Las propuestas del uribismo para el proceso de paz

En un documento de cinco páginas el Centro Democrático publicó sus primeras propuestas para fortalecer los diálogos de La  Habana. Piden concentrar a las Farc y destruir sus armas. Resumen de Reconciliación Colombia.

30 de marzo de 2015

El Centro Democrático formalizó este lunes algunas de sus propuestas para fortalecer el proceso de paz de La Habana (Cuba) entre el Gobierno y las Farc, del que han sido constantes críticos.

Lo hicieron con un documento de cinco páginas titulado ‘Diálogos de paz sin afectar la institucionalidad democrática’, en el que también reiteran las principales críticas que el expresidente Álvaro Uribe, líder natural de ese partido, ha mantenido sobre el proceso.

Este sería el primer documento del comité del partido creado por Uribe para hacerle seguimiento a los diálogos. En esta oportunidad, además de las críticas y propuestas generales, se enfocan en el acuerdo agrario y de tierras.

Reconciliación Colombia leyó el documento (que puede encontrar completo aquí)  y resume los principales puntos:

Las propuestas

 

  • Piden concentrar a todos los miembros de las Farc (y sus armas) en un sitio que no esté en ningún casco urbano, ni en zonas de frontera, ni en áreas estratégicas, ni en lugares de alta producción agrícola o ganadera.
  • Aconsejan “tener paciencia y estar dispuestos a prolongar los diálogos” si se cumple la condición de concentrar a las Farc.
  • La dejación de las armas de las Farc no es suficiente. Proponen que las entreguen y que las destruyan, para “evitar que los colombianos vivan bajo la amenaza de su uso por parte del terrorismo a lo largo de los años que transcurrirán entre la firma de los acuerdos y el cumplimiento de lo pactado”.   
  • Piden que la verificación del cese unilateral este a cargo de organismos como la ONU, la OEA o el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
  • Proponen crear un Tribunal Nacional pro témpore que revise, en una única instancia, las sentencias condenatorias que han sido proferidas por los tribunales ordinarios contra algunos miembros de la Fuerza Pública por posibles delitos cometidos en servicio activo. Proponen también que estos militares y policías puedan defenderse en libertad con algunas condiciones especiales.
  • Los integrantes rasos de las Farc que sólo hayan cometido delitos políticos no irían a la cárcel y podrían ser elegidos para cargos de elección popular. Los cabecillas, culpables de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, deben pagar penas de reclusión y no podrán ser elegidos políticamente.
  • La pena de los cabecillas y culpables de delitos de lesa humanidad disminuiría si hay confesión de la verdad, reparación a las víctimas y garantías de no repetición. El tiempo de concentración durante los diálogos de paz podría servir como tiempo de cumplimiento de esa pena.  
  • Proponen que el dinero para reparar a las víctimas venga de los recursos de la guerrilla, para que estos no lo utilicen en un eventual rearme.
  • Que las Farc inicien el desminado total del país y que asuman el costo financiero de esa operación. Además, proponen que sean los  guerrilleros (y no los militares) quienes realicen el desminado en la práctica.
  • Los acuerdos se deben refrendar. La alternativa que proponen es un Órgano Electoral Transitorio para la paz que desarrolle los acuerdos suscritos.
 
Las críticas generales

 
  • Para el Centro Democrático, los diálogos de paz han ocasionado un serio deterioro de la seguridad del país, lo que ha creado desasosiego entre la ciudadanía. Dicen que entre 2010 y 2014, “la extorsión ha aumentado 232%, los ataques contra las instalaciones militares subieron 111%, los atentados contra oleoductos se incrementaron  un 335%”, entre otras cifras.
  • Dicen que la Fuerza Pública está “desmotivada y confundida”  con las continuas concesiones del gobierno a la guerrilla. En general piensan que los diálogos están mal concebidos y han sido mal conducidos.
  • Afirman que el cese unilateral de las Farc es una farsa y que siguen extorsionando, amenazando, sembrando minas, usufructuando el narcotráfico, reclutando forzosamente y rearmándose.
  • Critican la decisión de no bombardear los campamentos de las Farc durante un mes y dicen que, en la práctica, es un “despeje militar de todo el país al terrorismo”.
  • Dicen que el anuncio de las Farc de seguir usando las minas como armas defensivas en lo profundo de las selvas colombianas después de haber firmado un acuerdo sobre desminado humanitario, es una burla.
  • De la misma forma, piensan que el anuncio de las Farc de no volver a reclutar menores de 17 años es engañoso, ya que no aceptan la responsabilidad total por esta práctica y no han retirado a los niños que tienen actualmente.  
  • No están de acuerdo con que se iguale a las Fuerzas Armadas y a la guerrilla como actores del conflicto.
 
Sobre el acuerdo agrario y de tierras

 
  • En general dicen que el acuerdo agrario entraña grandes riesgos para la producción agrícola y la vida rural.  
  • Para ellos, los acuerdos agrarios tienen una tendencia “a la exagerada participación comunitaria, con injerencia en el diseño y ejecución de políticas públicas, incluidas la definición del uso de la tierra y la delimitación de la propiedad”, lo que afectaría al empresariado agropecuario.
  • Dicen que el Fondo de Tierras acordado por el Gobierno y las Farc sólo será posible con el uso intensivo de la extinción de dominio por declaratoria de interés social o utilidad pública. Sobre esto, critican que “no existe la normatividad ni la institucionalidad que garantice los derechos legítimos de propiedad frente a decisiones administrativas de expropiación, sin juez, segunda instancia ni indemnización”.
  • Afirman que el acuerdo no permite fortalecer la mediana ni la gran producción agropecuaria.
  • Critican la descentralización del catastro, pues piensan que implica un retroceso para el ordenamiento catastral rural y una “base para el control político de la guerrilla en sus zonas de influencia”.
  • Para el uribismo, el enfoque territorial de la reforma agraria busca garantizar el control territorial y político de las Farc. Ponen como ejemplo las Zonas de Reserva Campesina, pues dicen que tendrán “autonomía política, administrativa, económica, social y de administración de justicia. Con financiamiento estatal y sin control de la Fuerza Pública”.