la FLIP.

En ese mismo sentido, otro reto es buscar que se salden las deudas del conflicto con la prensa. Algo que ya se han empezado a tener en cuenta en los foros de víctimas que organizaron la Universidad Nacional y las Naciones Unidas, y en los viajes de víctimas del conflicto a La Habana, con la presencia de la periodista Jineth Bedoya.


Puede leer el informe completo aquí.