Captura a líderes sociales: urge claridad

Las organizaciones sociales que conocen a quienes las autoridades señalan como autores de los petardos en Bogotá dicen que hay presión en el ejercicio de una justicia mediática que no trae sino cacería de brujas.

9 de julio de 2015

El perfil profesional de Paola Andrea Salgado Piedrahita no parece el de una delincuente que está al acecho de la oportunidad para hacer volar un petardo que cause zozobra en los transeúntes de un populoso lugar de Bogotá. Sin embargo, para las autoridades Paola Andrea fue la encargada de sembrar el terror entre los capitalinos.

Al contrario, las organizaciones que la conocen salen en su defensa y comentan que la conocen, no de hace unos días, sino de mucho tiempo atrás. Incluso dan cuenta de su trabajo hace una década atrás. http://www.semana.com/nacion/galeria/con-protestas-defienden-paola-otros-detenidos-por-petardos/434187-3

Las organizaciones sociales también han comentado la captura de las últimas horas de los otros señalados por las autoridades y dicen que esto es un show mediático de una justicia mediática. Veámos el perfil que envían las organizaciones sociales que los conocen:

. Andrés Felipe Rodríguez Parra es filósofo de la Universidad Nacional, fue activista estudiantil en el marco del proceso de La Mane, actualmente trabaja en la Fundación Paz y Reconciliación y hace parte del Congreso de los Pueblos como líder estudiantil.

. Gerson Alexander Yacumal Ruiz es estudiante de último semestre de educación comunitaria de la Universidad Pedagógica y ha sido profesor en Ciudad Bolívar y en Tunjuelito; actualmente está vinculado a Tejuntas, es líder juvenil comunitario en Ciudad Bolívar y en Usme. 

. Liceth Johana Acosta es estudiante de ciencias sociales de la Universidad Pedagógica, hace parte de la Identidad Estudiantil e impulsó el proceso de la Mane; actualmente integra el Congreso de los Pueblos.  

. Jhon Fernando Acosta es estudiante de licenciatura en artes escénicas de la Universidad Pedagógica y trabajaba desde su espacio en el respeto hacia las mujeres y el cuerpo como territorio de construcción de paz. Hace parte del movimiento Identidad Estudiantil.

. Feliz Mauricio Augusto Gutiérrez Díaz es estudiante de filosofía de la Universidad Pedagógica. Hizo parte del proyecto Lectores Ciudadanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá para impulsar la lectura en familias y comunidades vulneradas. Actualmente, se desempeñaba como profesor en colegios de zonas rurales y urbanas de Cundinamarca para preparar estudiantes en pruebas del saber.

En un país en que se ha estigmatizado históricamente a los movimientos sociales, es bueno escuchar estas voces. Urge claridad sobre estas capturas y determinar si los elementos que sirven de base a las capturas son suficientes para vincularlos con acciones terroristas. Nada menos que ligarlos a estas prácticas les da un estimado de 10 años de prisión. El Código Penal Colombiano describe así el tipo y la sanción penal:

“Terrorismo. Modificado Decreto 2266 de 1991, Art. 4. El que provoque o mantenga en estado de zozobra o terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o las edificaciones o medios de comunicación, transporte, procesamiento o conducción de fluidos o fuerzas motrices, valiéndose de medios capaces de causar estragos incurrirá en prisión de diez (10) a veinte (20) años y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que ocasionen con este hecho”.

Por eso, la larga lista de organizaciones firmantes (abajo relacionadas por este portal por tratarse del futuro de personas de carne y hueso) piden, en concreto, tres cosas:

La primera, libertad para las personas capturadas y, dado que son conocidas, que estas acudan a los estrados judiciales a responder por los cargos. La segunda, valoración razonable y técnica de las pruebas recaudadas por parte de la Fiscalía. La tercera, exigen garantías a la participación política y al ejercicio de la protesta social y de la defensa de los derechos humanos.

El corte de las organizaciones que salieron en su defensa muestra que, al menos, son personas que trabajaban en los movimientos populares y de masas, muchas veces confundidos (intencionalmente o no) con movimiento subversivos. 

Las organizaciones firmantes de relevancia nacional son Mujeres por la Paz; Comisión de Justicia y Paz; Asociación Minga; Comité de Solidaridad con los Presos Políticos; Coordinación Nacional Mineroenergética; Coordinación Nacional Agraria; Diálogo Interclesial por la paz –Dipaz-; la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia; la Ruta Pacífica de Mujeres; el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer; la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo; el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado; y el Congreso de los Pueblos.

También organizaciones regionales como el colectivo ‘Vamos por los Derechos’; Poder y Unidad Popular Nacional y varios de sus capítulos regionales; Partido Comunista Colombiano; Hijos e hijas; la Asociación Comunitaria de Desarrollo Social; la Fundación para la Libertad de los Derechos y la Paz; Marcha Patriótica; el proceso Nacional Identidad Estudiantil; la organización ONG Internacional Colombia Desplazados; la Asociación de Familias Agromineras del Sur de Bolívar y Antioquia; la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar; Plataforma Social de Engativá; la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria; la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todos; Mesa de Cerros; la Acción Educativa Suba; Red Enrólate con Suba; Corporación Colectivo León Zuleta; El Rebelde Medios Alternativos; el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Campesinos y Comunidades del Cesar; Rebeldía Estudiantil Organizada; la Corporación Claretiana Normán Pérez Bello; el Equipo Jurídico de los Pueblos; la Corporación Social Nuevo Día; el Colectivo Subalterno; la Asociación Distrital de Educadores –ADE-; la Corporación Cartográfica Sur; la Escuela de Formación Popular Pedro Nel Jiménez; la Plataforma Juvenil Segunda Independencia; y la Red Distrital de Estudiantes de Secundaria.

Estos son los otros nombres de las organizaciones firmantes: la Corporación el Colectivo; la Plataforma Social Usme; la Red Popular de Derechos Humanos de Bogotá Sur; Unidad de Procesos Populares; la Corporación Solidaridad Jurídica; la Fundación Lazos de Dignidad; la Red de Mujeres Jóvenes; la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios; la Juventud Comunista de Colombia –Juco-; la Juventud Rebelde de Bogotá; la federación de Estudiantes Universitarios –Feu Colombia-; el tejido Juvenil Nacional Transformando Sociedad –Tejuntas-; el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos; la Mesa de Trabajo Mujer y Conflicto Armado; el Instituto Nacional Sindcal; la Casa de la Mujer; la Unión Sindical Obrera; la asociación Censat-Agua Viva; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; y el Instituto Latinoamericano por una sociedad y un derecho alternativos –Ilsa.

En las calles de Bogotá aledañas al Complejo Judicial y las redes sociales las protestas por las capturas masivas de estos jóvenes empezaron a crecer bajo el término ‘falsos positivos judiciales’. La Fiscalía tendrá que verificar qué tan contundentes son las pruebas contra estos líderes sociales.