Un año sin acuerdos en La Habana

Las delegaciones del Gobierno y las Farc no consiguen un acuerdo sobre los puntos de la agenda pactada para las negociaciones desde el 16 de mayo de 2014.

19 de mayo de 2015

Hace casi un año, cuando el país vivía una dura campaña por cuenta de las elecciones presidenciales en las que el Presidente Santos ganó su reelección, las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron que habían logrado un acuerdo en el punto de ‘narcotráfico y solución al problema de las drogas ilícitas’ luego de cinco meses de negociaciones.

Era el 16 de mayo de 2014 y el proceso de paz avanzaba a buen ritmo. Las dos partes ya habían conseguido acuerdos en tres de los seis puntos de la agenda con la que se habían sentado a negociar en 2012, y aunque los críticos de las conversaciones tenían cabida en buena parte de la opinión, lo que se respiraba en el ambiente era un optimismo moderado con respecto a la negociación.
 
Un año después la situación es bien distinta. Aunque las Farc decretaron un cese al fuego unilateral que bajó los niveles del conflicto armado, un ataque deliberado de esa guerrilla en el que murieron 11 soldados en Buenos Aires (Cauca) cambió la dinámica en la Mesa y aumentó el pesimismo en la opinión pública.

Pero más allá de ese ataque, hay un elemento que presiona aún más al Gobierno y las Farc en la Mesa de La Habana. Luego del acuerdo anunciado hace un año, las partes no han logrado cerrar ningún otro punto de la agenda. Desde agosto negocian el de ‘víctimas’, mientras una comisión conformada por militares activos y comandantes guerrilleros hablan en paralelo sobre el ‘fin del conflicto’.

En el proceso de desescalar el conflicto

A pesar de la falta de acuerdos concretos que avancen sobre la agenda, en La Habana sí ha habido hechos significantes durante este último año: en un gesto inédito, 60 víctimas del conflicto viajaron a la isla, se entrevistaron con los negociadores del Gobierno y las Farc, contaron sus historias de dolor y dejaron sus propuestas sobre la mesa.

También se dieron decisiones unilaterales que llevaron a desescalar el conflicto: la misma tregua unilateral de las Farc, el cese a los bombardeos del Gobierno –una orden revocada luego del ataque en Cauca– y la decisión de la guerrilla de no volver a reclutar a menores de 17 años en sus filas. Incluso, el acuerdo para implementar un plan piloto de desminado humanitario –un tema que no hace parte de la agenda pactada– fue un anuncio celebrado por los colombianos.

La entrega del informe de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas también fue un hecho destacado. Aunque el resultado de esta comisión no fue concluyente y ha sido cuestionado por algunos analistas, permitió que el país discutiera sobre los orígenes del conflicto y sus principales causas.

Pero la visita de las víctimas,  los gestos de desescalamiento y la entrega del informe quedaron en vilo luego del ataque en el Cauca. A partir de entonces, la falta de acuerdos en los temas concretos e importantes le empieza a pasa factura a la negociación.

Los temas más difíciles

Una de las posibles causas de la demora en conseguir acuerdos tiene que ver con que los temas que ahora se negocian son los más sensibles de la agenda. ¿Quién y cómo va a pagar por los daños cometidos durante el conflicto? ¿Cómo funcionarán los mecanismos de verdad y justicia transicional? ¿Habrá cárcel para los guerrilleros?

Los delegados de las Farc en La Habana han repetido insistentemente que ellos no van a pagar “ni un solo día de cárcel” y que su lucha armada está justificada por el “derecho a la rebelión”, una teoría que no cala en una opinión pública impaciente y desconfiada con respecto a las Farc.

El Gobierno, por su parte, ha repetido en varios escenarios académicos que el proceso no se consolidará si los miembros de la guerrilla no aceptan que tienen que enfrentarse a la justicia transicional y aceptar sus responsabilidades en el conflicto.

Al mismo tiempo, en todos los comunicados que publican en su página de internet, los negociadores de las Farc insisten en que el Estado debe reconocer que es el mayor responsable del conflicto, algo con lo que la delegación del Gobierno no está de acuerdo.

Mientras tanto, los críticos del proceso en Colombia repiten a diario que no puede haber una “paz sin impunidad”. El Procurador Alejandro Ordoñez dice que los compromisos internacionales de Colombia no permitirán amnistías de ningún tipo y que la cárcel es obligatoria, y el Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, ha publicado documentos en los que dice que los jefes guerrilleros no pueden tener una pena menor que la que se les dio a los jefes paramilitares en 2006.

Todos esos desacuerdos, que no parecen estar cerca de solucionarse, han estancado la negociación y no han dejado cerrar el punto de víctimas.

El próximo 21 de mayo, las partes volverán a la Mesa e intentarán, una vez más, acercar sus posiciones. El tiempo y el pesimismo de los colombianos corren en su contra.