El M-19 abrió la puerta a las desmovilizaciones guerrilleras

La dejación de armas de este movimiento, muy influyente en sectores estudiantiles y urbanos en las décadas de los 70 y 80, creó un exitoso modelo de reinserción que trasegaron luego varias guerrillas y, mucho después, agrupaciones paramilitares.

7 de marzo de 2015
Foto: Archivo Semana

Este 9 de abril, el M-19 conmemora 25 años de haber firmado el acuerdo de paz que desencadenó su desmovilización lo que, a su vez, le llevó a hacer política sin armas. Casos como los del senador Antonio Navarro y del alcalde Gustavo Petro es el resultado más visible de este trasegar que abrió la puerta a una cascada de desmovilizaciones.

En efecto, de la década de los noventa hacia acá Colombia ha registrado nueve acuerdos de paz con agrupaciones y/o facciones guerrilleras, que sumados llevaron a la dejación de armas de unos siete mil hombres que empuñaban las armas, y, una década después, siguió sirviendo de modelo a las desmovilizaciones con los con grupos paramilitares, la mayoría de estos últimos asociados a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), acuerdos que llevaron a la reintegración de cerca de 32 mil hombres de estos sectores.

Aunque unos más conocidos que otros, dentro de los primeros se cuentan el acuerdo político entre el Gobierno nacional y el M-19; el acuerdo con el Partido Revolucionario de los Trabajadores; el acuerdo con el Ejército Popular de Liberación; el acuerdo con el Movimiento Armado Quintín Lame; el protocolo con los comandos Ernesto Rojas; el acuerdo con la Corriente de Renovación Socialista; el acuerdo con las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo, Milicias Independientes del Valle de Aburrá y Milicias Metropolitanas de la ciudad de Medellín; el acuerdo con el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera y el acuerdo con el Movimiento Independiente Revolucionario - Comandos Armados.

La cascada de esos primeros acuerdos la inició el 9 de marzo de 1990 el M-19, cuando Carlos Pizarro Leongómez –asesinado mes y medio después, el 26 de abril de 1990- y el entonces presidente Virgilio Barco Vargas firmaron el acuerdo político que facilitaría transformaciones sociales y políticas en Colombia, lo que abrió paso a la asamblea nacional constituyente que formúló la Carta Política de 1991.

La hechura de la actual Constitución colombiana, que vino a modificar el texto constitucional luego de más de un siglo de conservadurismo, fue escenario de reencuentro entre el país de la política tradicional y el que venía de sectores sociales y políticos marginados, lo que, en parte, se reflejó en la apertura del nuevo andamiaje constitucional, basado en buena parte en el reconocimiento al individuo y a las minorías.

Aunque el debate está abierto sobre si el fin de los conflictos necesariamente llevan a la reconciliación, en su momento Fernando Medellín, Gerente General de la Red de Solidaridad Social, que se encargaba de la infraestructura para recibir ya en la civilidad a estos movimientos, dijo que estas nueve organizaciones guerrilleras se comprometieron “ante sí mismas y ante el mundo a desandar el camino de las armas para seguir en forma definitiva por los senderos de la paz”. Y precisamente ese camino fue el que abrió el M-19.

El mismo funcionario no duda en calificar estos acuerdos como “una gran experiencia de reconciliación”, dado que las distintas organizaciones, ya sin armas, se comprometieron a construir país y ciudadanía desde los espacios políticos y comunitarios.

Desde ese entonces, 1999, el entonces Gerente de la Red de Solidaridad Social llamó a los colombianos a dar el paso del esquema de la reinserción como programa, al de la paz y la convivencia, “en tanto que todos debemos constituirnos en actores-gestores de la construcción de la paz cotidiana”. Ese es el antecedente de lo que hoy conocemos como la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

Reconciliación Colombia retoma antecedentes de los acuerdos de paz logrados a partir de la dejación de armas del M-19 por el valor que tienen para el reencuentro entre los colombianos y la decisión de hacer política sin recurrir a la violencia.

Los que dieron el paso:

Los nueve acuerdos logrados en la década de los noventa con los llamados movimientos alzados en armas son en su orden:

· El 9 de marzo de 1990 se firmó el llamado Acuerdo político entre el Gobierno Nacional, los partidos políticos, el M-19 y la Iglesia Católica en calidad de tutora moral y espiritual del proceso. En el prefacio de este acuerdo se dice expresamente que el Pacto Político por la Paz y la Democracia, suscrito el 2 de noviembre de 1989, consigna aspectos fundamentales para lograr la “reconciliación nacional”. Pacto que vino a ser refrendado por el acuerdo de marzo que llevó a la desmovilización del M-19.

