La discusión jurídica que puede destrabar el proceso de paz

Con la llegada de un grupo de asesores de alto nivel a La Habana, comienza la búsqueda de una fórmula que permita resolver uno de los puntos más críticos de la negociación.
 
Julio 28 de 2015
Fotos: Archivo Semana

 
Por parte del Gobierno, el grupo de asesores está conformado por dos ex presidentes de la Corte Constitucional, Manuel José Cepeda y Juan Carlos Henao, y Doug Cassel, un experto estadounidense en justicia transicional que asesoró a la Comisión de la Verdad en El Salvador.

Las Farc, por su parte, tienen como asesores al ex ministro y ex congresista Álvaro Leyva, y al abogado español, Enrique Santiago, quien este fin de semana dio una amplia entrevista a la Revista Semana.

Aunque los asesores del Gobierno han mantenido un prudente silencio sobre su participación en La Habana, de las declaraciones que ha dado Santiago pueden extraerse algunos temas sobre los que deberá centrarse la discusión jurídica que se dará en La Habana.

Al preguntársele a Santiago si las Farc están buscando una amnistía general, el abogado admite que solo para delitos políticos y conexos porque los miembros del grupo guerrillero “son muy conscientes de que los crímenes internacionales no están cubiertos por ninguna amnistía”.

Sin embargo, habla de sanciones con contenido reparador y restaurador, pero no de cárcel sino de penas alternativas. Además, califica como “medieval” la idea de que la única sanción posible sea la cárcel.

Aunque el Gobierno, por su parte, no ha hecho pública la posición que defenderá en La Habana, en entrevista con Claudia Gurisatti, el Presidente Santos insistió en que sí es necesario que los miembros de las Farc cumplan penas privativas de la libertad.

"Tiene que haber una pena privativa de la libertad. Eso es claro", dijo.

Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador del Gobierno, por su parte, había asegurado en otra entrevista con Juan Gossaín, que las penas que se impondrían a las Farc serían en condiciones de dignidad y “sin rejas ni piyamas rayadas”.

Justicia transicional para todos

El asesor de las Farc, Santiago, aseguró también que para que ese grupo guerrillero es fundamental que haya simetría. Es decir, que los agentes del Estado que sean responsables de delitos atroces cumplan sanciones equivalentes a los miembros de las Farc que sean condenados.

“Las FARC no buscan una simetría absoluta. No están diciendo que si Timochenko va a la cárcel, Santos vaya también. Están diciendo que si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir. Buscan más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país, ni de lejos”, dijo.

Y agregó: “Si la posición es todos vamos a la cárcel, las FARC no tendrán problema”.

Una posición similar ya había sido planteada por el ex presidente César Gaviria, en una propuesta que fue respaldada en su momento por el Gobierno.

Gaviria propuso que la justicia transicional fuera para todos, es decir que se aplicara tanto a los miembros de las Farc como a agentes del Estado que hubieran cometido crímenes de lesa humanidad o a empresarios que hubieran apoyado el paramilitarismo.

“De lo que se trata entonces es de ponerle fin a la guerra de manera definitiva y de definir de una vez por todas las responsabilidades judiciales de los distintos actores”, explicó Gaviria.

Aunque la discusión apenas comienza, las declaraciones de las dos partes muestran que en materia de justicia pueden estar menos lejos de lo que parece.

En las declaraciones que De la Calle dio sobre el nombramiento de los juristas que hacen parte de la Comisión Asesora del Gobierno, hizo un afirmación que puede mostrar las expectativas que tiene frente al trabajo de estos asesores: “El país se llevará una grata sorpresa algún día cuando conozca la lucidez de este grupo que nos acompaña”.