Víctimas que fueron a La Habana denuncian amenazas

Las 60 víctimas denunciaron ataques, intimidaciones y el asesinato del hijo de una de ellas. También hicieron varias propuestas  y expresaron su decisión de vigilar los avances del proceso de paz.

20 de febrero de 2015
Fotos: Daniel Reina

Las 60 víctimas que tuvieron la oportunidad de viajar a La Habana (Cuba) y de reunirse con las delegaciones de paz del Gobierno y las Farc denunciaron este viernes que varios de ellos han recibido ataques y amenazas reiteradas.

La denuncia la hicieron en el marco de un encuentro de tres días que había anticipado Reconciliación Colombia,  en el que las cinco delegaciones  –incluyendo a Tulio Murillo Ávila, un guerrillero preso en Cúcuta que participó vía teleconferencia– intercambiaron experiencias y se comprometieron a hacerle seguimiento al proceso de paz.

Nilson António Liz Marín
Aunque no está claro cuántas de las víctimas han sido amenazadas, varias de ellas han aparecido en panfletos y han recibido mensajes agresivos por las redes sociales.

A una de ellas, incluso, le mataron un hijo el 1 de enero, aunque aún no se sabe si el hecho tiene relación con el viaje a La Habana.

Se trata del hijo de Nilson António Liz Marín, representante de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), quien hizo parte de la última delegación que viajó a La Habana.

Los hechos ocurrieron el 1 de enero en El Tambo (Cauca) y aún no hay claridad de quien cometió el crimen, aunque en la zona se mueven todos los actores armados.

“Le exigimos a la Fiscalía que nos de resultados sobre la muerte de mi hijo”, dijo Marín, quien le contó a Reconciliación Colombia que viene recibiendo amenazas desde 1993, ha sido víctima de dos atentados y sufrió un intento de secuestro.

De hecho, el pasado 28 de enero volvió a aparecer en otro sufragio amenazante y hoy solo cuenta con un chaleco antibalas y un celular otorgado por la Unidad Nacional de Protección (UNP).  

Otra de las víctimas que ha seguido recibiendo amenazas es Yanette Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, que trabaja con familiares de personas desaparecidas. Ella cuenta que a finales del año pasado recibió tres correos electrónicos firmados por las Águilas Negras. “Eran mensajes muy soeces, en donde nos trataban de auxiliadores de la guerrilla y nos decían que con el cuento de la paz estábamos engañando al pueblo colombiano”.

También Nora Elisa Velez, quien viajó a La Habana como representante de las víctimas LGTBI, cuenta que cuando volvió de Cuba se incrementaron los ataques personales que normalmente recibía. “Son mensajes de los Urabeños y las Águilas Negras”, dice.  

Ella actualmente tiene un chaleco antibalas, dos celulares, un vehículo y dos esquemas de seguridad, pero cree que no es suficiente. El jueves, con o
tras 13 víctimas del grupo, tuvo la oportunidad de hablar con representantes de la UNP que se comprometieron a revisar su caso.

Fabrizio Hochschild, coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia y quien fue uno de los encargados de elegir a las víctimas que viajaron a Cuba, dijo que le preocupaba el hecho de que muchas de ellas vengan de regiones en donde la presencia del Estado  es débil.

“Muchos actores oscuros ligados a grupos post-desmovilización actúan allí con un alto grado de impunidad, y aunque hay protección de la UNP y de la Policía, lo más importante es pescar a los responsables de las amenazas”, dijo.

Las víctimas dicen, además, que su situación es igual de preocupante que la de cientos que no viajaron a La Habana. Camilo Umaña dijo que sólo en los últimos cinco meses más de 400 personas han sido amenazadas. “Nosotros no estamos reclamando una respuesta sólo para nuestros casos”.

Las exigencias



Además de denunciar las amenazas, las víctimas expidieron un comunicado con otros ocho puntos.

Pidieron que el Gobierno y las Farc efectivamente  incluyan en los acuerdos  las propuestas presentadas por las diferentes delegaciones para que así “reafirmen el reconocimiento y la legitimidad de las víctimas”.

También les exigieron que reconozcan sus responsabilidades y que diseñen “mecanismos serios de identificación y búsqueda de los desaparecidos, secuestrados, y las condiciones de reclusión de los presos, así como las garantías actuales por la paz en los territorios”.

En ese sentido, insistieron en la necesidad de superar la fase exploratoria de los diálogos con el Eln y pidieron medidas para desescalar el conflicto con las Farc.

Por último, plantearon la necesidad de discutir una reforma a la Ley de Víctimas para incluir “experiencias y daños que aún no son reconocidos por la institucionalidad”, y una revisión del Plan Nacional de Desarrollo para "lograr un compromiso real en materia presupuestaria del Estado y la responsabilidad que toca a todos los actores con las víctimas".