Restitución de tierras: los países de los que puede aprender Colombia

Kenia, Nepal, Sudáfrica e Iraq también adelantan procesos para restituirles sus tierras a las víctimas de desplazamiento. Expertos de esos países cuentan sus experiencias.

1 de julio de 2015

Todos son países en los que los problemas con la tenencia de la tierra  vienen gestándose de tiempo atrás y aún hoy están enquistados en lo más profundo de los sistemas económicos, políticos y sociales.

En los cuatro casos, además, unas clases dominantes, que mantenían (y en algunos casos aún mantienen) el poder, lo aprovecharon para acaparar tierras y alejar de ellas a las clases menos favorecidas.

Esa situación derivó, directa o indirectamente, en conflictos armados y guerras fratricidas que desangraron esos territorios y que agravaron el problema de la inequidad en la tenencia de la tierra.

Pero en todos los casos, también, se han llevado a cabo procesos para restituir las tierras y compensar a los campesinos víctimas, en algunos casos después de procesos de paz exitosos que pusieron fin a las confrontaciones.

Se trata de Nepal, Kenia, Sudáfrica e Iraq, cuatro países que aunque están lejos de Colombia, comparten características, retos y desafíos. El de restituir las tierras de campesinos que las perdieron en medio de la violencia es uno de los más importantes.

Representantes de esos países están durante esta semana en Colombia, compartiendo sus experiencias con la Unidad de Restitución de Tierras.

Reconciliación Colombia habló con ellos sobre lo que pasó en sus países y cómo lo están solucionando. Esto fue lo que dijeron:


Sudáfrica: la discriminación también tocó las tierras

El ‘apartheid’ y la segregación racial que gobernó a Sudáfrica hasta 1994 también afectó la tenencia de la tierra y llevó a que las propiedades se concentraran en pocas manos, despojando de sus lugares de origen a los afrodescendientes, que son la mayor parte de la población.

Desde antes de la conformación del país, la población nativa había sufrido desplazamientos por parte de los colonizadores británicos y holandeses, pero el sistema se formalizó en 1913, cuando se expidió la Ley de Tierras de Nativos que prohibió a los negros (el 88 por ciento de la población) tener, alquilar u ocupar tierras en casi todo el país. Desde ese entonces sólo tuvieron acceso a unas zonas marginales, que juntas ocupaban sólo el 7,3 por ciento de la superficie total de Sudáfrica.

Cuando se logró la paz en 1994 y el país implementó un sistema democrático, la nueva constitución reconoció el derecho a la tierra y el nuevo congreso aprobó una ley para restituir los terrenos que habían sido despojados después de 1913. Para llevar a cabo ese objetivo el nuevo gobierno, liderado por Nelson Mandela, creó la Comisión de Restitución de Derechos de Propiedad y puso un plazo para recibir las reclamaciones de restitución: diciembre de 1998.

En ese periodo la comisión solicitó los reclamos, los investigó y trato de buscar una solución negociada y pacífica entre los reclamantes y los nuevos ocupantes, que en su mayoría eran personas inocentes que no participaron en el desplazamiento y que adquirieron las propiedades de buena fe. Cuando la negociación no funcionaba, el caso llegaba a un tribunal de restitución en el que la decisión final la tomaban jueces especializados en el tema de la tierra.

Al final, cerca de 1 millón 800 mil personas se vieron beneficiadas con la restitución de un poco más de 3 millones de hectáreas y se pagaron 686 millones de dólares en compensaciones económicas para quienes decidieron no volver a las tierras de las que sus familias habían sido despojadas en el pasado. Pero el resultado no fue satisfactorio, porque las autoridades habían calculado que el total de personas despojadas era cercano a los 7 millones y medio.

Cuando estudiaron el caso, las autoridades sudafricanas se dieron cuenta  de que muchas personas no habían presentado sus reclamaciones porque no se enteraron que había un plazo para hacerlo, por lo que el Gobierno recientemente aprobó una nueva ley que creó un nuevo periodo para presentar solicitudes de restitución que arrancó el 30 de junio de 2014 y que se extenderá hasta el 30 de junio de 2019. Hasta el momento han recibido más de 62.000 nuevas reclamaciones.

Adicionalmente, y desde el año 2009, la comisión tiene la tarea de promover el desarrollo rural en el país y especialmente en las tierras restituidas. Según Thami Mdontswa, director adjunto de la Comisión de Restitución de Derechos de Propiedad, todo esto en consonancia con un plan del Gobierno de Sudáfrica, que busca “resolver las injusticias históricas, mejorar la capacidad de vida, reducir la inequidad y ampliar la economía”.

Kenia: repartiendo en medio de la escasez 

Aunque Kenia es un país con cerca de 581.000 kilómetros cuadrados, sólo el 20 por ciento de su tierra se puede considerar productiva. La mayor parte del terreno es árido y allí sólo habitan grupos nómadas. Esa escasez, combinada con una serie de condiciones que vienen desde el periodo precolonial, ha generado conflictos que aún tienen efectos graves.

Antes de la llegada de los colonizadores ingleses, la propiedad sobre la tierra en muchos lugares era comunal. Pero con la colonización, la tierra se comenzó a individualizar y muchas comunidades indígenas salieron desplazadas. Además, se presentaron desalojos de manera forzada y se crearon planes que le quitaron las tierras a los locales para entregársela a los colonizadores blancos.

Eso no cambió mucho después de la independencia keniana. Los Gobiernos que han estado al frente del país aprovecharon esas mismas leyes y utilizaron la tierra como un vehículo para pagar favores políticos. Esa situación generó conflictos que se incrementan durante los periodos electorales.

A pesar de esas condiciones, Tom chavagni, el director de la Comisión Nacional de Tierras de Kenia dice que a lo largo de los últimos años se han desarrollado diferentes mecanismos para solucionar los problemas por la tierra.

Con la nueva constitución de Kenia, refrendada en agosto del 2010, se creó, por ejemplo, la Comisión Nacional de Tierras, encargada desde entonces de entregar de forma más equitativa las tierras públicas a nombre del Gobierno de ese país. Adicionalmente, en 2012 se expidieron la Ley de Tierras y la Ley de Registro de Tierras, que consolidaron todas las normas sobre el manejo de las tierras y que han puesto en marcha algunos cambios.

También están diseñando los mecanismos para corregir los errores históricos. “Hay propuestas para crear una Ley de despojos y una de tierra histórica que analice las tierras que fueron adquiridas de manera ilegal durante el periodo precolonial y colonial y defina cómo van a restaurarse para el uso público”, cuenta Chavagni.

Aunque ya dieron los primeros pasos, el tema aún sigue siendo complejo y una solución estable no se ve cercana. “El marco legal, económico y político que se ha establecido en el país no ha logrado cambiar el modo de pensar con respecto a la tierra”, acepta.

Nepal: contra el sistema de castas

El acuerdo de paz firmado en noviembre de 2006 entre los siete partidos políticos de ese país y un grupo armado maoísta, terminó con un conflicto armado que se había extendido por cerca de diez años y cuya principal causa había sido el problema con las tierras.

Un problema estructural en un país que por mucho tiempo se manejó por el sistema de castas, lo que generó que las tierras quedaran en manos de las clases más ricas y favorecidas. Los de las clases más bajas terminaron trabajando para los dueños en una especie de sociedad feudal que incrementó las desigualdades.

Esa situación generó una serie de levantamientos y conflictos que las autoridades intentaron controlar con varias iniciativas de reforma a la tenencia de la tierra. En 1964 decidieron limitar la cantidad de tierra que podía tener una persona y confiscar los terrenos que sobrepasaran ese límite para repartirlo entre quienes no tenían recursos.

