¿Por qué las víctimas no consiguen empleo?

La Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas en Bogotá viene elaborando un perfil de empleabilidad de las personas que llegan a la capital huyendo de la violencia y han descubierto algunas claves de las dificultades que se presentan a la hora de conseguir un trabajo formal.

13 de agosto de 2015
Foto: Alta Consejería del Distrito para las Víctimas


El dato según el cual solo el 30 por ciento de víctimas en Bogotá tienen empleo le generó a este portal una inquietud tremenda sobre qué pasa entonces con el 70 por ciento restante.

Dado que la capital es el principal sitio de destino de las personas que huyen de la violencia que se registra en las distintas regiones del país, el hecho de que la mayor parte del registro apareciera sin ocupación parece alarmante.

Por eso este portal buscó a los funcionarios de la Unidad del Equipo de Gestión y Estabilización Económica
 de la Alta Consejería Distrital para preguntarles qué significa que solo el 30 por ciento esté empleado y se encontró con una realidad cruda y dura que padecen las víctimas una vez llegan a la ciudad. Obtener esta información ha sido posible a partir del levantamiento de datos y elaboración de un perfil con base en lo que ha sido su historia de oficios desempeñados.

Lo primero que habría que advertir según la información obtenida es que las víctimas son personas con una gran precariedad en la certificación de lo que saben hacer. Esto se debe a que las regiones colombianas son tremendamente informales. La gran mayoría de ellas no tiene quién les certifique siquiera que ha trabajado con ellos, pues hay un débil o nulo vínculo patronal y son oficios pagados a destajo. Así que no tienen quien les certifique experiencia.

Para los hombres hay un tema adicional y es la ausencia de definición de la situación militar, lo que evidentemente dificulta que se les dé empleo. Aunque la ley exime del servicio militar obligatorio a las personas en condición de víctima, esto no es un proceso automático y, en cambio, sí requiere una rigurosidad legal que toma tiempo y gestión.

Otra de las características que halló este grupo de gestión de la Alcaldía de Bogotá es que muchas de las víctimas tampoco pueden acreditar requisitos que en el mundo urbano se ven como obvios: certificación de estudios en escuelas y colegios (muchas víctimas no recuerdan el nombre del colegio de sus hijos ni el grado de escolaridad); como estas personas sufren varios desplazamientos (van migrando de ciudad en ciudad en tanto logran adecuarse) diligenciar estas certificaciones se vuelve una tarea prácticamente imposible, ya que son procesos discontinuos.

La sola cédula, tarjeta de identidad y registro civil se convierte en una tarea titánica, pues hay subregistro de estos tres procesos. Hay que recordar que testimonios de prensa dan cuenta de que muchas personas prefieren mantener en reserva su lugar de procedencia por razones de seguridad y por temor a ser estigmatizados.

Cuando las personas que llegan a Bogotá en calidad de víctimas del conflicto armado logran sortear todas las situaciones arriba descritas, el mundo laboral que les espera resulta hostil por varias razones. Una de estas son las largas jornadas a las que se exponen, pues los oficios que pueden desempeñar emplean a la gente de domingo a domingo con un día de descanso a la semana;  a esto se suma que como viven en los lugares periféricos de las ciudades, el desplazamiento ida y regreso a su lugar de trabajo puede tardar un promedio de 1:30 en cada trayecto; muchas de las víctimas son madres de familia, por lo que tienen uno o varios hijos, a los que no tienen con quién dejar; los oficios de la ciudad son muy distintos a las labores del campo y su adaptación resulta desgastante.

El hecho de que a las víctimas se les afilia al Sisbén también genera un desestimulo para que las víctimas se decidan a ser parte de quienes cotizan al sistema de salud, que además, no está sectorizado y es engorroso en su atención, frente al Sisbén.

Así en un principio resulte atractivo emplearse, con lo que se ha encontrado esta unidad de gestión es que las víctimas rotan mucho de empleo y tienden a buscar la informalidad precisamente porque la oferta no concuerda con la demanda. Muchas veces el tema no es de vinculación, sino de permanencia en el trabajo.

El 70 por ciento de población de víctimas registradas ante el Sistema de Información de Víctimas de Bogotá (que es el resultado de las personas que acuden a los seis centros Dignificar de Bogotá), no es que estén inactivos, advierten los funcionarios distritales, por el contrario, son muy activos, pero es una población muy volátil y muy informal por las mismas condiciones que las acompañan. La población activa laboral registrada suma 12 mil personas.

Por eso,  el Equipo de Gestión y Estabilización Económica del Distrito considera que como hay una falta de diálogo entre la oferta y la demanda, es deseable que el país (no solo el Distrito) revise este tema.

Para la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas en Bogotá la empresa privada debe hacer un esfuerzo en cuanto a revisar la oferta y los requisitos que exige, atendiendo la especificidad de la población que necesita ser contratada. Ejercicios sencillos como la georreferenciación de la oferta y la demanda, la ampliación de los criterios de selección, la flexibilización de los procesos de contratación podrían redimir estos porcentajes.

Es una paradoja que sí haya gente para trabajar y que sí haya trabajo para hacer, pero que estas dos necesidades no se encuentren.