Cinco datos del informe de la ONU sobre los derechos humanos en Colombia

El desafío de las Bandas Criminales, recomendaciones para la Ley de Víctimas, penas alternativas en justicia transicional para quienes reconozcan responsabilidades y cero casos de falsos positivos. Algunos datos del informe presentado este lunes.

16 de marzo de 2015

En un ejercicio que se repite cada año, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia presentó este lunes su informe sobre la situación de los derechos humanos en el país durante el 2014.

El resultado es un documento de 23 páginas que contiene datos sobre distintos fenómenos  generados por la violencia en Colombia y 11 recomendaciones para el Gobierno Nacional.

“Este año el informe está más relacionado con el proceso de paz, que es el llamado a cambiar las dinámicas de poder entre las víctimas y la sociedad en Colombia”, explicó Todd Howland, representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país.

Reconciliación Colombia presenta los cinco datos y análisis más relevantes del informe:


No hubo falsos positivos, pero siguen los “errores militares”
 
Por primera vez en varios años, las Naciones Unidas no documentaron en Colombia ningún caso de falsos positivos –entendidos como el asesinato de personas inocentes para inflar las cifras de guerrilleros dados de baja–. Sin embargo, si hubo al menos cinco casos de ejecuciones extrajudiciales que el Ejército  calificó como “errores militares” o en los que intentó reorganizar la escena de los hechos para calificarlos como legítima defensa.
 
“Cuando un civil muere durante operaciones militares, la calificación de los hechos como un error militar es un decisión que le corresponde a las autoridades judiciales basadas en investigaciones imparciales y objetivas, no a las militares”, dijo Howland, quien se quejó de los cinco intentos del Ministerio de Defensa para ampliar el fuero militar, pues van en contra de las obligaciones internacionales de Colombia.
 
Mientras estos hechos ocurren cada vez menos,  la justicia sigue su curso para condenar a los culpables. A septiembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación había abierto 2.234 investigaciones por homicidio agravado a 5.014 miembros de las Fuerzas Armadas. Además, 796 miembros del Ejército han sido enjuiciados, incluyendo seis coroneles. Sin embargo, la mayoría de los casos continúan en la fase inicial y están centrados en oficiales de bajo rango.


Penas alternativas para todas las partes del conflicto
 
Una de las 11 recomendaciones que las Naciones Unidas le hacen al Gobierno tiene que ver con la justicia transicional en el posconflicto. Aunque no mencionan directamente el proceso de paz con las Farc, dicen que hechos como el reconocimiento de responsabilidades, el arrepentimiento, las garantías de no repetición y la participación en “acciones transformadoras” podrían servirles a todas las partes del conflicto para reducir penas o cumplir penas alternativas.
 
Eso sí, el informe deja claro que no es posible la amnistía para los máximos responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y violaciones graves de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario.
 
Según Guillermo Rivera, alto consejero de los derechos humanos en la Presidencia de la República, esa recomendación “está muy a tono y coincide conceptualmente con el Marco Jurídico para la Paz,  aprobado por el Congreso y declarado válido por la Corte Constitucional”.
 

El desafío de las bandas criminales
 
Para las Naciones Unidas, los grupos post-desmovilización –conocidos también como bandas criminales– son el principal reto en materia de seguridad pública en Colombia. Su accionar afecta a la población civil que vive en zonas en las que estos grupos disputan el control del microtráfico, la prostitución, la trata de personas, la minería ilegal, los ingresos por tráfico de drogas y la extorsión.
 
“Hay más conexión entre estos grupos y redes transnacionales, además de sinergias con las guerrillas en el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño y Urabá”, explica Howland. Estos grupos atacan y amenazan a defensores de derechos humanos, líderes comunitarios y reclamantes de restitución de tierras.
 
El accionar de la policía contra estos grupos ha tenido éxito. En 2014 arrestaron a 850 miembros del Clan Úsuga y 211 de los Rastrojos, entre otros. Pero las Naciones Unidas piden un enfoque integral que combine las acciones policiales con avances en materia de justicia y en la lucha contra la corrupción. Además de una mayor presencia del Estado en los territorios que controlan, que generalmente son los más necesitados del país.
 

Defensores bajo fuego
 
Una de las mayores preocupaciones en el informe es la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. Hasta octubre de 2014, las Naciones Unidas registraron 45 asesinatos de defensores, 11 de los cuales habían recibido amenazas a lo largo del año.  Otros 18 defensores sufrieron atentados, aunque nueve de ellos tenían esquemas de protección asignados por el Estado.  Como si fuera poco, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos registró 297 defensores amenazados en 2014.

Para Howland, mecanismos como la Mesa Nacional de Garantías no han producido resultados tangibles y aún no existe una política pública que garantice la defensa de los defensores. “El proceso debe centrarse en el desarrollo y posterior aplicación de dicha política como una cuestión de prioridad”, dijo.  Por otro lado, los  posibles problemas burocráticos y financieros de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la entidad encargada de proteger a los amenazados, preocupan a las Naciones Unidas.
 
Guillermo Rivera dice que el Estado ya se está apersonando de esta problemática y resalta la creación de una unidad especial en la Fiscalía para lograr identificar el origen de las amenazas contra líderes comunitarios y defensores de derechos humanos. “Aún no se han producido resultados visibles, pero esperamos que eso empiece a pasar pronto”, explicó.
 

El potencial de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
 
Las Naciones Unidas piden que el Gobierno utilice todo el potencial de la Ley 1448. Para eso, recomienda que crear “mecanismos comunitarios e institucionales alternativos que respondan eficazmente a las necesidades de las víctimas e incorporen el enfoque de derechos humanos en los procesos de reparación y restitución”.
 
Uno de los principales retos, según el informe, es la falta de voluntad política en el ámbito local, por lo que el Gobierno debe reducir las burocracias y garantizar la participación directa de las víctimas. Además, según Howland, aún existen incentivos económicos que alientan la ocupación ilegal de tierras y el despojo de los campesinos.