La justicia transicional para los militares

¿Cuál será el futuro de los militares que han cometido delitos en un eventual proceso de verdad, justicia y reparación? Varios de ellos piden una justicia transicional que tenga en cuenta el fuero militar. El gobierno ya diseña un mecanismo.

26 de mayo de 2015
Foto: Ministerio de Defensa.


A pesar de la crisis que por estos días atraviesa el proceso de paz, las discusiones en la Mesa de Conversaciones de La Habana se mantienen.

El Gobierno y las Farc, presionados por un conflicto que se recrudece en Colombia, discuten desde agosto de 2014 sobre cómo reparar a las víctimas de 60 años de guerra y uno de los desacuerdos más grandes sigue siendo el tema de la justicia. ¿Cómo van a pagar los responsables de los crímenes graves?

Una discusión que por ahora se centra sobre todo en los guerrilleros de las Farc, pero que a la hora de la verdad también afectaría a algunos miembros del Estado culpables de crímenes graves. En ese último grupo entran los funcionarios públicos, empresarios y políticos involucrados con actores armados, pero también los militares.

Ahí es donde está el tema sensible. Las Fuerzas Armadas no quieren que se repita lo que pasó con el M19 en la década de los 90. Quienes se desmovilizaron de ese grupo armado recibieron una amnistía y hoy tienen cargos estatales, mientras que los militares que los enfrentaron en casos como el de la toma del Palacio de Justicia, enfrentan penas en prisión por aparentes excesos y delitos al momento de ejercer su labor.

Por eso en el alto Gobierno y en el seno de la fuerza pública han venido discutiendo una fórmula que les permita a los militares enfrentar de forma diferente la justicia luego de un acuerdo con las Farc. Humberto de la Calle lo anunció en un foro sobre el tema que se realizó en la Universidad del Rosario y los senadores involucrados en el tema de la paz lo tienen claro.

“En el Marco Jurídico para la Paz están las soluciones y allí está definido con mucha precisión que la justicia transicional se aplicará también para los funcionarios públicos, incluidas las Fuerzas Militares, de manera diferencial y diferenciadora, teniendo en cuenta el honor militar”, cuenta Roy Barreras del Partido de la U y miembro de la comisión de paz.

En eso parecen estar de acuerdo varios sectores que en materia de paz han estado enfrentados, aunque con diferentes matices. El uribismo, por ejemplo, también piensa que los militares necesitan un tribunal especial para aclarar los casos que actualmente están en la justicia. De hecho, en un documento en el que reunieron varias propuestas sobre el proceso pidieron, incluso, que ese eventual tribunal pueda revisar los casos de los miembros de la Fuerza Pública mientras ellos están en libertad.

Algunos militares también piensan en la justicia transicional. Para el mayor general (r) Juan Salcedo Lora, exdirector de la Escuela Superior de Guerra, aplicar solamente la justicia transicional a los guerrilleros sería un desastre. “El tipo de justicia ordinaria que impera en Colombia es tremendamente perjudicial, así que los militares abogamos por una justicia transicional. Para nosotros es mucho más fácil pasar por ahí porque siempre hemos estado al lado de la verdad y los que han cometido delitos o errores son el 1 por ciento de toda la fuerza”, dice.

¿Justicia penal militar y justicia transicional?

Actualmente los casos de militares involucrados en excesos o delitos por cuenta de su labor pueden entrar en dos tipos de procesos: la justicia ordinaria o la justicia penal militar. Para muchas organizaciones sociales, como Human Rights Watch, la segunda es un camino a la impunidad. Pero para los miembros de la Fuerza Pública, es la forma más justa de juzgarlos teniendo en cuenta la realidad del accionar militar.

Ellos dicen que la justicia ordinaria los juzga sin contexto y se quejan de vicios en los procesos. “Nosotros no hemos ocultado nada. Los soldados van y confiesan sus culpas, pero cuando lo hacen los maltratan. Los militares no le tememos a la verdad sino a la mentira, porque esos casos están llenos de falsos testigos y falsos testimonios”, cuenta el mayor general (r) Salcedo Lora.

De hecho, en el Congreso de la República actualmente cursa un proyecto de ley que reforma el fuero penal militar y que le otorgaría más cobertura a la justicia penal militar sobre la justicia ordinaria. Muchas organizaciones de derechos humanos han puesto el grito en el cielo, pero el saliente ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, la ha defendido con vehemencia.

Según él, una encuesta realizada a 600 miembros de la Fuerza Pública dio como resultado que la mayor preocupación para ellos era la sensación de inseguridad jurídica y, en ese sentido, dice una reforma al fuero militar sirve para darles claridad. “No es un tema político o de gremio, es un tema de Estado. Se necesita claridad para que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan un marco legítimo claro y sepan cuando están haciendo un uso legítimo, o ilegítimo, de la fuerza”, explica.

Para Gustavo Gallón, fundador de la Comisión Colombiana de Juristas, es importante que los delitos más graves sigan entrando por la justicia ordinaria. “Yo no creo que esos procesos estén llenos de montajes contra militares, como ellos dicen. Además, si hay irregularidades en la justicia ordinaria,  esta debe corregirse. La solución no es cambiar a la justicia militar”, dice.

La discusión sobre justicia penal militar o justicia ordinaria también será importante para el posconflicto.  La pregunta es con qué tipo de justicia transicional se juzgará a los militares que cometieron grandes crímenes.

Para el general (r) Néstor Ramírez, excomandante del Ejército Nacional, la justicia transicional no excluye a la penal militar. “La justicia penal militar es tanto una necesidad del Estado como un derecho de los militares. El Estado debe garantizar la seguridad jurídica con los militares y debe velar por las instituciones que le garantizan su existencia”, dice.

Con eso no está de acuerdo Iván Cepeda, senador del Polo Democrático: “La justicia penal militar no puede hacer parte de la justicia transicional porque no puede extender su dominio sobre crímenes de guerra y graves violaciones a los derechos humanos”. Para él, en un proceso de justicia transicional deberían salir a la luz las verdades sobre eventuales crímenes de agentes del Estado.

Lo cierto es que los militares y el alto Gobierno ya están mirando opciones para que en un eventual proceso de posconflicto los militares involucrados en delitos de lesa humanidad e infracciones al Derecho Internacional Humanitario puedan tener una opción de rebajar sus penas si dicen la verdad y se comprometen a reparar.

La discusión estará en qué tipo de tribunal se usará y en quienes tendrán que acudir ante él.

Según el ministro Pinzón, ellos no quieren excarcelación inmediata de los miembros de las fuerzas armadas que están tras las rejas por delitos como los falsos positivos, sino un marco que obligue a la verdad y a la no repetición. “Yo creo que si a los que hicieron masacres y atrocidades por el estilo se les ofrece una salida, también debe ofrecérsele a los miembros de las Fuerzas Armadas que cometieron delitos”, dice.