Pero las iniciativas no funcionaron y en 1996 se produjo el alzamiento armado de los maoístas que empeoró la situación, pues el grupo armado confiscó muchas tierras de personas que no compartían sus ideales y las repartió entre las masas de nepalíes sin tierras que los apoyaban.

Uno de los acuerdos alcanzados en el proceso de paz estableció que las tierras confiscadas tenían que ser devueltas a sus dueños. Ese acuerdo ha tenido algunos problemas debido a que al intentar devolver la tierra, el Gobierno se encontró que allí estaban viviendo personas en condiciones vulnerables. Y aunque en algunos lugares los dueños originales han acordado repartir la tierra con el nuevo dueño, el problema persiste en la mayor parte del país.

Aparte de la restitución de las tierras despojadas por la insurgencia, en 2007 el Gobierno de ese país creó varias comisiones de alto nivel para solucionar el problema de los ‘sin tierra’. Hasta este momento esas comisiones han entregado 35.000 hectáreas a 15.000 familias que antes no tenían acceso a las tierras, pero esto no ha sido suficiente, pues según cifras oficiales el 25 por ciento de los nepalíes siguen siendo campesinos sin tierra.

Para Janak Raj Joshi, subsecretario del Ministerio de Reforma de Tierras y la Administración Rural, las reformas y el acuerdo de paz han tenido fallas en la implementación: “Aún nos falta mejorar la capacidad de los recursos humanos,  además tenemos unas bases de datos débiles que aún no están funcionando. Pero lo más grave es que el conflicto aún sigue existiendo entre algunos grupos y en la sociedad”.

Irak: restituyendo en medio de la violencia

Desde hace más de cuatro décadas, Irak ha pasado por una serie de épocas violentas que aún hoy generan desplazamientos y que han llevado a que las tierras, en muchos casos, hayan tenido cuatro o cinco dueños distintos en un corto periodo de tiempo.

La primera comenzó en 1968 y se extendió hasta 2003, un periodo en el que ocurrieron una serie de despojos violentos auspiciados por el régimen de Sadam Hussein. El más grave sucedió en las provincias del norte, las más ricas en petróleo, cuando el régimen desplazó a los kurdos y los turcos de sus tierras ancestrales para asentar allí a población más favorable a sus políticas.

La segunda se dio una vez caído el régimen, luego de la llegada de las potencias occidentales. La tercera fue entre 2006 y 2007, cuando se incrementó la violencia interétnica entre chiitas y sunitas. Y la última se está dando actualmente con el accionar de Isis (Estado Islámico) en el área kurda. En total, hay dos millones y medio de personas desplazadas dentro del país.

La Comisión de Restitución de Tierras comenzó a operar en 2004 en medio de ese contexto y usando como referente el caso de Bosnia. Para llevar a cabo su labor, creó 33 comités judiciales con jurisdicciones definidas a lo largo y ancho de todo el país. Esos comités son los primeros en definir la viabilidad o no de las restituciones que reclaman los desplazados. Por otro lado hay un tribunal de casación que tiene la responsabilidad de definir las apelaciones que interponen los afectados por las decisiones del comité.

Además, existe la opción de compensar a los actuales ocupantes de los predios que se restituyen, siempre y cuando demuestren que no tuvieron ninguna relación con el desplazamiento forzado de la familia que habitaba originalmente la tierra.

Hasta el momento la comisión ha recibido 186.000 reclamos y ha tomado 169.000 decisiones. Pero de ellas, sólo 13.000 –menos del 10 por ciento de todos los casos–  han sido efectivas.  

Según Peter van der Aweraert, director de la División de Tierras, Propiedad y Reparaciones de la OIM, este rezago se da porque en muchas áreas aún hay conflictos sectarios y la policía no ha ayudado a hacer realidad las decisiones de restitución. Aunque también, dice, se presenta porque no hay coherencia entre la comisión y otras entidades del Estado. “El ministerio de finanzas, por ejemplo, apela siempre las decisiones que obligan al Gobierno a compensar a los segundos ocupantes y eso retrasa la restitución efectiva de los predios”, explica.