Las víctimas en Colombia escogieron a sus nuevos representantes

Este miércoles se instaló la segunda Mesa Nacional de Víctimas conformada por 52 representantes de todo el país. El Gobierno tiene el reto de cumplir con el plazo que dio la ley para reparar a todas las víctimas.

11 de junio de 2015

Cerca de 300 víctimas del conflicto colombiano se dieron cita en Paipa (Boyacá) durante tres días para elegir a 52 de ellas para que representen, hasta el 2017, a las 7’438.023 víctimas que están registradas ante la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas.

Lo harán por medio de la Mesa Nacional, un mecanismo creado por la Ley de Víctimas para garantizar la participación efectiva de las personas afectadas por el conflicto en los espacios de diseño, ejecución y evaluación de las políticas que tienen que ver con el cumplimiento de esa ley.

El proceso arrancó entre febrero y marzo, cuando las organizaciones de víctimas que están en los municipios y que estaban interesadas en hacer parte de la mesa se inscribieron ante las personerías. En abril se eligieron los representantes que harán parte de las mesas de cada municipio y en mayo, se hizo el mismo ejercicio para cada uno de los departamentos.

Luego cada mesa departamental eligió a sus delegados y así se conformó el grupo de 300 víctimas que votaron este martes para elegir a los representantes de la mesa nacional en Paipa.

“En este nuevo periodo, y a través de esta representación, asumimos el compromiso de lograr que se lleven a cabo planes y proyectos para el bienestar de las víctimas de todo el país”, dijo Odorrico Guerra, quien fue elegido coordinador nacional de la mesa y quien en su primer discurso pidió a la Unidad de Víctimas ampliar el plazo para que las víctimas de antes de 1985 se puedan registrar, que se vencía este miércoles. 

La instalación de la mesa fue precedida por el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien tomó el juramento de los 52 representantes y aprovechó el escenario para criticar el doble discurso de las Farc, que “en La Habana se proclaman como un ejército del pueblo y como defensores de los campesinos, pero en Colombia maltratan a la población civil, contaminan los ríos y la vegetación y perjudican a los más necesitados”.

Por su parte, Paula Gaviria, directora de la Unidad de Víctimas, resaltó el trabajo de la anterior mesa de víctimas. “Fueron escuchadas en el Congreso, Asambleas y Concejos de todo el país, asistieron a La Habana (Cuba) y sus propuestas fueron impecables. Ahora esta mesa debe continuar con acciones contundentes y continuar levantando esa voz que el conflicto les arrebató”, dijo

¿No hay plata para tanta gente?
 
Durante el evento varias víctimas señalaron los retos que tiene el Gobierno para cumplir con lo prometido por la Ley de Víctimas.

Al día de hoy han sido reparadas 506.100 personas, pero cerca de 5’889.658 son sujeto de reparación. De hecho, según un estudio de la Universidad de Harvard, la reparación que planteó Colombia no tiene comparación en el mundo y el hecho de querer reparar a todas las víctimas de la violencia para el 2021 plantea una serie de dificultades.

Las víctimas lo saben y muchas se quejan de demoras en el proceso de reparación. “Hay mucho papel, hay mucha letra, hay mucha ley, pero lo que es el efectivo y la reparación integral no existe”, le dijo a Reconciliación Colombia Maria Mayela Valencia, una mujer de Caldas que llegó desplazada a Tolú (Sucre) y estuvo presente en el encuentro.

Incluso muchas víctimas hablan de problemas a la hora de conseguir beneficios para vivienda o educación.  “Hace falta que las instancias administrativas del Estado cumplan con todo lo que se ha acordado en los ejercicios que se han hecho. Por ejemplo en cuanto a la reparación, a la falta de vivienda y muchas otras cosas que hacen falta”, contó Pablo Enrique Melo, una de las víctimas de Arauca que asistieron al encuentro.

Una víctima de Cauca que no quiso dar su nombre cuestionó incluso que las autoridades gasten los recursos en  eventos como el de Paipa, que duró tres días en uno de los mejores hoteles de la zona, mientras que algunas víctimas en las regiones siguen pasando hambre.

Sin embargo, todos coinciden en destacar los avances que para las víctimas ha significado la ley en materia de reconocimiento y atención. Algunos, como Carlos Herreño, quien viene de Velez (Santander) dice que la reparación es un proceso y que “en la medida en que esto va avanzando, pues mejora”.

La Unidad de Víctimas es consciente de los retos. “Harvard reconoció el esfuerzo y lo ambicioso del programa de reparaciones, pero también llamó la atención sobre su sostenibilidad. Por eso recomendó hacer una priorización”, explicó Paula Gaviria.

Ella dice que la planeación que se hizo en el 2011 sin tener claro el registro de víctimas se quedó corta frente a la realidad. “Nunca pensamos que fueran a llegar un millón de declaraciones”, dijo, y explico que hechos puntuales, como la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó indemnizar económicamente también a las víctimas de desplazamiento –que son el 86% de los registrados– cambió la planeación inicial que tenía el Gobierno.

Sin embargo, dentro del Gobierno Nacional ya el Ministerio de Hacienda está revisando esas contingencias y sobre la mesa está si se buscan nuevas fuentes e, incluso, si se alarga el plazo que dio la ley para reparar a todas las víctimas, que por ahora es de 10 años.