La lucha en el alto

A sólo media hora de Bogotá, los habitantes de Altos de la Florida en Soacha buscan la forma de vencer la pobreza, la inseguridad y la ilegalidad. Reconciliación Colombia estuvo en la otra Colombia.

Por José Vicente Guzmán Mendoza, periodista de Reconciliación Colombia
27 de febrero de 2015

Fotos: cortesía PNUD

Desde aquí se ve la ciudad. Imponente, ocupa toda la sabana bajo la montaña. Parece otro mundo. Es otro mundo. Arriba, un camino destapado, estrecho e irregular sube por entre casas a medio hacer, lotes desocupados y algunas casuchas de lata.

Hace sol. En los pedazos de montaña que están sin poblar y frente a las calles se ve algo de basura, hay poca gente afuera y algunos perros ladran al paso de los desconocidos. Algunos caminos aún más estrechos bajan o suben por entre las casas, si estuviera lloviendo serían trampas deslizantes.  


Es Altos de la Florida, la comuna seis de Soacha, el municipio pegado al sur de Bogotá al que se llega luego de recorrer la Autopista Sur, la misma vía por la que cogen los carros que van a Tolima, Huila o Valle del Cauca.

Doña Mercedes Hernandez, una señora bajita, de mirada seria, con la cara algo arrugada por la edad, acompaña a un equipo de las Naciones Unidas que inspecciona la zona y revisa algunos de los programas que están implementando en la comuna desde 2012.

Ella lleva 19 años viviendo aquí y es la presidenta de la Junta de Acción Comunal del segundo sector de Altos de la Florida. “Algunos de estos lotes los dan a seis o siete millones. Pero allá atrás se consiguen por cuatro”,  dice mientras señala la parte más  alta de la montaña.

Los lotes de los que habla y muchos de los que ya se han utilizado no le pertenecen a nadie. Muchas de las personas que los han adquirido son estafadas por avivatos que se llevan la plata y dejan a las familias viviendo en un barrio ilegal, sin acueducto ni alcantarillado, en el que difícilmente puede invertir el Estado.

Pero por vivir en un barrio ilegal, ella y las 2.346 personas que conforman Altos de la Florida sufren por cosas tan corrientes como conseguir agua. Cada semana un carrotanque cargado del líquido vital sube por los caminos irregulares y lo reparte a cada familia, que debe pagar el costo del agua más el del transporte.

“Pagamos 2.200 pesos por 8.500 metros cúbicos de agua. Eso mismo paga la gente estrato seis de Bogotá por 6.000 metros cúbicos. Al final, terminamos pagando más que ellos”, les cuenta uno de los pobladores a las personas de la Naciones Unidas.
Otro problema es el alcantarillado. Doña Mercedes explica que les tocó hacer uno artesanal para sacar las aguas residuales de la comuna. “Hicimos una tubería rudimentaria y canalizamos una parte con grupos de trabajo. Son tramos pequeños que desbordan hacia la parte de abajo”.

La lucha actual de ellos y la de todos los habitantes de Altos de la Florida es que la alcaldía de Soacha legalice sus barrios. Piensan que tal vez así va a llegar el progreso. Un progreso que por ahora es esquivo.

Alexander Torres, otro habitante de la zona lo explica con una frase contundente: “la legalización es nuestro derecho a la ciudad”.

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El 2 de febrero de 2014 un grupo de hombres armados subió a Altos de la Florida. Hubo una balacera y cuatro jóvenes que estaban reunidos frente a una panadería fueron alcanzados por las balas. Yeison Alejandro Herrera, el hijo menor de Doña Mercedes, era uno de ellos y no pudo sobrevivir. Tenía 17 años.

“Era un muchacho de bien. Participaba en los programas de Unicef, era un agente voluntario. Convocaba a otros jóvenes para jug
ar Fútbol por la paz, esa metodología que trajeron aquí y en la que las reglas son distintas. Él incluso fue a representar a Soacha en Medellín”, recuerda ella.

Ese no ha sido el único episodio violento. Dos semanas antes de la visita del equipo de Naciones Unidas, Sebastián Duarte, un
joven que asistía a cursos de panadería en el barrio, también fue asesinado.  No hay certeza del culpable, pero el rumor es que fue un vecino por una pelea entre dos familias.

No sería extraño. En Altos de la Florida hay problemas de seguridad y de violencia cotidiana. Hay pandillas y líneas fronterizas, pero también peleas entre vecinos por lotes y terrenos. Además, el consumo de drogas como la marihuana, el látex y el bazuco empeoran la situación.

