Las interpretaciones equivocadas de lo que dice la CPI sobre el proceso de paz

La presencia del Vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, en un foro realizado en Bogotá, sirvió para aclarar varios de los mitos que existen sobre la posible intervención del tribunal en Colombia.

Mayo 14 de 2015
Foto: Corte Penal Internacional


A la Corte Penal Internacional cada quien la interpreta a su acomodo.

Quienes se oponen al proceso de paz aseguran que si los miembros de las Farc no pagan unas penas mínimas de cárcel, ese tribunal podría intervenir y que incluso la pena tendrían que cumplirla en cárceles internacionales.

“A las Farc les mando un mensaje: que no se equivoquen. Si no aceptan los estándares internacionales, que implican penas efectivas de cárcel, así firmen el acuerdo con el Gobierno, solo será cuestión de tiempo para que de una u otra forma terminen presos”, dijo el Procurador durante el mismo foro.

Quienes lo defienden sostienen que la búsqueda de la paz permite imponer penas alternativas como el trabajo social e inclusive renunciar a investigar ciertos delitos.

“En aras de la consecución de la paz es posible relativizar y restringir el alcance de investigar y juzgar las graves violaciones de los derechos humanos”, aseguró por su parte el Fiscal.

No todas estas interpretaciones son correctas.

Reconciliación Colombia contrasta algunas de ellas con lo dicho por el Vicefiscal de la Corte Penal Internacional, James Stewart, en el foro realizado por la Universidad El Rosario y El Tiempo, en Bogotá:

1. Es obligatorio que los miembros de las Farc vayan a la cárcel

“Si bien el Estatuto de Roma contiene disposiciones relativas a las penas en los procesos ante la CPI, no prescribe un tipo o duración específicos de las condenas que los Estados deben imponer por crímenes de la CPI. En materia de penas los Estados tienen amplia discrecionalidad”, dijo Stewart.

Lo dicho por el Fiscal significa que no es obligatorio que las Farc paguen cárcel, pero si es importante, según lo que dijo el mismo Stewart, que las penas sean adecuadas “a la gravedad del delito y al grado de responsabilidad de la persona condenada”.

Así, el tiempo que los miembros de las Farc han permanecido en Cuba participando en la negociación difícilmente podría considerarse como una pena efectiva, porque no es una sanción y mucho menos proporcional a la conductas cometidas.

En cambio, otro tipo de sanciones que no impliquen cárcel si podrían ser efectivas, siempre y cuando tengan tres elementos: que signifiquen una condena pública de la conducta criminal, que reconozcan el sufrimiento de las víctimas y que disuadan de que ese tipo de conductas vuelvan a ocurrir.

2. Condenas contra miembros las Farc pueden ser suspendidas como consecuencia del proceso de paz.

La Fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho sobre Colombia que los procesos a los que han sido sometidas las Farc y el Eln en Colombia han sido legítimos, pero está atenta a que haya una adecuada ejecución de las penas que se les han impuesto.

“Si se suspendiesen la ejecución de las penas impuestas previamente por las autoridades judiciales nacionales, las personas condenadas no cumplirían efectivamente ningún tipo de pena”, dijo el Vicefiscal Stewart.

De acuerdo a lo dicho con Stewart, no basta con que se imponga una pena adecuada y proporcional a los miembros de las Farc que hayan cometido delitos de lesa humanidad, esta debe cumplirse efectivamente.

Lo que sí permite la Corte Penal Internacional es la reducción de la penas, siempre y cuando, según explicó Stewart, se cumplan condiciones como el reconocimiento de la responsabilidad penal, la desmovilización y el desarme, la garantía de no repetición, la participación en el establecimiento de la verdad y la prohibición temporal de tomar parte en asuntos públicos, entre otros.

3. Está descartado que la CPI intervenga en Colombia por temas distintos a los crímenes cometidos por las Farc.

El Vicefiscal de la CPI mencionó en su intervención en Colombia dos casos por los que el organismo internacional no está plenamente satisfecho por la forma como han sido investigados en Colombia.

De los crímenes sexuales, afirmó que aunque el proceso de Justicia y Paz parecía haber traído avances significativos en la investigación de los crímenes cometidos por los paramilitares, “los crímenes de naturaleza sexual y basados en consideraciones de género presuntamente cometidos en el conflicto armado fueron un rasgo central de los casos contra los paramilitares, y las autoridades nacionales no parecerían haber avanzado mucho en la investigación de estos crímenes”.

De los falsos positivos, señaló: “el hecho de que no se investigue la responsabilidad en los más altos niveles de las autoridades militares afectará la posición que la Fiscal de la CPI adopte respecto de la admisibilidad de tales casos ante la Corte”.