· El 25 de enero 1991, en Don Gabriel, municipio de Ovejas (Sucre), se firmó el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el Partido Revolucionario de los Trabajadores, luego de seis meses de conversaciones.

· El 15 de febrero de 1991, en Bogotá, como producto de las negociaciones directas de paz iniciadas el 24 de mayo de 1990, se firmó el acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación, motivado por su participación en el proceso de reformas y modernización democrática de la Constituyente.

· El 27 de mayo de 1991 se firmó en Caldono, Cauca, el acuerdo final entre el Gobierno Nacional y el movimiento armando  Quintín Lame, luego de un proceso que se había iniciado con este movimiento de extracción indígena el 26 de junio de 1990. El motor de esta negociación también fue la participación en la Asamblea Nacional Constituyente.

· El 20 de marzo de 1992, en Bogotá, la Consejería Presidencial para la Paz, en representación del Gobierno Nacional, y los líderes de los Comandos Ernesto Rojas, integrantes del antiguo Ejército Popular de Liberación, protocolizaron un acuerdo en el que esta facción se acogió a los acuerdos suscritos por el Gobierno Nacional y el Ejército Popular de Liberación el 15 de febrero de 1991.

· El 9 de abril de 1994, en Flor del Monte, municipio de Ovejas (Sucre), el Gobierno Nacional y la Corriente de Renovación Socialista suscribieron un acuerdo político “dentro del propósito de contribuir a la paz y el desarrollo de la democracia en Colombia”.

· El 26 de mayo de 1994 el Gobierno Nacional firmó acuerdos para lograr la desmovilización de tres milicias urbanas de la ciudad de Medellín: las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo; las Milicias Independientes del Valle de Aburrá y las Milicias Metropolitanas.

· El 30 de junio de 1994, en Cañaveral (Bolívar), el Gobierno Nacional firmó un acuerdo final con el Frente Francisco Garnica de la Coordinadora Guerrillera, “como una reafirmación más que la solución negociada de los conflictos políticos armados en Colombia no solo es posible, sino que significa el único camino civilizado para consolidar la paz que reclaman todos los colombianos y para afianza el desarrollo de la democracia participativa”.

· El 29 de julio de 1998, en Medellín, los Gobiernos nacional, departamental y local suscribieron un acuerdo con la organización Movimiento Independiente Revolucionario – Comandos Armados MIR-COAR.

El proceso de desmovilización con grupos paramilitares

Una década después, tras la elección y posesión del mando del presidente Álvaro Uribe Vélez en agosto de 2002 algunos líderes de las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) hicieron pública su intención de negociar su desmovilización y el primero de diciembre de 2002 declararon un cese unilateral de hostilidades (para este año las AUC exhibían una tasa de crecimiento del 58% anual).

Pese a las fuertes polémicas que rodearon estas negociaciones por los actores que intervinieron (estructuras muy asociadas al narcotráfico y a los sectores de poder local) y por los resultados esperados (si se produjo o no el desmonte efectivo del fenómeno paramilitar), a partir de allí se inició un proceso que llevó a la entrega de armas de un número representativo de miembros de los grupos paramilitares, lo que incidió directa y favorablemente en todos los índices de violencia asociados al conflicto armado y la criminalidad relacionada con el narcotráfico. Fueron 31.670 hombres y mujeres en total. Así:

· El 25 de noviembre de 2003 comenzó el proceso de desmovilización con 868 miembros del llamado Bloque Cacique Nutibara, frente urbano de las AUC en Medellín, y el 7 de diciembre de 2003 se desmovilizaron 167 personas de las llamadas Autodefensas Campesinas de Ortega, Cajibío, Cauca. Este último hecho que hoy es objeto de una fuerte polémica judicial, por estar en entredicho su veracidad, lo que para 2014 tenía en carácter de prófugo de la justicia al comisionado de paz Luis Carlos Restrepo, quien lideró el proceso de desmovilización del grueso de las organizaciones paramilitares.

· En 2004 se desmovilizan el Bloque Bananero (25 de noviembre, 451 hombres); las Autodefensas del Sur del Magdalena e Isla de San Fernando (4 de diciembre, 48 hombres); Bloque Cundinamarca (9 de diciembre, 148 miembros); Bloque Catatumbo (10 de diciembre, 1.434); Bloque Calima (18 de diciembre, 564 hombres).

