“La Corte Penal Internacional no es un obstáculo para la paz”: vicefiscal de la CPI

James Stewart dijo, sin embargo, que no puede haber suspensión total de penas por crímenes de guerra. En el mismo evento Humberto de la Calle anunció que estudian un modelo de justicia transicional para agentes del Estado  diferente al que se aplique para las Farc.

Mayo 13 de 2015

El vicefiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), James Stewart, estuvo en Colombia y participó en el foro "La Justicia Transicional en Colombia y el papel de la CPI", que se llevó a cabo en la Universidad del Rosario en asocio con las Naciones Unidas, el ICTJ y la fundación Hans Seidel.

En el mismo evento participaron Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Fabrizio Hochschild, coordinador residente de las Naciones Unidas en Colombia y otras personalidades que hablaron sobre el proceso de paz y la justicia en un eventual escenario de postconflicto.

Stewart dejó claro que aunque la CPI no es un obstáculo para la paz de Colombia, no puede haber suspensión total de penas por crímenes de guerra y se debe juzgar a los máximos responsables de crímenes atroces.

Según él, cuando Colombia ratificó el Estatuto de Roma en el año 2002 se comprometió a investigar integralmente los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio.

Sin embargo, aclaró que los objetivos fundamentales del país son lograr la paz y tener seguridad de forma sostenible, con un componente de justicia que va más allá de lo penal, pues dice que la Justicia Transicional engloba factores que atañen a la sociedad y a las víctimas, y que trascienden el debate de cárcel o no para los miembros de las Farc.

“La verdad histórica complementada con la verdad judicial; justicia para las víctimas que les genere  reconocimiento y dignidad; reparación integral y la generación de cambios estructurales que garantice que los hechos victimizantes no se van a repetir”, dijo.

Stewart también anotó que la CPI no entra a usurpar funciones del aparato de justicia colombiano, sino que lo complementa. "Las investigaciones que se han venido adelantando hasta ahora no van en contravía de lo establecido en el Estatuto de Roma", dijo.

De hecho, desde el año 2004 la CPI ha venido realizando un ejercicio de examen preliminar sobre Colombia, en el que evalúa las actuaciones de carácter judicial que se han venido adelantando contra los criminales en el marco del conflicto.

En el informe del año 2012, por ejemplo, las preocupaciones más grandes de esa corte eran las agresiones sexuales en el conflicto armado (donde se han dado pocos avances en las investigaciones) y los falsos positivos (donde no se han logrado vincular a los máximos responsables y determinadores de estas prácticas).

Por eso,  según Stewart, para la CPI es prioritario que la justicia le de solidez al proceso de postconflicto a través de un proceso que priorice e investigue los crímenes más atroces y lleve ante la justicia a los máximos responsables, determinadores y perpetradores de estos actos.

"Hacer la paz es responsabilidad de los Estados y de Naciones Unidas. La CPI tiene que investigar y busca administrar justicia cuando en el ordenamiento interno de un país la justicia se está poniendo en riesgo" explicó.

“Justicia trancisional para los agentes del Estado”

Por otro lado, Humberto de la Calle dio la versión de justicia trancisional que tienen los negociadores del Gobierno en La Habana y dijo que la mayor seguridad jurídica para todos los actores del conflicto, incluidas las Farc, se consigue eludiendo “la tentación de caer en los atajos y la solución sencilla, que es borrón y cuenta nueva”.

En ese sentido, también dijo que la justicia transicional  no es un sapo que  hay que tragarse, sino una estrategia para superar un ciclo de violencia. “Esta es la oportunidad de instaurar valores nuevos en la sociedad”.

De la Calle también dijo que el Gobierno Nacional aceptaba que la guerrilla no era la única responsable del conflicto y que había culpas de agentes del Estado, Bandas Criminales y ciudadanos privados que han contribuido a la financiación del conflicto en algunas zonas del país. Todos ellos tendrían que recurrir a la justicia transicional.

“Al interior del Gobierno venimos buscando un modelo de justicia trancisional para agentes del Estado, guiándonos también por el marco de la justicia internacional”, anunció.

En ese sentido, habrían dos modelos de justicia transicional diferentes luego de la eventual firma de un acuerdo de paz: uno para miembros de las Farc y otro, diferente, para agentes del Estado.