Colombianos sí quieren que jefes de las Farc paguen cárcel, revelan encuestas

El más reciente Barómetro de las Américas y una investigación realizada por expertos de Georgia State University muestra que para los colombianos encuestados la legitimidad de un eventual acuerdo de paz dependerá en buena medida de que los jefes de las Farc paguen por sus acciones.

25 de marzo de 2015
Foto: Archivo Semana

El Barómetro de las Américas es una encuesta que se realiza cada dos años en los países del continente americano para evaluar diferentes aspectos políticos de la región, como la confianza en las instituciones y la apropiación ciudadana de ciertos valores democráticos.

En Colombia, se ha orientado, entre otros temas, a indagar a los colombianos sobre su confianza en el proceso de paz y a medir su disposición hacia la reconciliación.

En la última encuesta, realizada durante el año 2014, a 1.500 personas, en 47 municipios de diferentes regiones del país, los investigadores preguntaron a los encuestados qué factores relacionados con la justicia transicional podrían contribuir a la reconciliación del país.

Estos factores que se pusieron a consideración de los entrevistados fueron que los miembros de las Farc confesaran sus crímenes, que repararan a sus víctimas y que pagaran penas de cárcel entre cinco a ocho años de cárcel o mayores a ocho años.

Mientras que la confesión de crímenes por parte de los miembros de las Farc contribuía a la reconciliación solo para el 29,1 por ciento de los encuestados, la reparación de las víctimas lo hacía en el 49,1 por ciento de los casos.

Y en el caso de las penas, mientras que la posibilidad de que los miembros de las Farc pagaran entre 5 y 8 años de cárcel contribuiría a la reconciliación solo para el 35 por ciento de los encuestados, una pena mayor a los 8 años de cárcel contribuiría a la reconciliación para el 54,9 por ciento.

La legitimidad de los acuerdos

En la investigación realizada por Jennifer McCoy y Ryan E. Carlin, de Georgia State University, las conclusiones son similares, aunque la metodología es diferente.

En este caso, se le presentaron a los encuestados varios perfiles simulados de beneficiarios de la justicia transicional y se les preguntó qué tan justo considerarían ese eventual escenario.

Uno de estos casos hipotéticos era el de Francisco, un comandante de las Farc que ordenó el secuestro de varias personas, pero después de un acuerdo de paz, confesó sus crímenes y entregó sus armas.

Frente al caso de Francisco, la encuesta planteaba tres opciones y se pedía al entrevistado que calificara de 1 a 7 qué tan legítima se consideraba esa posibilidad: que Francisco no pagara ni un solo día de cárcel, que pasara en la cárcel más o menos el mismo tiempo que permanecieron los jefes paramilitares que se beneficiaron de la Ley de Justicia y Paz, o que pasara en la cárcel más tiempo que ellos.

Mientras que la opción de cero cárcel tenía una calificación de apenas 2,7 en legitimidad, la de que fuera a la cárcel un tiempo similar al de los paramilitares recibía una calificación de 4,4.

Pero en este caso, a diferencia del Barómetro, la legitimidad de la opción disminuía si la pena era mayor: que Francisco pasara en la cárcel más tiempo que los jefes paramilitares recibía un 4,2 en legitimidad, ligeramente menos que si pasaban presos más o menos el mismo tiempo que ellos.

Miguel García, codirector del Observatorio de la Democracia, que está a cargo de la realización del Barómetro en Colombia, explica que la diferencia se debe a que las dos investigaciones reflejan dos elementos diferentes.

Mientras que para los encuestados en el Barómetro prima un factor de cantidad (entre más pena paguen los miembros de las Farc mejor), en la investigación de Georgia State University prima el factor equidad (que las penas sean similares a las que pagaron los jefes paramilitares).

Ambos factores pueden ser igualmente importantes cuando se defina en La Habana qué tipo de justicia transicional se aplicará a los jefes de las Farc, pero en lo que sí coinciden las dos investigaciones es en que el hecho de que haya una pena y que esta sea considerada justa será fundamental para que los colombianos se sientan satisfechos con los resultados de un acuerdo de paz.