El riesgo de tomar a la ligera los ‘falsos positivos’

Informe de Human Rights Watch lo califica como uno de los episodios más atroces en el hemisferio occidental en las últimas décadas. La Corte Penal Internacional ha advertido que si las investigaciones contra altos mandos en Colombia no son efectivas, podría intervenir.
 
Junio 26 de 2015
Foto: Presidencia

 
La respuesta del Presidente Santos al informe de Human Right Watchs sobre ‘falsos positivos’, que sostiene que comandantes de unidades tácticas y brigadas responsables “conocieron o debieron conocer” lo que ocurría, fue de escepticismo.

El mandatario aseguró que la organización está señalando y causando un enorme daño a un grupo de altos oficiales, sin ninguna documentación.

El Procurador, Alejandro Ordoñez, que ha sido muy crítico del Gobierno frente al proceso de paz con las Farc, coincidió sin embargo con el Presidente en este tema.

“Pienso que esa institución no puede asumir esas investigaciones como si fueran fundadas en realidades incontrovertibles. En ello la actitud del Estado colombiano debe ser de condena por ser conclusiones ligeras pero si son conocidas por los jueces colombianos deben ser investigadas”, señaló Ordoñez.

Las conclusiones de Human Rights Watch, aunque no pueden sustituir una investigación judicial, tampoco pueden tomarse a la ligera.

Como lo muestra un artículo de Verdad Abierta, la organización encontró por lo menos seis indicios de que altos mandos (comandantes de unidades y brigadas) pueden tener responsabilidad por acción o por omisión respecto de ellos.

Entre esos comandantes se encuentran los actuales comandantes de las Fuerzas Militares y el Ejército, General Juan Pablo Rodríguez y General Jaime Lasprilla, respectivamente.

Hechos como que se hayan pagado recompensas, se haya autorizado el traslado de tropas y los crímenes se hayan cometido de manera sistemática serían señales de que esta situación no podía escapar del control de los comandantes.

Además, Human Rights Watch destaca que las investigaciones no han avanzado como deberían y que de parte de autoridades militares no ha habido colaboración en las investigaciones.

Aunque hay unos 800 uniformados por estos más de 3 mil crímenes, cometidos entre 2002 y 2008, la mayoría de ellos son de bajo rango. De los 16 generales activos y retirados que están bajo investigación, ninguno ha recibido imputación de cargos.
 
El martes, el Fiscal General, Luis Eduardo Montealegre, reveló que el excomandante del Ejército, general Mario Montoya, y otros tres altos militares en retiro, Ricardo Andrés Bernal, Jorge Arturo Salgado y Henry William Torres, deberán comparecer ante  un fiscal delegado de la Corte para responder por los ‘falsos positivos’.

Esa misma advertencia que ha hecho Human Rights Watch la había hecho también la Corte Penal Internacional.

“Como se ha documentado en el presente informe, se ha emprendido un número importante de investigaciones en relación a asesinatos de civiles en casos de falsos positivos. Sin embargo, la mayoría de los procedimientos existentes no se ha centrado en quienes podrían ser los máximos responsables de estos crímenes. En particular, estos crímenes parecen haber sido cometidos a gran escala y de forma sistemática en cumplimiento de una política de Estado o de una organización. La actividad judicial llevada a cabo hasta la fecha no ha logrado esclarecer el contexto y las circunstancias en las que estos crímenes se han cometido, sino que más bien ha perpetuado la impunidad conferida por el desempeño de un cargo oficial en lugar de disminuirla”, aseguró la Corte Penal Internacional en un informe sobre la situación de Colombia.

En 2014, un nuevo informe reconoció avances en la investigación, pero la exigencia de que esto se traduzca en decisiones efectivas se mantiene.