· En 2005 se desmovilizan el Bloque Córdoba (18 de enero, 925 hombres); Bloque Suroeste Antioqueño (30 de enero, 126 miembros); Bloque Mojana (2 de febrero, 109 hombres); Bloque Héroes de Tolová (15 de junio, 464 hombres); Bloque Montes de María (14 de julio, 594 miembros); Bloque Libertadores del Sur (30 de julio, 689 miembros), Bloque Héroes de Granada (primero de agosto, 2.033); Autodefensas Campesinas de Meta y Vichada (6 de agosto, 209 hombres); Bloque Pacífico (23 de agosto, 358 miembros); Bloque Centauros (3 de septiembre, 1.134 hombres); Bloque Noroccidente Antioqueño (11 de septiembre, 222); Frente Vichada (24 de septiembre, 325 hombres); Bloque Tolima (22 de octubre, 207 miembros); Frentes Nordeste Antioqueño, Bajo Cauca y Magdalena Medio (12 de diciembre, 1.922 miembros); Frente Mártires de Guática (15 de diciembre, 552 hombres) y Bloque Vencedores de Arauca (23 de diciembre, 548 miembros).

· En 2006 se desmovilizaron el Bloque Mineros (20 de enero, 2.789 hombres); Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá (28 de enero, 742 miembros); Bloque Central Bolívar – Santa Rosa del Sur (31 de enero, 2.519 personas); Frente Resistencia Tayrona (3 de febrero, 1.166 hombres); Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (7 de febrero, 990 hombres); Frentes Próceres del Caguán, Héroes de los Andaquíes y Héroes de Florencia (15 de febrero, 552 personas); Frente Sur del Putumayo (primero de marzo, 504 personas); Frente Julio Peinado Becerra (4 de marzo, 251); Bloque Norte El Copey – Chimila (8 de marzo, 2.215 personas); Bloque Norte La Mesa – Valledupar (10 de marzo, 2.544 personas); Frente Héroes del Llano y Héroes del Guaviare (11 de abril, 1.765 personas); Bloque Élmer Cárdenas – Frente Costero (12 de abril, 309 hombres); Bloque Élmer Cárdenas – Frente Pavarandó y Dabeiba (30 de abril, 484 personas); y Bloque Élmer Cárdenas – Frente Norte Medio Salaquí (15 de agosto, 743 personas).

Antecedentes de diálogos con la guerrilla del M-19:

El M-19 se desmovilizó como fruto del proceso iniciado durante la administración de Virgilio Barco y que culminó con el gobierno que le sucedió, el de César Gaviria. Sin embargo, el Estado colombiano ya se había interesado en buscar por la vía política la dejación de armas de las guerrillas.

Un documento del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), reseña que el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) buscó acercamientos con el M-19 con el impulso de una amplia amnistía y sin condiciones para todas las guerrillas con la idea de “darle la oportunidad a la palabra, en lugar de las balas”, según sus propias palabras. En concreto y para el caso que nos ocupa, el 24 de agosto de 1984 firmó en Corinto (Cauca) y en El Hobo (Huila), el acuerdo de cese al fuego para adelantar un diálogo nacional, pacto en el que también participó el EPL y al que se sumó el Movimiento de Autodefensa Obrera, ADO. A la par, la administración Betancur adelantaba diálogos con las Farc.

El sangriento asalto al Palacio de Justicia, la espantosa retoma por parte de las Fuerzas Armadas, y el desenlace humanitario de este triste episodio para la historia nacional, llevó al rompimiento definitivo de los acercamientos con el M-19 y, de paso también se llevó por delante las negociaciones con las Farc.

Cerrado este capítulo, un nuevo apartado viene a ser escrito durante la administración de Virgilio Barco (1986-1990), quien al final de su mandato concretó el acuerdo de paz con el M-19, hecho que se rememora hoy 25 años después. La desmovilización de esta guerrilla se produjo en momentos en que el país enfrentaba una de las peores amenazas contra su institucionalidad por cuenta de los carteles de la droga, que, a través de la temible y sangrienta fachada de "Los Extraditables" presionaba por la NO extradición a los Estados Unidos.

A su vez, también a comienzos de la misma década, el país registraba un agitado reclamo social por el cambio, que fue liderado por los estudiantes y que pasó a la historia como el movimiento de la Séptima Papeleta. Este derivó en la Asamblea Nacional Constituyente. El M-19 había firmado la paz cuando se convocó a esta asamblea. La idea siempre fue convocar a este gran plebiscito, si así se puede llamar, para consolidar los acuerdos de paz con la guerrilla del Movimiento 19 de abril (M-19).

A propósito de los 20 años de su desmovilización, el portal Semana.Com hizo una recopilación de videos y fotografías que recogieron varios de los mejores momentos de esta dejación de armas

Tras su desmovilización, el Movimiento 19 de abril –que había surgido en 1970 como consecuencia del fraude electoral que hizo controversial la elección de Misael Pastrana- lideró la creación de la Alianza Democrática M-19 con lo que obtuvo más de 20 escaños en el primer Congreso surgido luego de la Constitución de 1991.