Muchos de los que influencian a los jóvenes son externos y atizan peleas para controlar territorios de microtráfico, pero la comunidad sabe que gente de la zona puede pertenecer a esos grupos. “A veces no sabemos con quien estamos hablando”, es un comentario constante.

También hay problemas con la Policía. En el árbol de amor, un lugar icónico de la zona que está ubicado sobre una loma que sobresale de las casas y caminos, dejó de aparecer un CAI móvil que controlaba la situación en el barrio.

“La policía que sube acá viene de más abajo, pero la comunidad no habla con ellos. Suben hasta cierto lado y se devuelven. Esta zona es peligrosa según ellos, pero yo me siento tranquilo”, dice Ferney García, un joven que también asiste a cursos de panadería.

Él hace parte de uno de los programas que Naciones Unidas lleva a cabo en la comuna en conjunto con Kairos, una corporación que acompaña psicosocialmente a 180 jóvenes de la zona. Jaime Carvajal y Lyda Becerra, los gestores de esa entidad, cuentan que también trabajan con las familias y los padres.

“Cuando llegamos (hace 10 años) los jóvenes iban por un lado y los adultos por otro. Pero ahora hay una mejor relación y la situación dentro de las familias ha cambiado. Ese lo logramos con compromisos que firman en las familias y en las comunidades. Las llamamos conciliaciones”, cuenta Lyda.

Además, impulsaron a varios de ellos a asistir los sábados a la escuela que hay en la comuna, en donde pueden validar su bachillerato y acompañan varias iniciativas con las que esperan consolidar un grupo juvenil.

En los cursos de panadería, por ejemplo, hay unos 20 jóvenes. Algunos de ellos ya lo producen y lo venden en algunas casas y tiendas. También había una escuela de hip-hop a la que asistían 25 niños, pero actualmente no funciona por un daño en los equipos.

La líder de esa escuela era Angy Cholo, una joven de casi 30 años que lleva cinco en el programa. Antes vendía dulces en los buses y consumía drogas, pero ahora hace presentaciones de rap y está empeñada en enseñarles a los niños otra forma de vida.
“Yo quiero seguir con la fundación, acabar mis estudios y volver a impulsar la escuela. También quiero sacar un CD”, dice.

Sus sueños, como los de varios muchachos que están en el grupo juvenil, representan la esperanza de que esta zona se transforme.  

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Soacha, según las cifras oficiales, es uno de los municipios que más recibe desplazados por la violencia. El punto de atención a víctimas atiende entre 250 y 300 personas diarias y se calcula que entre 10 y 20 familias están llegando cada semana a la ciudad.
En lo que va de este año, además, las alarmas están encendidas. El personero Henry Sosa cuenta que en un solo mes llegaron al municipio 600 personas provenientes del Valle del Cauca, más específicamente de Buenaventura.

Y es que cuando la violencia en el puerto aumenta, los desplazados que llegan a Soacha se multiplican. Tanto que las víctimas antes llegaban de departamentos como Tolima, Chocó o Antioquia, y ahora vienen del Valle.

La mayoría de ellas tienen como destino Bogotá, pero cuando conocen Soacha se quedan en barrios periféricos como Altos de la Florida y Altos de Cazucá. Eso influye en la ya difícil calidad de vida de estas comunas, que tienen que lidiar con los asentamientos ilegales, la inseguridad, la falta de oportunidades y la pobreza.

Según una caracterización que la Universidad Minuto de Dios, ACNUR, PNUD y la Alcaldía de Soacha hicieron en 2014, sólo el 20 por ciento de la población activa en Altos de la Florida tiene trabajo fijo y un 40 por ciento se gana la vida en la informalidad. Por eso, el ingreso medio en la comuna es de menos de un dólar diario, lo que se suma a los problemas por la falta de legalización.

Juan Carlos Nemocón, alcalde de Soacha, reconoce la situación y dice que cuando el llegó al cargo era peor. “En Altos de Cazucá ya iniciamos el proceso de legalización. Hay 19 barrios legalizados y con eso estamos invirtiendo en servicios públicos y adoquinamiento de vías. En Altos de la Florida ya estamos en ese proceso; tenemos una mesa conjunta y lo lograremos a mediados de este año. Yo no me voy sin legalizar”.

Y es que una de las preocupaciones de la comunidad es que la legalización no alcance a quedar en diciembre, mes en el que el actual alcalde deja su cargo. Ellos reconocen que esta administración ha hecho esfuerzos por mejorar su situación, pero no saben si el siguiente burgomaestre siga en la misma linea.

