El nudo gordiano en La Habana

El Gobierno y las Farc negocian el punto de reparación a las víctimas desde agosto del 2014. El tema de la justicia y las responsabilidades en el conflicto son el mayor cuello de botella. Análisis de Reconciliación Colombia.

14 de abril de 2015

Mientras se escribe este artículo, las delegaciones del Gobierno y las Farc están reunidas en el Palacio de Convenciones de La Habana (Cuba) intentando, como desde hace ocho meses, llegar a un acuerdo sobre cómo reparar a las víctimas del conflicto armado una vez firmen un acuerdo final de paz.

Si bien es cierto que en los últimos meses se han dado decisiones unilaterales de lado y lado para desescalar el conflicto e incluso se llegó a un acuerdo para adelantar un desminado humanitario en algunos territorios de Antioquia y Meta, un acuerdo a profundidad sobre el tema de víctimas, uno de los más importantes de la agenda, aún parece lejano.

La discusión, que empezó en agosto de 2014, ya lleva más tiempo que el que se tomaron las partes para llegar a acuerdos en los puntos de tierras (seis meses), participación política (cinco meses) y solución al problema de las drogas ilícitas (cinco meses).

Y aunque en algunos temas que tienen que ver directamente con la reparación a las víctimas el camino parece despejado, el problema aparece cuando se habla de las responsabilidades en el conflicto y de la justicia transicional, dos temas íntimamente ligados.

Basta con echarle un vistazo a las últimas declaraciones de los negociadores de la guerrilla y a los mensajes que ha mandado en sus últimos discursos el presidente Juan Manuel Santos.

Las Farc han repetido de manera insistente que el Estado debe asumir la máxima responsabilidad y que no van a acudir ante una justicia como la colombiana, desprestigiada por recientes escándalos como el del magistrado Pretelt.

Santos, por otra parte, ha repetido en distintos escenarios que no habrá un acuerdo de paz sin justicia y que la guerrilla tiene que aceptar la justicia transicional para avanzar en la negociación.

Mensajes que parecen reforzar la posición de ambas delegaciones en la Mesa.

¿Quién es el culpable?

El tema de la responsabilidad es muy sensible. Desde el principio, una de las mayores insistencias de la guerrilla de las Farc en la Mesa de Conversaciones ha sido que el mayor culpable del conflicto en Colombia es el Estado y que los guerrilleros simplemente “hacen uso del derecho a la rebelión”.

Al termino del anterior ciclo de negociaciones, ‘Iván Marquez’ incluso le propuso públicamente a la Mesa hablar de la culpa del Estado y al final le dijo a la prensa que “si se acepta esa responsabilidad, esto sale al otro lado”.

Y aunque Sergio Jaramillo, alto comisionado para la paz, ha aceptado en algunos escenarios que todos los sectores de la sociedad tendrían que reconocer sus responsabilidades a la hora de crear una Comisión de la Verdad , el Gobierno insiste en que las Farc también asuman la suya y se reconozcan como victimarios de los miles de colombianos que afectaron con su accionar en medio del conflicto armado.

Con eso está de acuerdo un gran sector de la sociedad. Incluso, la propuesta del expresidente Cesar Gaviria de aplicar una justicia transicional para todos va en ese sentido.

Pero hay otro sector significativo de la sociedad que considera que el mayor responsable del conflicto armado es la guerrilla de las Farc y que el Estado simplemente ha cumplido su labor constitucional de enfrentarlos.

De hecho, algunas de las 45 preguntas sobre el proceso de paz enviadas por el Procurador al presidente Santos van en ese sentido: “¿Acepta el gobierno nacional la conclusión de las FARC de que la responsabilidad del conflicto es del Estado?, ¿Está de acuerdo el Gobierno con la narrativa que apunta a que en el país todos somos culpables de la violencia y las atrocidades perpetradas en el marco del conflicto armado?”.

Para agregarle elementos complejos a la discusión están los 12 informes de la Comisión Histórica del Conflicto, entregados en febrero a la Mesa de Conversaciones. Las Farc piden que las delegaciones los tengan en cuenta para la negociación que actualmente llevan a cabo y dicen que en ellos está claro que el primer responsable del conflicto es el Estado.

Por su parte, los negociadores del Gobierno dijeron desde el inicio que los resultados del informe son un insumo para la negociación, pero que no constituyen una verdad histórica.

Además, la comisión no logró un relato único sobre el conflicto, tanto que ni los dos relatores –encargados de hacer un único resumen sobre los 12 informes– se pusieron de acuerdo y al final hay dos resúmenes con distinta perspectiva.

¿Y cómo van a pagar?

El tema de la justicia transicional está ligado al tema de las responsabilidades. La guerrilla dice que no acepta ser juzgada por el que consideran el sistema judicial más corrupto del continente. Una afirmación que coincidió con el escándalo generado por el Magistrado Pretelt y sus acusaciones en contra de sus compañeros de corte para defenderse de las acusaciones.

Además, ‘Iván Marquez’ dice que lo que en Colombia llaman justicia transicional es  “un diseño en el que preparan un jaula de oro para quienes portan insignias oficiales del Estado y otra de indignidad para quienes han hecho uso del derecho de rebelión”.

Por el otro lado, el Presidente ha sido muy insistente en sus últimos discursos en que la justicia es indispensable para avanzar en el proceso de paz. En una entrevista concedida a la agencia Reuters, el presidente Santos dijo que “si la guerrilla acepta como tiene que aceptar la justicia transicional, yo creo que ahí se destraba todo este proceso y llegaremos a un final feliz”.

Por esta declaración, Santos se ganó los aplausos del Procurador, con quien había estado enfrentado las últimas semanas. "Celebro que Gobierno en últimos días sea un tanto más claro exigiendo justicia transicional a Farc. Es lo que hemos pedido", dijo Ordoñez en un evento en Ibagué.

En el otro extremo están los militares. Si la justicia transicional aplica para todos, algunos de ellos –los culpables de crímenes de lesa humanidad como los llamados ‘falsos positivos’– tendrían que comparecer ante los tribunales.

¿Lo harían en las mismas condiciones que los guerrilleros culpables de crímenes de guerra? ¿Estarían dispuestos los altos mandos que miembros de su institución fueran tratados igual que quienes consideran ‘bandidos’ y ‘terroristas’?

Sobre el tema, el Gobierno ha dicho varias veces que al final del proceso no habrá cárcel para los militares y curules en el Congreso para los guerrilleros. “Así como tiene que haber reglas claras y seguridad jurídica para las FARC, así también nosotros tenemos que garantizar la seguridad jurídica de los miembros de las Fuerzas Militares”, dijo al final del ciclo anterior Humberto de La Calle.

El Centro Democrático, partido del expresidente Uribe y opositor de las negociaciones, ha propuesto que el trato sea diferenciado y que, incluso, los militares se defiendan en libertad frente a un tribunal mixto.


El tema es uno de los más sensibles dentro de Colombia y eso lo demuestra el connato de crisis que se presentó el ciclo pasado por la decisión del Gobierno de no enviar a Cuba al general (r) Jorge Enrique Mora Rangel, algo que fue corregido en esta oportunidad.   

Los cuellos de botella son complejos y significativos, e implican que es verdad que la negociación entró en su fase definitiva y más difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que los colombianos, según las últimas encuestas, consideran que los máximos cabecillas de la guerrilla deben pagar cárcel

La labor de los negociadores será llegar a algún punto en común, que además no vaya en contra del sentimiento de la mayoría de los colombianos . Sólo así las conversaciones en La Habana entrarían de verdad a un punto de no retorno.