Gobierno y Farc acuerdan crear una Comisión de la Verdad

En un paso trascendental para el proceso de paz, las partes acordaron un mecanismo para esclarecer lo ocurrido durante más de medio siglo de conflicto. Es el primer acuerdo del punto de víctimas, que negocian desde hace un año.

4 de junio de 2015

La Mesa de La Habana dio hoy un paso histórico hacia adelante en el camino para terminar el conflicto armado que azota a Colombia desde hace más de 50 años.

Las delegaciones del Gobierno y las Farc anunciaron este jueves la creación de una ‘Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la no Repetición’, un mecanismo extrajudicial con el que esperan esclarecer la verdad de lo ocurrido durante la confrontación y que pondrán en marcha una vez firmado un acuerdo de paz definitivo. 

Está comisión -que estará conformada por 11 personas- investigará los crímenes de las Farc, de agentes del Estado, de paramilitares y de cualquier persona que haya estado involucrada en el conflicto. Para eso escuchará a las víctimas y a todos aquellos que hayan tenido que ver de forma directa o indirecta en la confrontación. 

El acuerdo llega en un momento trascendental, pues las partes no conseguían ponerse de acuerdo sobre uno los puntos de la agenda desde hace un año. Como si fuera poco, el esfuerzo por desescalar el conflicto, que funcionó con una tensa calma durante cinco meses, se fue al traste desde que la guerrilla mató a 11 militares en Buenos Aires (Cauca).

A todo eso se suma un escalamiento de la confrontación que algunas comunidades han sentido en carne propia en los últimos días, pues volvieron los hostigamientos, ataques a la infraestructura, atentados y bombardeos.  Esta semana, por ejemplo, Buenaventura y Tumaco se quedaron sin luz por la voladura de dos torres a manos de las Farc.

Con este nuevo paso, la Mesa de La Habana recibe un nuevo aire y al mismo tiempo las partes avanzan en el acuerdo sobre el punto de víctimas, al que aún le falta un buen pedazo para quedar completo.

No será insumo para la justicia

Según el comunicado publicado por las partes y leído por los representantes de los países garantes (que puede encontrar completo al finalizar este artículo), “la Comisión hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la Mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz”.

Eso implica que aún hace falta acordar los mecanismos de justicia transicional que van a juzgar a los responsables de los crímenes durante el conflicto y que nada de lo que se cuente en la Comisión de la Verdad servirá para abrir procesos judiciales. Además, los comisionados que sean elegidos no podrán ser llamados a declarar ante la justicia. 


En ese sentido, la comisión tendrá tres objetivos fundamentales.  El primero es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido durante los más de 50 años de conflicto armado y “ofrecer una explicación amplia de la complejidad del mismo, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad”.

El segundo es promover el reconocimiento de las víctimas y el reconocimiento voluntario de las responsabilidades individuales y colectivas de todos los que estuvieron involucrados directa o indirectamente con el conflicto armado.

El último es el de promover la convivencia en los territorios que dignifique a las víctimas y genere “una cultura democrática que cultive la tolerancia, y nos libre de la indiferencia frente a los problemas de los demás”.

El mandato, las características y la escogencia de los comisonados

El mandato que el Gobierno y las Farc le dieron a la comisión de paz es el de esclarecer y promover el reconocimiento de la verdad de lo ocurrido durante el conflicto. En ese sentido, las partes enumeraron 10 temas específicos que los comisionados tendrán que tener en cuenta para investigar:

1.       Prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), en particular aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.

2.       Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del Gobierno, y los demás poderes públicos, de las Farc, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución, nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto, por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior.

3.       El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los/as defensores/as de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores,  ganaderos/as, comerciantes y  empresarios/as, entre otros.

4.       El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición.

5.       El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos.

6.       El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.

7.       Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, entre otros.

8.       El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad.

9.       Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva.

10.   Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto.

Además, dejan claro que esta funcionará durante tres años y tendrá un enfoque regional y territorial. También tendrá que tener en cuenta de forma diferenciada a las mujeres, los grupos étnicos, las personas en situación de discapacidad, los miembros de la población LGTBI, los niños y los adultos mayores, entre otros.

Las reglas más específicas y la definición del procedimiento para que las personas participen tendrán que ser definidos más adelante por los comisionados. Pero la idea, según el comunicado, es que a quienes participe se les garantice un espacio de dignidad y respeto,  por eso, esperan que "las audiencias que establezcan sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia".

La comisión, además, tendrá que definir una metodología para contrastar y verificar la calidad y confiabilidad de la información que recolecte, y para identificar la información falsa que puedan suministrarle de mala fe. 


Otro punto importante es que la Comisión de la Verdad no podrá tner más de tres comisionados extranjeros. 

Para escoger a los 11 comisionados se hará una convocatoria pública y un comité de nueve personas elegirá a los expertos. Ese comité de escogencia tendrá seis personas elegidas por el Gobierno y las Farc, y tres representantes de organizaciones o entidades que serán definidas en la Mesa.  

Ejemplos internacionales

Este no sería el primer esfuerzo de ese estilo en el mundo. Más de una treintena de países han utilizado mecanismos similares para terminar sus conflictos e identificar a los responsables de las atrocidades ocurridas durante las confrontaciones. Sólo en América Latina, por ejemplo, otros siete países lo han utilizado, muchos de ellos después de largas dictaduras.

Estas comisiones de la verdad no siempre han sido iguales. Todas tuvieron composiciones diferentes, los mandatos no fueron los mismos y la forma en la que recogieron los testimonios tampoco. También varía lo que cada sociedad ha hecho con los resultados, pues no siempre estos informes se utilizan para adelantar acciones judiciales ni para otorgar rebajas en las penas.

En algunos casos, como en Sudáfrica, asistir a los tribunales y contar la verdad de lo que había pasado, les garantizaba a los combatientes una amnistía. En Argentina se decidió que su resultado fuera una verdad no judicial, pero muchas décadas después la justicia comenzó a abrirles procesos a los culpables de las atrocidades de la dictadura.  (Lea también: ¿Cómo funcionaron las comisiones de la verdad en otros países del mundo?)

Ahora, Colombia tendrá que definir como empezar a darle forma a lo acordado en el papel. El Marco Jurídico para la Paz, aprobado por el Congreso de la República y validado por la Corte Constitucional, ya tiene contemplada la opción de una comisión de este estilo, pero establece que es el Congreso de la República el que debe crearla por medio de una ley en la que defina “su objeto, composición, atribuciones y funciones”.

En este caso, habría que ver si el congreso aprueba de forma textual lo que ya acordaron el Gobierno y las Farc. 

Lea el comunicado completo con el anuncio de la creación de la Comisión de la Verdad. 

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