“Antes no estaba la calle de arriba. Además recogían la basura cada 15 días y eso ya mejoró”, le dijó un miembro de la comunidad
a los representantes de Naciones Unidas que visitaron la comuna.

El alcalde dice que mientras legalizan, están trabajando para bajar el costo que los habitantes de Altos de la Florida pagan por metro cúbico de agua y que para mejorar la seguridad logró el compromiso del Gobierno Nacional para montar un Frente de Caballería en un predio que está cerca de la comuna.

La idea es que esa base sirva para controlar también la seguridad en Altos de Cazucá, una comuna que tiene cerca de 80.000 habitantes y que se ha convertido en un foco de delincuencia y violencia en donde tienen asiento pandillas y bandas criminales.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que trabajan en Altos de la Florida,  quieren evitar que la comuna se convierta en otro Cazucá.

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El Centro Educativo Altos de la Florida sobresale del resto de la comuna y de las casas que tiene a su alrededor. Las instalaciones se ven nuevas, no tienen grietas y la pintura –amarillo con azul– no tiene manchas. Hay una ludoteca, nueve aulas, un comedor escolar, una cocina y un escenario deportivo con graderías.

Es un colegio en el que la ACNUR atendía a 200 niños de la comuna y que desde este año le pertenece al municipio de Soacha. Al lado de las instalaciones, por una puerta en la malla de alambre que rodea al centro, se accede a la huerta comunitaria.

Allí está Rosa María Hernandez, una mujer que junto con otras cuatro personas, cuida y trabaja los productos que da la tierra: cilantro, aromáticas, zanahoria, lechuga y varios tipos de verduras.  Productos orgánicos que luego sirven en los almuerzos del centro educativo y venden en Soacha o en ferias que organizan el PNUD y algunas universidades.

“Acá en la zona hay como 43 huertas que trabajan varias familias”, dice Rosa, a quien todos llaman Rosita. Ella nació en Tame (Arauca), pero durante 24 años vivió en Usme, una localidad de Bogotá. “De allí salí desplazada por la falta de plata. O levantaba para el arriendo o levantaba para la comida. No me alcanzaba para ambas cosas. Un familiar me dio una moto para que la vendiera y consiguiera lo que me pedían por un lote aquí en Altos de la Florida, que era barato. Me vine y aquí estoy”.

Actualmente sostiene a su familia con la huerta y con una tienda que tiene en su casa, pero la dificultad con el agua es un
problema. Los tanques que están en el Centro Educativo ya no los pueden usar y algunas veces el carrotanque no sube. Por eso la mayoría de plantas que tienen en la Huerta son para clima seco.

La huerta y el trabajo con jóvenes no son los únicos programas de las agencias de Naciones Unidas en la comuna.

Cuando llegaron en 2012, luego de estar varios años en Altos de Cazucá,  vieron que la gente no podía acceder a los servicios básicos ni tenía oferta de bienes dentro de la comuna. Así que buscaron la forma de crear y fortalecer unidades productivas para que los mismos habitantes manejaran los negocios que abastecieran a sus vecinos.

Además de las huertas, crearon un programa para tejedoras que hoy producen bufandas, gorros y guantes. También acompañan panaderías, misceláneas y tiendas de alimentos, y forman a personas en confección, sistemas y joyería. La idea de la estrategia es que esos pequeños negocios también le vendan a empresas más grandes al por mayor y que la gente pueda ubicarse laboralmente.


También impulsan a la comunidad a participar en semilleros de liderazgo. Doña Mercedes, por ejemplo, está en el programa de reporteros comunitarios y a veces presenta un programa en la emisora de la comuna, ubicada en una casa en obra gris, que transmite a Bogotá por una alianza con la emisora Uniminuto.

Todas esas iniciativas, agrupadas en un programa que se conoce como ‘Construyendo Soluciones Sostenibles’, benefician a unas 210 personas.


Y aunque con ese programa han ayudado a montar cerca de 35 unidades productivas y han mejorado la situación de varios jóvenes de la zona, en Altos de la Florida aún hacen falta muchas cosas.

Cosas sin las que cualquier bogotano -que vive a sólo media hora- podría imaginarse su vida normal.

Esos faltantes empiezan a ser más claros al bajar de Altos de la Florida, cuando los caminos irregulares empiezan a dar paso a las vías pavimentadas y las casas sin terminar se empiezan a transformar en viviendas de dos pisos perfectamente acabadas, que seguramente tienen servicio de agua y alcantarillado.

Y mientras en Bogotá y en el centro de Soacha la gente sigue con sus vidas, los habitantes de Altos de la Florida continúan en la lucha por sobrevivir.