Familiar de una de las primeras desaparecidas en Colombia sufre amenazas

Andrea Torres es sobrina de Nydia Erika Bautista, quien representa uno de los casos más emblemáticos del horror que representa la desaparición forzada. Estudió derecho y hoy está dedicada a representar a los familiares de esta atroz práctica.
 
Por Diana Losada Castaño*
Especial para Reconciliación Colombia
30 de julio de 2015
 
El día de la primera comunión de Andrea, el 30 de agosto de 1987, a su tía se la llevaron varios hombres. La subieron a un automóvil mientras ella –una niña- escuchaba los gritos de auxilio, sin poder hacer nada. A pesar de la búsqueda permanente de la familia, Andrea no volvió a ver nunca más a su tía. Muchos años después –el 12 de septiembre de 1990- recibieron los restos mortales de Nydia Erika Bautista en una bolsa negra.

Seguramente, su vocación por el derecho le nació de ir de aquí para allá, en la incansable búsqueda de algún rastro de Nydia Erika, cuando su mamá Yanette –hermana de la víctima- la tomaba de la mano para visitar despachos judiciales y casas de familias que compartían un drama similar. Desde niña, dice, recuerda que quiso ser abogada.

"Mientras estuve exiliada en España me leí todos los expedientes del caso de mi tía. Tenía 15 años. Siempre me pregunté por qué los victimarios seguían en Colombia y nosotros fuimos los que tuvimos que huir. Nadie me ha dado aún la respuesta”, afirma Andrea.
 
Andrea Torres Bautista es hoy subdirectora y asesora jurídica de la Fundación que lleva el nombre de su tía y en el desempeño de sus funciones brinda asistencia integral a los familiares de las víctimas de desaparición forzada con acompañamiento no solo jurídico, sino sicológico y emocional.
 
Está sería la razón por la cual Andrea recibió amenazas de muerte y también intimidaciones en el sentido de que podría ser violada si persiste en su trabajo de representar casos de desaparición forzada en Colombia.
 
No deja de ser paradójico que justo la sobrina de uno de los casos más emblemáticos de esta práctica atroz reciba estas amenazas y, que a su vez, el caso de Nydia Erika Bautista siga en “investigación preliminar”, transcurridos ya 28 años de los hechos.

La Fundación acudió a la Justicia para denunciar esta situación ante la Fiscalía y solicitó que se unifiquen e investiguen todas las amenazas contra las personas que trabajan en esta organización, pues además así lo pidió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una de sus medidas cautelares.
 
Pese a las amenazas, Andrea sigue firme en lo que hace. De hecho, representa a varios de los familiares de víctimas de desaparición forzada en Yopal, Casanare, en el caso de La Combinada. En estos hechos, fueron desaparecidos Luis Alfredo Castillo Castro, Carlos Augusto Castillo Castro, Óscar Palomino Castro, Carlos Eduardo Suárez Carrillo y James Holguín Vargas.
 
Por estas desapariciones es investigado Juan Carlos Zubieta (de las Autodefensas Campesinas del Casanare, desmovilizado).
 
¿Qué es la desaparición forzada?
 
La desaparición forzada se tipificó como delito en Colombia en el 2000. Desde 1982, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos pedían que esta práctica fuera tipificada como delito para lograr una ruta de información efectiva sobre el paradero de sus familiares.
 
En el 2006, el Estado colombiano ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas Contra la Desaparición Forzada. La Convención de Naciones Unidas define así este delito: “(…) el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.

Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Colombia es uno de los países con mayor número de mecanismos de protección en materia de desaparición forzada. Sin embargo, la implementación de los mecanismos sigue siendo precaria y son muchos los retos que el Estado tiene para garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas y sus familiares.
 
En la actualidad, existe una ruta institucional para buscar a las personas desaparecidas y Yanette Bautista, representó a los familiares de las víctimas de esta práctica en una de las delegaciones que acudieron a La Habana, donde se desarrolla el proceso de paz entre la administración Santos y las Farc. Yanette preside la Fundación Nydia Erika Bautista con trabajo en Bogotá y en el Cesar, Meta, Casanare, Valle del Cauca, Putumayo y Boyacá.

Los familiares de las víctimas son quienes con su trabajo y la vivencia de su dolor han enseñado al mundo humanitario y del derecho sobre cómo atender el crimen de la desaparición forzada, práctica que consiste en que se llevan a una persona y nunca se vuelve a saber de ella, por lo que no queda rastro sobre si está viva o muerta. Esto genera en la familia un estado de espera y tortura permanente.  Muchas madres mueren guardando la ropa de sus hijos y la mayoría de sus pertenencias creyendo que algún día los verán cruzar la puerta de sus casas.
 
“En la Fundación queremos mostrar especialmente la situación de las mujeres desaparecidas, hemos realizado una investigación que muestra cómo ha sido esa agresión en contra de las mujeres y cómo los efectos de la desaparición forzada son diferentes cuando las víctimas son mujeres”, explica Andrea.
 
Las organizaciones de familiares y de derechos humanos aseguran que en Colombia habría 45.000 desaparecidos. Según el Registro Nacional de Desaparecidos la cifra oficial es de 20.924 personas presuntamente desaparecidas.
 
Andrea hace parte de la nueva generación de la familia de Nydia Erika Bautista. Su desaparición forzada marcó tanto a la familia que prácticamente todos se dedicaron, de alguna forma, a buscarla y, de paso, a prevenir el crimen de desaparición. Hasta hoy, dos generaciones lo han hecho. La esperanza es que la próxima generación, la tercera, de la que hacen parte los hijos de Andrea, ya no la sufra; y que la cuarta generación ¡ojalá! ni siquiera la conozca.
 
*Coordinadora de Información de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia.